CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la instalación de un nuevo mecanismo para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa: contemplará la creación de un Grupo de Apoyo Técnico (GAT) que “asesorará las investigaciones” del caso. Dicho Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica se materializará la semana entrante, y el gobierno mexicano le aportará “los recursos y facilidades necesarios para el desarrollo de sus actividades”, que consistirán en acompañar la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. En abril próximo se cumplirán tres años de la publicación del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual invalidaba de nuevo la llamada “verdad histórica” creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para explicar la desaparición de los estudiantes. El GIEI era también un mecanismo que operó en México bajo un mandato de la CIDH para coadyuvar en la investigación de Ayotzinapa. Durante el año que pasaron en el país, los cinco expertos echaron abajo la versión del gobierno federal según la cual los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y que todo se trataba de un asunto criminal local. Se enfrentaron con un sinfín de obstáculos, puestos por el gobierno de Peña Nieto para entorpecer sus avances. También sufrieron una campaña sucia en varios medios de comunicación, con el beneplácito de las autoridades. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca les permitió entrar en la sede del 27 Batallón de Infantería –ubicado en Iguala--, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) les restringió el acceso a 12 averiguaciones previas y escondieron evidencias. El GIEI señaló que varias personas imputadas en la investigación sobre Ayotzinapa fueron torturadas y planteó la hipótesis según la cual los estudiantes habían capturado sin saberlo un autobús cargado con heroína, destinada a distribuirse en Estados Unidos. También señalaron que Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), había “tergiversado” evidencias para que coincidieran con la “verdad histórica” que expuso el exprocurador Jesús Murillo Karam. Incluso, una agencia del gobierno de Peña Nieto –posiblemente la AIC, bajo el mando de Zerón-- trató de infectar los celulares de los integrantes del GIEI con el malware espía Pegasus para intervenir sus comunicaciones.