LONDRES (apro).- A menos de dos semanas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), el gobierno británico de la conservadora Theresa May quedó envuelto en un verdadero caos político y constitucional, tras ser derrotado en una serie de votaciones cruciales en el Parlamento, que obligan ahora a la mandataria a pedir una extensión para la fecha oficial de salida hasta por lo menos el 30 de junio. El pasado 12 de marzo, la Cámara de los Comunes rechazó por segunda vez el polémico acuerdo del Brexit negociado entre May y la UE, por una mayoría de 149 votos. En total, 75 parlamentarios conservadores se rebelaron contra la posición del gobierno, y el acuerdo fue finalmente rechazado por 391 votos, contra 242 que votaron a favor. Los diputados rechazaron los reiterados pedidos de la Primera Ministra para que se aprobara su plan en una segunda votación, luego que el Partido Democrático Unionista (DUP) –que conforma como agrupación minoritaria una alianza clave con el gobierno conservador– concluyó no estar convencido por las garantías legales que May supuestamente había conseguido a último momento en Estrasburgo sobre el acuerdo. Tanto el DUP como la mayoría de los parlamentarios más euroescépticos del Partido Conservador, además de gran parte del bloque opositor laborista, consideran que uno de los principales problemas del acuerdo de May sigue siendo el llamado ‘backstop’ o "póliza de seguro”, un dispositivo legal y complejo que busca garantizar que no haya una frontera "dura" entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, incluso si no se llegara a un acuerdo formal en temas comerciales y de seguridad. Ello, para evitar una vuelta a los sangrientos conflictos de violencia que durante décadas enfrentaron a unionistas y nacionalistas en la isla de Irlanda. Ese “backstop” implicaría, como último recurso y en condiciones específicas, mantener temporalmente a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único mientras el resto de Reino Unido los abandona. Bajo el acuerdo de May, la salvaguarda sólo entraría en vigor si para diciembre de 2020 no hay un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido. Sin embargo, muchos diputados británicos ven con recelo esa “póliza de seguro”, ya que requeriría la aprobación de los europeos para que se le ponga fin, y podría llevar a una situación permanente. Debido al rotundo segundo rechazo del Parlamento a su acuerdo y a menos de dos semanas de la fecha de salida, May confirmó que volverá a convocar una nueva votación en la Cámara de los Comunes para el próximo martes 19 de marzo, en un desesperado tercer intento para tratar de convencer a los legisladores euroescépticos y a los laboristas para que aprueben su plan, o enfrentan una catastrófica separación de la UE. Según May, Gran Bretaña enfrenta dos opciones: o el Parlamento aprueba el acuerdo que ella pautó con la UE o eventualmente terminará cancelándose el Brexit, una opción que parece cada vez más probable en caso de no hallarse solución al “impasse” político. Muchos diputados euroescépticos y a favor del Brexit consideran que si se extiende demasiado la prórroga de salida del bloque –más allá del 30 de junio–, Gran Bretaña podría verse obligada a llamar a elecciones generales; cambiar radicalmente de rumbo político; llamar a un segundo referendum, o revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dio inició al proceso del Brexit tras el divisorio referendum de junio de 2016. En todo caso, tras la segunda derrota en el Parlamento al acuerdo de May, los legisladores volvieron a votar en los días sucesivos para determinar dos aspectos claves del asunto: si apoyan o no una salida de la UE sin acuerdo alguno –también conocida como la opción del “Brexit duro” con consecuencias catastróficas para la economía británica–, y si el Gobierno debe pedir una extensión a la UE para la salida británica del bloque. [caption id="attachment_575334" align="alignnone" width="1200"] “Retrasar es traicionar”, reclaman simpatizantes del Brexit afuera del Parlamento. Foto: AP/ Matt Dunham[/caption] En