Denuncian al titular del IJA de Jalisco por abuso de autoridad, robo y extorsión

GUADALAJARA, Jal. (apro) Al titular del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona no le bastó con violentar los derechos laborales de al menos 55 personas, sino que también colocó en puestos clave a un socio, y a amigos acusados de violar derechos humanos; así como a una persona que incumple con el perfil para estar en el cargo, acusan inconformes.

Guillermo Zepeda, y su coordinador jurídico, David Wong Avilés fueron señalados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica; y ante la Fiscalía del estado -carpeta de investigación 1320/2019– por presuntamente cometer extorsión, robo, abuso de poder y “los demás que resulten”.

El denunciante es uno de los afectados, Francisco Jiménez Reynoso, con seis años de antigüedad en el IJA, quien hasta diciembre pasado se desempeñó como jefe de departamento de Acreditación y Certificación.

Guillermo Zepeda, académico y candidato a una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano, fue electo el viernes 14 de diciembre de 2018, por el Congreso local para asumir el cargo de director del IJA, cuya principal tarea es fomentar la cultura de la paz.

Dos días después de ser elegido como titular del IJA, el lunes 17 de diciembre, en periodo vacacional del organismo, David Wong contactó a las 55 personas con nombramiento definitivo para que acudieran a las instalaciones con el fin de pedirles renunciar a su contrato por tiempo indefinido y firmar uno temporal. A cambio se les daría su cheque correspondiente a la segunda quincena de diciembre y la prima vacacional.

Todos accedieron a las presiones, excepto dos personas, una de ellas es Francisco Jiménez quien relata que el 2 de enero cuando regresó de vacaciones, David Wong, le dijo que pasara a su oficina. Con gritos y palabras altisonantes quería que firmara su renuncia a cambio de recibir su cheque por 24 mil pesos correspondientes a su prima vacacional y su sueldo.

“Me chantajeó y/o extorsionó, diciéndome que si quería cobrar mi segunda quincena de diciembre y mi prima vacacional tenía que renunciar a mi puesto de trabajo (…) y me dijo que estaba impedido para seguir laborando en el instituto por lo que me obligó a retirarme”, relata en su querella Francisco Jiménez.

Dos días después, se presentó a laborar. De nuevo el coordinador jurídico, pretendió que renunciara a su contrato por tiempo indefinido a cambio le entregaría sus pagos devengados. “Aseguró (Wong) que el chantaje y/o extorsión era instrucción directa del director general” del IJA.

Según Francisco Jiménez su asunto no es materia laboral, “porque a mí me extorsionaron, no cedí a sus presiones, pero fui víctima de la extorsión, al obligarme a entregar mi cheque (por prima vacacional) a cambio de que firmara el documento” de renuncia.

El denunciante se quejó de que la carpeta de investigación ya se judicializó, pero “le han hecho al cuento. Me han perdido oficios, el jefe de grupo de los policías investigadores, dice que no le han entregado el oficio, y que donde salió el oficio no saben dónde está”.

No es la primera vez que despiden de manera injustificada a Francisco Jiménez, por lo que, en 2014, cuando retomó el cargo no se le dotó de herramientas ni muebles para poder realizar sus funciones. Por ello, decidió llevar objetos personales (computadora, impresora, pantalla, librero, perchero, libros) valuados en 40 mil pesos. El último día hábil de diciembre, el quejoso dejó tres mil pesos en el cajón de su escritorio, para realizar un pago a su regreso de vacaciones, pero ya no se le permitió el paso.

Ante el impedimento de ingresar, puesto que las puertas de las instalaciones fueron cerradas, presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía del estado por el despojo de sus objetos personales, robo, y abuso de autoridad, pues hasta la fecha no se la ha entregado su cheque por 24 mil pesos.

Con relación a la queja que interpuso ante la CEDHJ, el 7 de enero de 2019, el organismo envió un oficio a Guillermo Zepeda para que rinda un informe sobre “antecedentes, fundamentos, y motivaciones de los hechos que se le atribuyen”. A la vez dictó medidas cautelares a favor de Francisco Jiménez para que respete su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, así como evitar el hostigamiento laboral. Otro punto fue que se levantara la retención de su pago y que abra las puertas de las instalaciones.

El titular del IJA, según Francisco Jiménez, no acató las medidas cautelares de la CEDHJ. “Se sacó de la manga diciendo que no es un asunto que le competa a Derechos Humanos”. Además, señala que Guillermo Zepeda “ya es un violador de derechos humanos porque puso en riesgo la vida de los usuarios, trabajadores” al negar abrir la puerta de las instalaciones, y violentar los derechos laborales de los trabajadores”.

Recordó que Guillermo Zepeda se comprometió con él a respetar su nombramiento y el de sus compañeros, porque ya tenían derechos adquiridos. Pero consideró que es una represalia pues Francisco Jiménez, quien contendió también para ser director, declaró que era una simulación la competencia por el cargo.

