Uno de los apestados del gobierno de AMLO se autodefiende

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien fue acusado de torturar a policías municipales cuando era procurador de Aguascalientes, afirma que los diagnósticos en los que se basó la CNDH para emitir su recomendación contra él fueron manipulados. Además, dice, no se tomaron en cuenta los certificados del Protocolo de Estambul, aplicados por la entonces PGR y que demuestran la falsedad de los cargos. A decir de Muñoz, actual subdelegado de Control Regional de la FGR, los señalamientos son una maniobra de un grupo de funcionarios del Centro de Reinserción Social de su entidad y el grupo delictivo La Oficina.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 26 de noviembre de 2014, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, entonces procurador de Justicia de Aguascalientes, envió un oficio a Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno:

“Le comunico que, durante el transcurso de esta administración, en múltiples ocasiones se le ha informado de los posibles vínculos que existen entre miembros de la delincuencia organizada, específicamente el grupo radicado en Aguascalientes denominado La Oficina y autoridades del Centro de Reinserción Social del Estado”.

En ese documento –del que Proceso tiene copia– se explica: “Derivado de la investigación que llevó a cabo la procuraduría del estado y de la cual tuvo conocimiento y acceso a material video grabado en el que se advierte el vínculo entre Luis Ricardo Benavidez Hernández, director general de reinserción social del estado; Juan Carlos Barnola Ochoa, coordinador médico de los servicios médicos de los centros de reinserción y Manuel González Rodríguez, director del Centro de Reinserción Social, quien se encuentra en activo en la Secretaría de Seguridad Pública”.

Indica que los funcionarios mencionados se encontraban bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, el general en retiro Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien, afirma, no aprobó los exámenes efectuados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Hasta este momento no se han tomado las medidas necesarias al respecto, a pesar de la delicada información que se le hizo saber (al secretario de Gobierno) en el oficio entregado en su oficina el 12 de noviembre de ese año (2014)”, señala el documento.

En ese oficio del 12 de noviembre –del cual este semanario también tiene copia– Muñoz Vázquez, actualmente subdelegado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), indica que en julio de 2011, en la Agencia del Ministerio Público número siete, se radicó la averiguación previa DGAP/AGS/10342/07-11 por el homicidio de Jesús Camilo Reyes Gutiérrez, entonces comandante de la policía municipal de Aguascalientes.

Se acusó del crimen a 14 personas, 12 de ellas policías municipales; aunque finalmente se levantó el cargo en contra de tres uniformados: Genaro Macías Zapata, Juan Carlos Zamora Arenas y Salvador Rangel Pérez.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2211, ya en circulación)

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