ONG alerta por construcción de redes de “clientelismo político” con entrega de apoyos directos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “mayor riesgo” en la política social que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante sus primeros 100 días en el poder consiste es que se construyan nuevas “redes de clientelismo político”, mediante la entrega de más de 150 mil millones en efectivo y la poca información que existe sobre el padrón de beneficiarios, advirtió hoy el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

“Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias”, insistió el colectivo en un estudio publicado hoy.

Recordó que el llamado “censo del bienestar”, que inició durante el periodo de transición y pretende establecer el padrón de los beneficiarios sociales, “se opera desde una estructura partidista o electoral”, e incluso “viola múltiples disposiciones legales”.

El posible uso clientelar de los programas sociales es uno de los cuatro “riesgos y focos de alerta” que identificó el colectivo durante los primeros 100 días de gobierno de AMLO.

Cuestionó también la decisión de “desmantelar” el programa Prospera –para reducirlo a un “un programa de becas de educación básica para las cuales hay evidencia que carecen de impacto en educación primaria” –, de eliminar el Seguro Popular, de sustituir los subsidios a las estancias infantiles por un apoyo directo a las familias o por la decisión polémica de abandonar los convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, el colectivo aplaudió ocho medidas positivas del nuevo gobierno, entre otras el incremento al salario mínimo –llamó incluso a establecer un plan multianual de incremento gradual–, el enfoque hacia las poblaciones indígenas –que si se logra permitirá reducir la desigualdad extrema–, pero también el establecimiento de una pensión universal para adultos mayores y el otorgamiento de nuevos apoyos para personas con discapacidad y jóvenes.

El colectivo señaló la gravedad de la situación de la pobreza en el país, que empeoró durante el sexenio Enrique Peña Nieto, el cual estuvo marcado por “la simulación, la corrupción y el intento de uso clientelar de los programas sociales” y el fracaso de su promesa de erradicar el hambre en el país –a este ritmo, el país tardará 118 años para no sufrir hambre ya–.

Recordó por ejemplo que durante la administración pasada, el número de personas pobres por ingreso creció a 62 millones, que cuatro de cada diez personas reciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y que se perdieron más de dos millones de empleos “bien remunerados”, es decir, con salarios superiores a 7 mil pesos mensuales.

El gobierno de Peña Nieto mantuvo políticas “generadoras de pobreza”, como su obstinación de establecer un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza o su negativa en redistribuir la riqueza a través de políticas fiscales, y prefirió maquillar las cifras y las encuestas sobre la pobreza en lugar de combatirla.

De acuerdo con el colectivo, la administración continuó con una política social errática, caracterizada por un gran número de “mini” programas sociales opacos, que a menudo eran empleados con fines electorales y clientelares.

“Esto debe cambiar. El cambio está plenamente justificado y es urgente. Pero se debe evitar cualquier regresión que atente contra los derechos de las personas, especialmente quienes viven en pobreza y exclusión”, sentenció.

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