ONG critican eficacia de políticas públicas ante incremento de violencia contra las mujeres

Marcha contra feminicidios y secuestros en la CDMX. Foto Octavio Gómez (Archivo) Marcha contra feminicidios y secuestros en la CDMX. Foto Octavio Gómez (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil condenaron el fracaso de la política pública dedicada a la atención de mujeres, que en los últimos tres años sufren un sostenido incremento de la violencia de género.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, en pronunciamientos por separado la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y alertaron sobre la incapacidad del Estado mexicano para detener la violencia de género, así como para garantizar el acceso a seguridad y justicia, y superación de la pobreza para las mujeres.

La REDIM advirtió que cifras oficiales dan cuenta de “la institucionalización de la violencia machista y la omisión dolosa de funcionarios” para atender la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, considerada como “epidemia masiva”, así como abolir el feminicidio.

Citando datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la REDIM resaltó que se ha registrado un incremento alarmante del número de víctimas de feminicidio en el país, pasando de 422 en 2015 a 861 en 2018.

La organización destacó que, “el ritmo de crecimiento de los feminicidios de las niñas y adolescentes es más acelerado respecto al de las mujeres de 18 años y más”.

De acuerdo a su análisis, en 2016 los feminicidios de niñas y adolescentes se incrementaron 6% con respecto al año anterior, en tanto que en 2017, la tendencia fue 22.6% en relación a 2016, en tanto que el año pasado, el incremento es de 32.3% en comparación con 2017, mientras que en mujeres de 18 años y más, el incremento de feminicidios en ese periodo fue de 12.4%.

En los últimos tres años, las entidades donde se ha reportado el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes son Estado de México, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León.

Al señalar que en la última década han desaparecido cerca de 7 mil niñas, niños y adolescentes, la REDIM reprochó que pese a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aún persiste “la omisión dolosa y negligencia de las autoridades ministeriales, quienes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de carpetas de investigación bajo el argumento absurdo de esperar 48 y 72 horas”.

“La institucionalización de la violencia machista continúa siendo garantía de impunidad, lo que incrementa delitos como la violación y el abuso sexual, desaparición, feminicidios, entre otros”, alertó la REDIM al llamar a las autoridades a “destinar el presupuesto necesario” para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición, “lo que permitirá afrontar la desaparición masiva de niñas y adolescentes”.

La Red TDT, conformada por 87 organizaciones de 23 estados del país, destacó que la incidencia de 2 mil 733 delitos sexuales por cada cien mil mujeres el año pasado es un reflejo de que, pese a avances legislativos y creación de instituciones destinadas a abolir la violencia contra las mujeres, “el Estado mexicano no ha sido capaz de establecer estrategias eficaces que combatan adecuadamente un fenómeno tan grave”.

En un pronunciamiento, la Red TDT recordó que 2018 cerró de forma dolorosa para las mujeres, de acuerdo a cifras de distintos indicadores, que “permiten afirmar que las políticas públicas por el Estado mexicano para combatir este fenómeno siguen resultando ineficaces a pesar de la existencia de algunos avances, a pesar de la fortaleza y claridad de las reivindicaciones de distintos sectores de mujeres en torno a la profunda implicación de estos números en nuestra vida privada y pública”.

En el documento, la Red TDT retomó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del 25 de septiembre de 2018 en la que se señala que “la incidencia de los delitos sexuales contra las mujeres es d e 2 mil 733 delitos por cada cien mil mujeres, cifra significativamente mayor a los mil 764 delitos estimados en 2016”.

Al señalar que desde 2015, el SNSP muestra un persistente incremento de violencia contra la mujer desde 2015, la Red TDT alertó que tanto en los 17 estados con Alerta de Violencia de Género (AVG) como en los restantes 15 “los indicadores clave muestran comportamientos similares”.

Las organizaciones que integran la RED TDT consideraron preocupante que persista “una resistencia institucional en el Estado mexicano a clasificar como tales los feminicidios”, pese a que desde 2013 fue tipificado a nivel federa y desde 2017 en las 32 entidades del país.

Para las organizaciones, “las políticas públicas existentes persisten en su carencia de perspectiva de género y diversidad sexual”, de manera marcada en las instancias de procuración y administración de justicia, lo que se ve reflejado en “una deficiencia para investigar, conforme a estándares internacionales, los delitos que violentan a las mujeres”.

Puntualizan: “Nos preocupa un enfoque generalizado que trata de generar la percepción de que se atiende el problema, más que de un compromiso real para ello”.

Agregan que tal afirmación se sostiene, “cuando observamos que en general no se cuenta con personal capacitado dentro de las procuradurías y fiscalías de la República mexicana, pero tampoco vislumbramos voluntad política para combatir estas carencias”.

Las organizaciones urgieron a revisar “los procedimientos de investigación científica y la metodología” por parte de dichas instituciones para garantizar efectivas investigaciones vinculada a la violencia feminicida.

En el contexto de la conmemoración internacional, la Red TDT expresó su preocupación por la pretensión desde el Poder Legislativo de criminalizar los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, “resultando en sí mismas fenómenos de una violencia institucional inaceptable”.

El ejemplo claro de dicha violencia lo ejemplifica la reforma constitucional del Congreso de Nuevo León, que criminaliza el aborto, y que resulta “emblemática de las políticas regresivas que privilegian valoraciones morales de grupos de poder por encima de la necesidad impostergable de unirnos como sociedad para combatir la violencia hacia las mujeres”.

La Red TDT llamó a revertir la violencia contra las mujeres, acumulada en los últimos dos sexenios, a través de diagnósticos que permitan “construir un diálogo constructivo que nos permita luchar como sociedad contra el grave flagelo de la violencia contra la mujer”.

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