CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hacer un balance del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a 100 días del inicio del ejercicio de su encargo, es como juzgar el desempeño del mánager del equipo de beisbol antes de que caiga el primer out del primer inning. El sexenio se inició a un ritmo trepidante, con un activismo sin precedente en la historia reciente de los titulares del Poder Ejecutivo. Parecería que el presidente, antes de cada uno de los dos intentos fallidos previos para acceder a la silla, apuntó con detalle las decisiones que tomaría y las acciones que emprendería a partir de la noche misma en que su anhelado triunfo llegara. De tal manera que aun y cuando su mandato formal se inició en el mes de diciembre de 2018, ya desde el 3 de julio y una vez superada la anunciada desvelada triunfal, se convirtió en el eje de todas las decisiones políticas relevantes del país.  En ese contexto, el presidente llega a sus primeros 100 días con un repertorio de decisiones de gran calado para el país. Algunas de ellas incuestionablemente positivas, y otras claramente dañinas para el destino nacional. De cara a las decisiones que se han adoptado, y sin pretender hacer aquí un recuento de cada una de ellas, ni siquiera de las más importantes, es evidente que en su conjunto perfilan algunos desafíos para México. He aquí un vistazo del pequeño tramo recorrido, con visión prospectiva de los retos de futuro. 1.- División de poderes El Poder Legislativo, más allá de la conformación mayoritaria, debe actuar ejerciendo a cabalidad sus facultades legislativas, electivas, presupuestarias y de fiscalización, actuando con independencia del Poder Ejecutivo.  Algunas de las decisiones que se han adoptado, como el dictamen consensuado para la instauración de la Guardia Nacional, hablan bien del actuar de los órganos parlamentarios. Por el contrario, la imposición de las mayorías en asuntos tan trascendentes como la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que le privó de autonomía no obstante los reclamos sociales, no es una señal positiva. En el caso del Poder Judicial, aún está a prueba su capacidad de ejercer el control de la legalidad de los actos de gobierno y legislativo. La evidencia de cercanía ideológica y hasta personal en el recién designado presidente de la SCJN y en las personas que integraron las ternas para las sustituciones de ministros, no son signos alentadores. En adición a ello, causan preocupación las expresiones del presidente relativas a su cabildeo ante el Poder Judicial, en asuntos relevantes del ámbito fiscal. 2.- Presidencialismo y autonomías A lo largo de las últimas décadas el país evolucionó rumbo al acotamiento de las facultades del presidente en ámbitos torales de la vida pública, donde cualquier régimen presidencialista tiene debilidades y tentaciones autoritarias. Así se conformaron órganos con autonomía constitucional y legal, y otros con independencia técnica. El presidente ha dejado de manifiesto su convicción sobre la inconveniencia de este tipo de formaciones, e incluso ha mantenido una acción verbal beligerante contra estos órganos, fustigando en más de una ocasión a sus titulares. Para no regresar a un presidencialismo imperial, es indispensable que las instituciones no sean descalificadas o degradadas.  En el ámbito de la economía, debe ser preservado el marco jurídico y competencial del Banco de México, el Inegi y los órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones, energía e hidrocarburos. Y en la esfera de la democracia y el estado de derecho, deben salvaguardarse en sus capacidades entidades tan relevantes como el INE, el INAI, la CNDH y el INEE. 3.- Federalismo El país emprendió hace cerca de 30 años un largo camino para lograr un equilibro entre las funciones y capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno. Apenas se dieron los primeros pasos, en una ruta tortuosa para atemperar la omnipresencia del orden federal, que en los meses que lleva este sexenio ha tenido una regresión, por la designación de los superdelegados, la restricción de recursos extraordinarios, la eliminación del Ramo 23 y la desaparición del Seguro Popular. Los niveles de subordinación financiera al gobierno federal, que se han acumulado por décadas, de facto nos acercan a un modelo formalmente centralizado y no federal, como marca la ley. Para revertir esta tendencia, sería indispensable que desde el gobierno federal se convoque a una Convención Nacional Hacendaria que reorganice las competencias tributarias y se haga una revisión de las fórmulas en las que se basa la asignación de los recursos. 4.- Finanzas sanas y competitividad tributaria Se ha fijado como objetivo del presidente lograr un crecimiento promedio de 4% a lo largo del sexenio. Ello implica, ante todo, preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza para atraer inversión internacional y estimular la doméstica. La presentación de un presupuesto de egresos equilibrado para 2019, el adelgazamiento de la estructura gubernamental y el conjunto de medidas de austeridad puestas en marcha, son señales alentadoras.  