Amnistía Internacional reconoce avances a AMLO, pero le pide desmilitarizar al país

Carta de la organización de derechos humanos al presidente de México. Foto: Especial Carta de la organización de derechos humanos al presidente de México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cien días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional consideró que en materia de derechos humanos, la actual administración tiene “claroscuros” y grandes retos que superar.

“El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador.

Para la organización, apuntó la defensora, es de reconocerse “la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, pero los retos son enormes.

Al anunciar que próximamente dará a conocer un balance sobre la situación de derechos humanos en el país en los primeros tres meses del actual gobierno, la organización internacional divulgó una carta enviada al mandatario.

En la misiva, firmada también por la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas, se reconocen avances como la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, la designación de Karla Quintana como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, y los anuncios de próximas mejoras en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y en el trato a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Sin embargo, se lamenta “la ausencia de progreso en otras áreas clave para los derechos humanos; entre ellas, la mejora de las instituciones policiales, la inmediata atención a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, y la aceptación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar denuncias individuales, entre otras”.

La organización observa que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, “sólo podrá servir como instrumento de garantía de los derechos humanos, incluida la seguridad, en la medida en que su gobierno tome esta oportunidad para llevar a cabo el retiro ordenado y definitivo de las fuerzas armadas de toda labor de seguridad pública”.

La organización recomienda a López Obrador que para que la Guardia Nacional sea un paso hacia la desmilitarización del país “asegure que sea un organismo civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad cese tan pronto como sea posible y no más allá de los cinco años señalados en la reforma constitucional”.

Amnistía hace una serie de recomendaciones al Presidente para que se garantice el carácter civil de la Guardia Nacional, como prohibir que los elementos militares “participen en la investigación de delitos ni que actúen como auxiliares del Ministerio Público”, así como evitar que realicen detenciones “salvo en circunstancias claramente excepcionales y con apego a los marcos legales de derechos humanos”.

Para la organización resulta preocupante que el gobierno de López Obrador “no haya realizado una declaración pública sobre la importancia del trabajo y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto en el que, desde el inicio de su administración, más de una docena de personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, incluso a través de la privación ilegal de la libertad”.

Al señalar que las personas defensoras, “ahora más que nunca necesitan que el Estado las reconozca y les brinde protección”, Amnistía emite cuatro recomendaciones a López Obrador, entre ellas la promoción de investigaciones prontas, independientes, imparciales y efectivas sobre ataques a defensores; hacer una declaración pública a favor de este sector en medios de información; incorporar “una perspectiva integral sobre la protección” de las personas defensoras, y promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tras valorar los avances en el caso Ayotzinapa, Amnistía lamenta que en el resto de los más de 40 mil desaparecidos se registre una “lenta implementación de medidas concretas para resolver esta situación”, de ahí que urgió al mandatario a que se reconozca la competencia del CED para reconocer las comunicaciones individuales, lo que “contribuiría a robustecer los esfuerzos que su gobierno haga respecto a esta problemática”.

En su misiva, Amnistía alienta a López Obrador a que en su gobierno se procure la realización de investigaciones profundas sobre los casos de desaparición forzada y, “en su caso, llevar a los responsables ante tribunales, en juicios justos”.

Pide que permita a los familiares de las víctimas a participar en las investigaciones; que se acelere la instalación de comisiones de búsqueda locales, con personal y recursos suficientes.

Ante el anuncio del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres en México, Amnistía Internacional consideró que no es suficiente mejorar los procedimientos para emitir declaratorias de AVG, cuando en 2018 “las procuradurías y fiscalías del país iniciaron 845 investigaciones por feminicidio, aunque la cifra real de feminicidios podría ser aún mayor”.

Para enfrentar el problema, la organización recomienda al presidente “reconocer públicamente el grave problema de la violencia basada en el género que enfrentan las mujeres y niñas en México  y priorizar en su gobierno las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, necesarias para erradicar estas violencias”.

La organización sugiere además tomar medidas para prevenir la tortura, las muertes violentas, los asesinatos, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, entre otros delitos, y “promover que el Estado mexicano priorice su investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva y lleve a los responsables ante tribunales en juicios justos”.

En materia de migrantes y refugiados, las directoras de Amnistía Internacional consideran que la revisión de las condiciones de detención por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la consulta a la sociedad civil, “no responden a nuestra recomendación de establecer sanciones para las prácticas ilegales de devolución, las cuales siguen siendo un problema común para el que no se han adoptado medidas concretas”, así como tampoco hay cambios “en las prácticas de detención de personas migrantes, ni en la detención de niñas y niños”.

Para combatir dichas irregularidades, la organización insiste en que la Secretaría de Gobernación “debe revisar los procedimientos de retorno y deportación de las personas migrantes irregulares con el fin de respetar el derecho de todas las personas a solicitar asilo y poner fin a las prácticas ilegales de devolución, velando porque éstas sean objeto de sanciones administrativas”, y que la detención migratoria sea el último recurso al que nunca se someta a menores de edad.

En la carta, Guevara Rosas y Reneaum Panszi reconocen que las recomendaciones expuestas no son todas las que se requieren para superar la crisis de derechos humanos en el país, pero “su realización es un paso importante para tener avances sustantivos”.

Al recordarle a López Obrador que “tiene en sus manos la oportunidad de lograr un cambio real”, las directivas de Amnistía puntualizaron que “el reconocimiento de la labor y la coordinación con las organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos debe ser prioridad para avanzar una agenda integral y efectiva de derechos humanos”.

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