El interminable trabajo en la narcofosa de Río Blanco, un “campo de extermino” de Los Zetas

RÍO BLANCO, Ver. (apro).- Es como una jornada laboral, día a día, desde que sale el sol y previo al atardecer.

Medio centenar de personas del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba; la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Fiscalía General de la República (FGR); policías estatales, ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal suben-escalan medio kilómetro del cerro de Río Blanco, en la colonia Venustiano Carranza.

Allí, continúan con la exhumación de fosas clandestinas hechas por la célula delincuencial de Los Zetas.

El corte pericial al día de hoy indica la exhumación de 12 cuerpos, dos de ellos sacados este jueves.

Del total, 11 aún tienen tejido adherido al hueso, lo cual indica una temporalidad de mortalidad de entre 7 y 10 años atrás, es decir, en el período 2009-2012, la etapa inicial del sexenio del priista Javier Duarte (2010-2016) y la época de terror de Los Zetas en esta región montañosa de Veracruz.

Con binomios caninos, trajes de bioseguridad, machetes, palas, picos, cubrebocas, guantes, repelente de insectos y protector solar, la brigada mixta que exhuma cuerpos desde la semana anterior sube el cerro, entre piedras rocosas, árboles frondosos y caminos sinuosos, para continuar los trabajos en cuatro cuadrantes de 20 x 20 metros.

“El trabajo parece interminable. Tenemos puntos marcados aquí, pero también del otro lado en Los Sótanos (otra congregación de Río Blanco), en donde tenemos la certeza que también criminales enterraron a nuestros desaparecidos”, externa Araceli Salcedo, vocera del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien desde septiembre del 2012 busca a su hija, Fernanda Rubí Salcedo, “levantada” por un comando en una discoteca de Orizaba.

La forma de dar con este narcocementerio fue similar al de Colinas de Santa Fe, con el colectivo Solecito; el año pasado, un grupo criminal abordó, de forma breve, al colectivo de Córdoba-Orizaba en la alameda del Pueblo Mágico, cuando los activistas vendían dulces para recaudar fondos para sus búsquedas.

“Nos entregaron un croquis señalándonos el punto donde sólo nos decían que había fosas en esta región”, explica Salcedo.

De los 12 exhumados, hay una característica peculiar: ninguno tenía alguna identificación oficial (INE o licencia de manejo o credencial laboral) y ninguno tenía calzado. Una de las osamentas “parece ser del sexo femenino”.

Los primeros cuerpos de este “campo de exterminio” -como lo llama Salcedo- fueron exhumados entre enero y febrero de 2018 -pasaron desapercibidos para la opinión pública, apenas medios locales dieron cuenta de ellos-.

En esta semana han sido extraídos seis cuerpos más.

Ya hay trabajo programado en la montaña para lo que resta del mes. Ante la negativa del gobierno del morenista Cuitláhuac García de enviarles apoyo, el ayuntamiento de Río Blanco los socorre con una comida general y dos garrafones de agua diarios para el medio centenar de personas.

Córdoba-Orizaba, un agujero negro de los jóvenes

Este jueves, el Mundo de Córdoba -el periódico más influyente de la región- publicó en portada el hallazgo, día con día, de restos humanos, por ello, el teléfono celular de Araceli Salcedo recibió 27 llamadas este día de familiares de desaparecidos.

En el control estadístico de las llamadas, y con la lista que elaboró Salcedo, 24 desaparecidos eran hombres y mujeres de entre 17 y 23 años. Los 3 restantes son adultos desaparecidos que sobrepasan los 30 años.

El dato escalofriante y crudo es que de los 27 casos, apenas cuatro familiares tienen puesta una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la ausencia de su familiar.

Las causales para no poner la querella son las de siempre: intimidación de fuerzas policíacas; miedo de represalias por el crimen organizado -este corredor montañoso e industrial fue famoso por los ilícitos de capos de Los Zetas, como “El Felino”, “El Duende”, “El Chilango”, “El Picoreta”, “El Puchini”, “El Chichi”, entre otros- y por el desconocimiento y temor de salir ante la prensa y entrar en un estigma social.

Doce cuerpos exhumados. Foto: Carlos Hernández

Desilusionados del gobernador

De nada sirvió declarar “crisis humanitaria” a Veracruz en el tema de desaparecidos en el primer día del nuevo gobierno, si en campaña se prometieron 400 millones de pesos “canalizados” a instituciones de búsqueda en Veracruz, pero en la realidad y en el presupuesto autorizado por el Congreso local apenas se autorizaron más de 120 millones de pesos, reprochan familiares de este colectivo de desaparecidos.

Es apenas una tercera parte de lo que prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y en contraste, la ley de egresos contempló 700 millones de pesos para compensaciones de la alta y media burocracia para el ejercicio 2019.

“No puedes declarar como gobernador crisis humanitaria a un estado y en el presupuesto y en la realidad no atender esa crisis. Ese presupuesto no sirve para atender el rezago de la búsqueda en vida, ni tampoco concluir el trabajo en fosas, estamos muy lejos de lo que se había prometido”, reprocha Salcedo.

Al bajar del cerro, con el cansancio físico reflejado en el rostro, y con el bronceado del sol brazante de montaña marcado en el rostro, la activista expone que al día de hoy hay “diversas carencias” en el equipo de servicios periciales, varias patrullas ocupadas al resguardo de buscadores con motores y baterías en franco desuso, con un rezago de cientos de restos humanos sin identificar en casi 60 fosas en todo el estado en los últimos diez años.

“Nos hacen falta antropólogos, odontólogos forenses, arqueólogos, criminólogos, gente de fotocrimen y videocrimen, entre muchas otras carencias para garantizar resultados”, dijo.
Salcedo pone el ejemplo que en la región Córdoba-Orizaba apenas se cuenta con cinco policías ministeriales para investigación -incluyendo fosas clandestinas- con lo cual es insuficiente abatir el rezago de desaparecidos, si a su vez, esta misma cuadrilla pericial también atiende otros delitos como secuestros y homicidios de alto impacto.

El Colectivo Familiares de Desparecidos Córdoba-Orizaba recrimina que en 100 días del nuevo gobierno no se ha documentado un solo caso de “identificado” en las fosas clandestinas de Veracruz.

En el gobierno de Duarte hubo una completa cerrazón a dar esa información; en el bienio de Yunes -cuyo Congreso local entregó la medalla Ruiz Cortines a familiares de desaparecidos- se logró, al menos, la identificación de 50 cuerpos, 18 de ellos, pertenecientes a la región Córdoba-Orizaba.

Según cifras oficiales de la FGE se han abierto en los últimos ocho años cuatro mil carpetas de investigación por desaparición de personas, en contraste, hay casi mil osamentas sin identificar en planchas del forense y en fosas comunes de los panteones municipales de Veracruz.

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