Clarissa Pérez Balcorta, jefa del departamento de Visitaduría también presentó queja ante la CEDHJ y se le dictaron medidas cautelares, refirió Francisco Jiménez.

Según el sitio web del IJA, el lugar del afectado ahora es ocupado por Omar Luna.

Puestos para los cuates

A partir de la segunda quincena de enero, fueron nombrados como directores, Omar Lenin Luna, en Capacitación; Jaime Oswaldo Pacheco Cueva, en Medios Alternativos; César Medina Arellano, en Acreditación y Certificación; y Rebeca del Carmen Ley Angulo, en Administración y Planeación.

Omar Luna, quien ingresó a la nómina del IJA en enero de este año, es socio de Guillermo Zepeda en Jurimetría, negocio que se encarga de realizar “iniciativas para el estado de Derecho”. El actual director de Capacitación y Difusión del IJA, fue agente del Ministerio Público, está implicado en la recomendación de la CEDHJ 26/2008, una de las pocas en la que el organismo ha admitido que hubo tortura.

El exombudsman, Felipe Álvarez Cibrián solicitó a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) que agregara una copia de la recomendación en el expediente de Omar Luna, por no haber salvaguardado la integridad de dos hombres que fueron detenidos y torturados cuando se encontraban a su disposición. En 2013, Omar Luna fue nombrado coordinador general de asesores de la PGJE.

David Wong, en 2011 fue señalado de proteger la venta de plazas médicas que hizo el entonces coordinador administrativo de la Cruz Verde zona sur, Roberto Guzmán. En 2016, David Wong fue titular de la Unidad de Transparencia e Información de Servicios de Salud de Zapopan, se le aplicó una amonestación y una multa por negarse a entregar información.

El 20 de abril del 2018, cuando Luis Carlos Nájera se desempeñó como secretario del Trabajo, David Wong era director del departamento del Trabajo. En ese tiempo fue acusado por una trabajadora de despido injustificado y de acoso.

Ante la CEDHJ ha sido acusado en tres ocasiones por vulnerar derechos humanos, según las quejas 4965/2013/VI; 3700/2015/VI, y 6131/2016/VI, pero en ninguna ocasión ha derivado en una recomendación, puesto que hubo conciliación o está en “archivo provisional”, según informa el organismo.

Al respecto Francisco Jiménez comentó que no concibe que “un violador de los derechos humanos se encuentre en una dependencia donde se promueve la cultura de la paz, el diálogo, la mediación, la conciliación, es irónico”.

Ante la CEDHJ pedirá que se destituya a Wong porque sistemáticamente se ha caracterizado por violar derechos humanos, “lo han multado por falta de transparencia” y “sigue en la función pública; y un absurdo, en la cultura de la paz”, insiste Francisco Jiménez.

El denunciante también solicitará a la CEDHJ, a la Fiscalía Anticorrupción, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a Fiscalía general que David Wong sea destituido por “la reiteración de su conducta de violentar derechos humanos, ser opaco al ocultar información pública, y mentir a las autoridades”.

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco, el perfil para ser director de administración es ser “licenciado en administración o contar con título profesional en alguna carrera afín”. No obstante, la actual titular, Rebeca Ley incumple al ser ingeniera industrial.

Jaime Pacheco tiene una empresa, Mediadores Profesionales, que ofrece “programas de cultura de paz y respeto a la dignidad humana en empresas, gobiernos, escuelas y comunidades”. Por lo que existe el temor de los inconformes del IJA que haga negocio.

En su página de Facebook, Guillermo Zepeda confirma la amistad que mantiene con Jaime Pacheco y Omar Luna. Del primero, -quien por cierto percibe un salario más alto que el resto de los directores, su sueldo mensual bruto es de casi 65 mil pesos mensuales-, el titular del IJA menciona que es “amigo y maestro de mucho tiempo, también un referente y buen catador de los compañeros profesionales de la mediación”.

De Omar Lenin, refiere que es “amigo y compañero de muchas batallas, siempre conocedor del derecho y excelente constructor de equipos, lo que le permitirá dar, como siempre, excelentes resultados en la capacitación y difusión ce la cultura de La Paz”.

César Medina, panista, fue director jurídico, así como consejero de su partido. Él ingresó al IJA luego de que se le solicitó la renuncia en junio de 2015 a Jorge García Domínguez, que era director de Medios Alternativos.

Proceso Jalisco (18/6/16) publicó que García Domínguez aseveró que su salida fue por movimientos políticos. “Me dijeron que tenía que dejar el puesto, pues iba a llegar una persona enviada por el PAN”. Su sustituto, César Medina aseveró García carecía del conocimiento para el desarrollo de un área 100% técnica y operativa.

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