una jornada sin precedentes en la Cámara de los Comunes, el día 13 de marzo el Parlamento aprobó primero una moción para incorporar en la votación principal que se excluyera la posibilidad de una salida de la UE sin acuerdo de forma indefinida. El Gobierno terminó perdiendo ese voto por una mayoría de 43, en otro duro golpe a la autoridad de May. Eso implica que el Parlamento está en desacuerdo de una salida de la UE sin acuerdo. Esa votación no obliga legalmente al Gobierno a descartar esa opción, ya que es “indicativa”. La ley estipula que Gran Bretaña saldrá de la UE el 29 de marzo, con o sin acuerdo. Un día después, el 14 de marzo, la Cámara de los Comunes rechazó en una serie de votaciones darle más poderes a los legisladores para negociar un acuerdo del Brexit, descontó por ahora la posibilidad de un segundo referéndum, y autorizó al Gobierno a pedir una extensión a la UE para la salida británica del bloque, hasta el 30 de junio. Esa posibilidad, que May es probable que acepte si vuelve a perder nuevamente una tercera votación prevista para el martes 19 de marzo, no sólo dependerá del Gobierno británico para su implementación, sino también de los 27 gobernantes de la UE, que tendrían que avalarla por unanimidad de votos. Un solo veto de alguno de los gobernantes europeos impediría en principio esa extensión- algo por ahora improbable. En total, 412 parlamentarios británicos votaron para que May pida una extensión a la fecha de salida de la UE, contra 202 que se opusieron. La moción indica que si se acuerdo un plan de Brexit para el 20 de marzo, entonces se tratará de una extensión mínima, hasta el 30 de junio. Pero si no, la extensión podría extenderse por mucho más, e implicaría que Gran Bretaña debería participar de las elecciones europeas de mayo próximo. Tras la votación, un portavoz oficial de la Comisión Europea indicó que extender la fecha de salida del Reino Unido como estipula el artículo 50 “necesitará de un acuerdo unánime” de todos los países miembro de la UE. “Dependerá de los gobernantes de esos Estados considerar dicho pedido, priorizando la necesidad para un normal funcionamiento de las instituciones europeas y tomando en consideración las razones y duración de una posible extensión”, agregó. Por su parte, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo estar en “contacto constante” con todos los líderes europeos. Poco después de conocerse el resultado de la votación del día 14–por la extensión del plazo de salida– el jefe de los laboristas, Jeremy Corbyn, reiteró su apoyo a un segundo referéndum a pesar de ordenar a sus parlamentarios a rechazar esa opción en una de las votaciones de la jornada. “Hoy reitero mi convicción acerca de que podemos lograr un acuerdo (del Brexit) basado en nuestro plan alternativo, que lograría apoyo en el Parlamento. Vuelvo a dar mi apoyo a un segundo referéndum, no como ejercicio de rédito político, pero como opción realista para quebrar el impasse”, dijo Corbyn. El Partido Laborista aboga por un acuerdo de Brexit que incluya "una nueva y amplia unión aduanera" con la UE. No quiere una simple adhesión como otros países no comunitarios –Mónaco, San Marino, Andorra y Turquía–, sino que reclama “un acuerdo a medida” para el Reino Unido, que le permita al país retener al mismo tiempo la capacidad de firmar tratados comerciales con otros países. El problema con esa opción es que va en contra de la propia esencia de la unión aduanera, que es imponer una tarifa común a las mercancías exteriores y negociar los tratados internacionales como una sola entidad. El laborismo también está a favor de un comercio sin fricciones y el mayor acceso posible al mercado único, aunque sin llegar a entrar en el mercado único como Noruega, pues eso supondría acatar la libertad de movimiento de personas y bienes. En tanto, la jefa del DUP, Arlene Foster, confirmó que su agrupación está en diálogo directo con May y con el Fiscal General, Geoffrey Cox, “para tratar de que el acuerdo (del Gobierno) sea aprobado. Queremos que haya Brexit, y que funcione en todo el Reino Unido de manera que no deje a Irlanda del Norte atrás”, aclaró. