Prodh pide a la SRE aceptar competencia de comité de la ONU ante crisis de desapariciones

El canciller Marcelo Ebrard. Foto: AP El canciller Marcelo Ebrard. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contra el compromiso signado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de admitir la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED) para recibir casos individuales, la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, impugnó una resolución judicial que obligaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a aceptar el escrutinio del órgano de la ONU.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh), la Cancillería presentó un recurso de revisión a una sentencia de amparo emitida por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que emplazaba a la dependencia a pronunciarse sobre la aceptación de la ampliación de la competencia de la CED en un lapso de 60 días naturales.

El argumento presentado por la Cancillería es que la sentencia “invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo y que establece un derecho que a su parecer no existe: el acceso a la Justicia Internacional, además de que otorga un plazo muy breve para concluir el plazo de reconocimiento de competencia del Comité CED para conocer sobre casos individuales”.

El recurso judicial, va en contra de la respuesta que dio el Estado mexicano el 14 de marzo a las recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal (EPU), en noviembre del año pasado, y que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le correspondió atender.

De las 264 recomendaciones formuladas por otros Estados miembros de la ONU, el gobierno de López Obrador aceptó 262, entre ellas 25 relacionadas con las desapariciones forzadas, una de ellas la admisión de la competencia del Comité CED para analizar casos individuales.

Para el Centro Prodh, el recurso de revisión presentado por la Cancillería, representa “una oportunidad perdida para el gobierno de México de reconocer la competencia del Comité CED y de seguir acreditando así su compromiso con los derechos humanos y con el escrutinio internacional”.

El juicio de amparo contra el que el gobierno de López Obrador litiga, fue interpuesto, con la asesoría jurídica del Centro Prodh, por María Herrera Magdaleno y su hijo Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, desaparecidos en 2008 y 2010.

En un comunicado, la organización lamentó que el gobierno de López Obrador haya decidido “ir en contra de una sentencia innovadora, protectora de derechos humanos”, que favorecería a miles de familiares de desaparecidos que tendrían la posibilidad de presentar sus casos de manera individual ante el Comité CED.

Al señalar que el caso está siendo analizado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Centro Prodh informó que presentó un “recurso de revisión adhesiva”, por la que se respalda la sentencia del Juzgado de Distrito.

En su recurso, el Centro Prodh, “destacó especialmente la necesidad de que la política exterior del Estado mexicano sea conducida bajo los deberes generales de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos y sostuvo que la aceptación de la competencia del Comité CED constituye un mecanismo de acceso a la justicia y a la verdad adecuado y necesario para que los familiares de las personas desparecidas puedan acudir a él”.

La organización recordó que el reconocimiento de la competencia del Comité CED para casos individuales “es un reclamo añejo y sentido de las organizaciones y colectivos conformados por las y los familiares de víctima a lo largo de todo el país”, que fue considerado en el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y aceptado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la semana pasada.

“Por todo ello, nuevamente instamos a la Cancillería a que acepte la competencia del Comité CED para conocer casos individuales sobre México, en consonancia con el reconocimiento que esta administración ha hecho sobre la grave crisis humanitaria que vive el país”.

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