Respuesta de AMLO ante violaciones a derechos humanos será el indicador de su compromiso: Centro Prodh

Santiago Aguirre Espinosa, nuevo director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Foto: Octavio Gómez Santiago Aguirre Espinosa, nuevo director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La respuesta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador brinde a las víctimas de violaciones a derechos humanos que se cometan durante su gobierno, será el mejor termómetro del compromiso que esta nueva administración tiene con el tema, más allá de fijar plazos a la administración, consideró Santiago Aguirre Espinosa, nuevo director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Nombrado recientemente por el provincial de la Compañía de Jesús en México, el sacerdote José Francisco Magaña Aviña, como sucesor de Mario Patrón Sánchez, quien asumió la rectoría de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Aguirre Espinosa reconoció que defender derechos humanos en el actual contexto nacional, es un reto significativo ante “las inercias institucionales construidas desde hace diez años”, contra quienes defienden la dignidad de las personas en busca de verdad y justicia.

En entrevista después de asumir el nombramiento como director de la organización, en la que durante cinco años se desempeñó como subdirector al lado de Patrón Sánchez, Santiago Aguirre sostuvo que el cambio de gobierno no significa que las violaciones a derechos humanos no continuarán cometiéndose.

“Lamentablemente la inercia de uso excesivo de la fuerza pública, empleo de la tortura en las detenciones o la práctica impune de desapariciones no va a terminar de un día para otro; por ejemplo, el Ejército mexicano no por que venga un cambio de gobierno va a dejar de cometer de la noche a la mañana actos de tortura y/o tratos crueles contra las personas a las que detiene porque es una inercia que se ha construido en la última década”, apuntó el director del Centro Prodh.

Aguirre insistió que lo que pondrá a prueba el compromiso del gobierno de López Obrador con los derechos humanos será la forma de abordar “las coyunturas vinculadas a la agenda de derechos humanos”.

Abundó: “¿Qué va a hacer el nuevo gobierno frente a esos hechos que surgirán? Va a decir, las víctimas eran de la delincuencia organizada, sus defensores pertenecen a un cártel y tienen un interés ilegítimo, se va a acuerpar al Ejército y lo va a defender a ultranza. O bien, va a decir los nuevos casos son consecuencia de las inercias que hoy permean en las instituciones, reconocemos la legitimidad de las víctimas, asumimos que sus representantes civiles realizan una función importante y sancionaremos a los responsables en el fuero adecuado y con procesos transparentes. Ese es el tipo de indicador que, creo, va a terminar de mostrarnos si en efecto estamos ante un proceso de cambio que impulse los derechos humanos o no”.

Originario de Monterrey, Nuevo León, con dos licenciaturas, en Derecho y en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, y una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Aguirre Espinosa admitió que en los primeros cien días del gobierno de López Obrador se han observado “pasos en dirección correcta pero también en la dirección equivocada desde la perspectiva de derechos humanos”.

Entre los primeros, el director del Centro Prodh identificó, no sólo lo que el gobierno de López Obrador a través del subsecretario Alejandro Encinas, ha venido haciendo para alcanzar justicia y verdad en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Para el defensor resulta positivo el reconocimiento de responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos en los casos de los abusos contra la periodista Lydia Cacho, en la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, la que se realizará respecto a la ejecución ilegítima por parte del Ejército de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, así como el reconocimiento de la crisis de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la apertura de expedientes del CISEN, los anuncios de creación de una política integral para abordar el tema de las desapariciones, la aceptación de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atenco,  y la instalación de mesa de trabajo para los casos de Pasta de Conchos.

Sin embargo, ve con preocupación que en la actual administración se le haya dado “un empoderamiento del sector militar”, no sólo a través de la creación de la Guardia Nacional, sino en la ampliación de facultades en el sector económico del país, así como la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, el proceso de relevos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que “no auguran el impulso de derechos humanos en el ámbito judicial”,  y la manera en que se abordaron temas como las estancias infantiles, albergues y refugios para mujeres.

Para Aguirre Espinosa, sin duda el nuevo gobierno también se ha distinguido por sus condenas a las organizaciones de derechos humanos, siguiendo en parte el clima adverso en el que han trabajado los defensores en las dos administraciones anteriores.

“El presidente que ha hecho declaraciones impropias e inadecuadas por su investidura y por quien las profiere, pero también son generalizaciones tan amplias y con un alcance tan largo que terminan siendo injustas para el trabajo que realizan diversos organismos de la sociedad civil”, apuntó Aguirre Espinosa quien recordó que durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se acusaba a los defensores de servir al narcotráfico, con el primero, y se utilizó un malware como Pegasus para espiar a defensores, activistas y periodistas, durante el mandato del segundo.

Tras reconocer que hay casos concretos en los que organizaciones se hicieron de recursos del Estado amparados en la figura de asociación civil, el director del Centro Prodh dejó en claro que la situación de los defensores de derechos humanos es muy distinta.

“El trabajo que realizamos los defensores de derechos humanos es de acompañar a personas que buscan justicia, no recibimos dinero de Estado, tampoco sustituimos al Estado en ninguna función, al contrario buscamos que el Estado reaccione, y realizamos una crítica para tener una democracia robusta, ese rol que jugamos los organizaciones de derechos humanos no queda retratado en justicia cuando se hace una denostación generalizada de la sociedad civil, con todo y esos matices que tienen que revisarse”, precisó Santiago Aguirre.

Con un reto importante que enfrentar ante las inercias institucionales, Aguirre Espinosa, quien tiene una carrera de 15 años como defensor de derechos humanos, insistió en que “cómo enfrente este gobierno la impunidad” en los casos que vayan surgiendo, pero también en los emblemáticos de administraciones pasadas, será la mejor muestra del compromiso que se tiene en esa materia.

“Si avanza la investigación sobre los responsables de la tortura sexual en Atenco, si avanzamos en Ayotzinapa, si son rescatados los mineros de Pasta de Conchos, si concluye con justicia la demanda de la Guardería ABC, si los responsables del uso de Pegasus son llamados a rendir cuentas, esos pueden ser hitos muy importantes para terminar de definir el perfil de este gobierno más allá de los tiempos y establecer plazos”, concluyó el director del Centro Prodh.

 

Comentarios

Load More