También abonan a la certidumbre, la estabilidad de la regulación fiscal, empañada por la eliminación de la compensación universal y el régimen fiscal de la frontera. Y desde luego, resulta alentadora la continuidad del régimen de apertura al comercio exterior, especialmente en el mantenimiento de una relación privilegiada con Norteamérica, procurada a través de la ratificación del T-MEC. En contrapartida, la implementación de variados programas de asistencia social, que serán demandantes recurrentes de importantes flujos, así como el anuncio de obras de infraestructura sin un modelo de financiamiento claro, la pretendida relocalización de secretarías en el territorio nacional, y desde luego el derroche de recursos públicos asociado al abandono de las obras del NAIM y el pretendido inicio de proyectos alternativos, son amenazas al equilibrio de las finanzas públicas. Pero probablemente el mayor reto está asociado a mantener la salud financiera del gobierno y sus entidades, y con ello, evitar una mayor degradación de la clasificación crediticia. Dejar de lado los descartes ideológicos y amagos regulatorios en contra de las empresas calificadoras, y concentrarse en las causas de sus recientes determinaciones, debería ser una medida inmediata. 5.- Estado de derecho Uno de los principales desafíos del país es asegurar el respeto a la ley en las distintas arenas de la vida pública. Una de las dimensiones de mayor impacto social y económico de ese reto estriba en mejorar el clima de seguridad y recuperar el control pleno del territorio por parte del Estado. Para lograrlo, resultan alentadoras decisiones de gran calado, como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la conformación de la Guardia Nacional y el combate, sin precedente, al comercio criminal de combustibles. En cambio, es motivo de gran preocupación la falta de decisión política para hacer valer el imperio de la ley de forma contundente y oportuna, en violaciones flagrantes al régimen jurídico cuando se bloquearon conexiones neurálgicas del sistema ferroviario, y frente a paros ilegales y sin un procedimiento legítimo de huelga en diversas empresas del noreste del país. Y desde luego, es lamentable la nula acción legal en la persecución de los eventos de corrupción más lacerantes del pasado reciente, sin más fundamento que una declaración de punto final hecha por el presidente. 6.- Participación social, libertad y tolerancia La democracia participativa implica el involucramiento de más ciudadanos en decisiones fundamentales para la vida pública del país, de forma general y en temas específicos de su legítimo interés. Las consultas patito realizadas en temas relevantes relacionados con infraestructura estratégica deterioran la credibilidad en los instrumentos de democracia participativa. Es ineludible un compromiso de apego al marco legal que rige mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular, que de ser necesario debe ser adecuado por los cauces institucionales. Renunciar a la interacción con organizaciones de la sociedad civil, y peor aun, fustigar su legitimidad y fines, es un gravísimo error para un gobernante. Sin importar su denominación, como pueblo o sociedad civil, el gobierno debería incentivar el trabajo y el acompañamiento de las organizaciones en asuntos tan relevantes como la seguridad, la educación, la cultura, el turismo, la investigación, los derechos humanos y el medio ambiente. Un gobierno forjado desde la oposición debería hacer de la tolerancia uno de sus valores irrenunciables y de vivencia cotidiana. Por ello resulta incomprensible que se estigmatice o descalifique el desempeño de cualquier organización o medio de comunicación por ejercer la crítica o el derecho a disentir. La democracia está en riesgo cuando la autoridad actúa de forma intolerante o despótica, y más aún cuando pretende limitar u obstaculizar el ejercicio pleno de las libertades. Con menos de 3.45% del periodo transcurrido, las oportunidades para el equipo que hoy conforma el gobierno federal son casi infinitas. El principal activo del equipo de los rojos del gobierno de México es su insólita legitimidad electoral, que por ahora se traduce en altísimos niveles de aceptación para su mánager. Pero el juego apenas se inicia.  A lo largo de los innings el presidente debe ganar el partido a la pobreza, induciendo el desarrollo con bienestar en todo el país, un propósito en el que no tiene adversarios. Avanzando con los hits de todos, el mánager López Obrador puede lograr muchos jonrones en favor de México. * Presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Colaborador invitado. Este texto se publicó el 10 de marzo de 2019 en la edición 2210 de la revista Proceso.