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la forma en que May está negociando el Brexit, al tiempo de indicar que Washington “no se entrometerá” en las negociaciones. Trump se mostró en contra de un segundo referéndum, y reiteró su interés de crear un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, cuando este último país abandone la UE. En una conferencia de prensa junto al primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, el jefe del gobierno estadounidense se mostró sorprendido por cómo avanzan las negociaciones por el Brexit, al indicar que May no escuchó sus sugerencias acerca de cómo negociar con la UE. “Brexit está destrozando al país. Me sorprende cuán mal están yendo esas negociaciones. Creo que ese proceso podría haberse negociado de manera diferente”, subrayó Trump. Se trata de una crítica abierta de uno de los principales aliados políticos del Reino Unido en el escenario internacional. [caption id="attachment_575341" align="alignnone" width="1200"] Un opositor al Brexit protesta afuera del Parlamento. Foto: AP / Matt Dunham[/caption] Mientras tanto, un sondeo de opinión realizado por la consultora BMG para el ‘tanque de ideas’ “Nuestra Opción”, concluyó el pasado 10 de marzo que un 74% de jóvenes que no tenían la edad mínima para votar en el referéndum de 2016, y que ahora sí están habilitados para votar, apoyarían permanecer dentro de la Unión Europea en caso de un segundo referéndum. Esa proporción de nuevos votantes –estimada en dos millones de jóvenes– que apoya permanecer en la UE se elevó incluso al 87% entre aquellos que dijeron “votar definitivamente” en un referéndum. El sondeo concluyó que los jóvenes británicos modificarían radicalmente el resultado de un nuevo posible voto sobre el Brexit, impidiendo que ocurra el “divorcio” de la UE. La encuesta consultó a dos grupos, aquellos que eran demasiado jóvenes para votar en 2016, y los que estaban habilitados hace tres años pero no lo hicieron. Entre los nuevos votantes, un 72% dijo que apoyaría seguir en el bloque comunitario. Sólo un 3% de ellos consideró que la posición de Gran Bretaña en el mundo mejoró como consecuencia del referéndum de junio de 2016. Lara Spirit, cofundadora de “Nuestra Opción”, dijo que el gobierno de May desestima a los jóvenes votantes. “Este gobierno no ha hecho nada para satisfacer las demandas de los jóvenes sobre el Brexit. Es por ello que estamos más unidos que nunca sobre este tema”, indicó la activista. Otro sondeo, elaborado por la consultora YouGov a 25 mil electores británicos, concluyó que la mayoría de ellos apoya el acuerdo que propone May. Al respecto, el analista político Peter Kellner consideró que la coalición que permitió que ganara el Brexit por una escasa mayoría en el referéndum de 2016 “está colapsando”. “Esa coalición había incluido tradicionalistas conservadores que veían a la UE como una amenaza a los valores y soberanía británicos, como también a familias laboristas que sentían que Bruselas ponía en riesgo sus estándares de vida y las posibilidades de encontrar empleo para sus hijos”, indicó Kellner. “El plan de la primera ministra es muy impopular esencialmente porque muy pocas personas de ambos grupos creen que resuelve los problemas que ellos enfrentan. El hecho de que la gran mayoría de la población británica se opone al acuerdo muestra cuán riesgoso es para Theresa May imponer este plan a la población y al país”, concluyó. En todo caso, el Parlamento británico volverá a votar el día 19 de marzo el acuerdo de May, en el que se considera será otro “manotazo de ahogado” de la primera ministra para mantener a flote un plan que no convence ni al ala más nacionalista y euroescéptica de su propio Partido Conservador, ni a los socios minoritarios del Gobierno, el DUP, ni al opositor laborismo, como tampoco a la población británica en su conjunto. El Reino Unido atraviesa un verdadero caos político y constitucional como consecuencia del Brexit, del que parece por ahora no poder salir.