CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el uso arbitrario de la fuerza atribuido a personal de la Secretaría Marina (Semar) que dejó un saldo de dos niñas y su madre muertas en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó a José Rafael Ojeda Durán, titular de la dependencia, reparar de manera integral el daño, a colaborar en la indagatoria que abra la Fiscalía General de la República (FGR) para sancionar a los responsables y no tergiversar información en los boletines de prensa sobre las operaciones de su personal en tareas de seguridad pública. Los hechos que dieron lugar a la recomendación 4/2019, están relacionados con el ataque de marinos que viajaban en un helicóptero, la madrugada del 25 de marzo del año pasado, a la camioneta tripulada por seis integrantes de una familia, a quienes no se les prestó ayuda. Como resultado de la agresión, fallecieron Nallely Aidé Ruiz Martínez y sus dos hijas de 6 y cuatro años, Shelsea Abril y Kenia Azul, en tanto que el padre de familia, Efraín Rojas y su sobrina de 12 años, resultaron heridos. En su momento la Semar negó responsabilidad en los hechos, alegó que ocurrieron como resultado de un fuego cruzado y atribuyó la muerte de la madre y sus hijas al crimen organizado. La CNDH pudo confirmar en su investigación que los marinos que tripulaban la aeronave violaron los derechos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de la familia Rojas Ruiz, “por el uso arbitrario de la fuerza letal y la omisión de brindar auxilio y adoptar medidas de protección”. El organismo pudo confirmar que, pese a la versión institucional, “los disparos realizados (desde el helicóptero) se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”. El organismo recordó que la aeronave despegó de Reynosa rumbo a Nuevo Laredo, con la encomienda de “brindar apoyo disuasivo y sobrevolar áreas críticas en las que el personal naval fue atacado cuando realizaba patrullajes”, el 24 de marzo, agresiones atribuidas al crimen organizado y por las que perdió la vida un capitán y demás elementos navales fueron heridos. La presencia del helicóptero en la zona, ocurrió “cuando los agresores a bordo de vehículos se estaban dispersando, momento en que ya había cesado el intercambio de fuego y estaba bajo control de las autoridades”. Al recordar que un comunicado, la Semar rechazó que el armamento utilizado para atacar a la familia era el utilizado por sus elementos, el organismo destacó que un dictamen de criminalística, determinó que el automóvil donde viajaban las víctimas presentaba 38 impactos de arma de fuego, “con trayectoria de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de afuera hacia dentro del vehículo, lo que coincide con los testimonios de los sobrevivientes, quienes indicaron que la agresión ocurrió desde el helicóptero”, aeronave que “no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas para documentar la actuación de los elementos”. La CNDH “acreditó que esos disparos no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir con los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”. Al destacar que inició una queja de oficio tras la información publicada en medios de comunicación sobre la muerte de la madre y sus hijas por disparos de elementos de la Semar, la CNDH destacó que recurrió a víctimas, testigos y servidores públicos, y que “se realizaron valoraciones médicas y psicológicas, así como trabajos de campo para la recopilación de documentos e información criminalística, entre otras diligencias”. La Semar alegó ante la CNDH que el personal de la Unidad de Operaciones Especiales que tripulaba el helicóptero había sido atacado, por lo que respondió en consecuencia, versión que no corresponde a la evidencia, pues “se constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, y su empleo devino en arbitrario”. Además, la respuesta de los marinos “contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas y las diversas Directivas sobre la observancia de los derechos humanos y que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval en cumplimiento con sus funciones”, sin contar con que se violentó la Constitución y diversos tratados internacionales “relacionados con el derecho a la vida e integridad personal”, puntualizó el organismo. La CNDH recomendó al titular de la Semar a que se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reparar el daño a las víctimas sobrevivientes, incluyendo medidas de rehabilitación, y se les inscriban en el Registro Nacional de Víctimas, “colaborar en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien respectivamente ante el Órgano Interno de Control de la Semar y la FGR”. El organismo pidió a la dependencia que “la información publicada a través de comunicados de prensa sobre la participación de personal naval de operaciones de seguridad y mantenimiento del orden público sea objetiva, veraz y confiable”. Finalmente, urgió a Ojeda Durán tome las medidas necesarias para emplear cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio que permitan documentar los hechos en los que participe personal de la Secretaría de Marina; formar y capacitar al personal de la Unidad de Operaciones Especiales respecto de los principios de uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos, así como en materia de proximidad con la población civil, y “designar un servidor público de alto nivel” para dar seguimiento a la recomendación.