CIUDAD DE MÉXICO (apro). —La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la reforma constitucional sobre consulta popular significa “una trampa en el cuarto año de gobierno” lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther soltó: “Tal cual está planteada, la propuesta contiene una #TrampaDelCuarto año de gobierno, pues abre la puerta para que, decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién y sobre qué bases se pagan los impuestos, sean decididos por la población abierta y manipulada”. Según el empresario, López Obrador se ha comprometido a no establecer nuevos impuestos durante los tres primeros años de su gobierno. “Si logra la aprobación del mecanismo de consulta popular y su desahogo a la mitad del tercer año de su gestión, el Ejecutivo Federal quedaría empoderado para ordenar una consulta popular que, en el tercer año, le sirva para impulsar decisiones de carácter hacendario como gasto o endeudamiento, y/o establezca aspectos torales de los impuestos”. El pasado 14 de marzo se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular. De ser aprobada por el Senado de la República y la mayoría de las legislaturas estatales, advirtió el organismo patronal, la reforma constitucional abrirá la puerta a que decisiones inherentes a la hacienda pública, y, sobre todo, la determinación de elementos clave de los impuestos, puedan ser procesadas a través de una consulta popular, y no mediante el análisis técnico especializado y el debate parlamentario, concluyente en el voto por los representantes populares. Los “peros” La Coparmex identificó los siguientes riesgos: La iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular, propone que estas tengan carácter vinculatorio, es decir, que el resultado de la misma, sea implementado con carácter obligatorio, cuando participe en ellas, al menos el 25% de la lista nominal de electores. “Con ello, se está reduciendo en número de ciudadanos que deben participar en la consulta popular, que hasta hoy es del 34% y que de disminuirse al 25% como se pretende, permitiría convalidar fácilmente, muchas decisiones controversiales y de hondo calado, que debe enfrentar quien encabeza el gobierno”, señaló. Además, la aprobación de la propuesta supondría que una consulta pudiere ser vinculante con el voto de un pequeño segmento de los electores. Para dimensionar lo anterior, acotó, baste decir que con tan solo la participación de los votantes de tres entidades federativas (CDMX, Estado de México y Veracruz), la consulta seria eficaz. Lo mismo pasaría, si solo concurren los ciudadanos mexicanos que tienen entre los 20 y 29 años. Dicho de otra manera, con el 13% de los votantes apoyando una propuesta del gobierno, esta podría ser ley. “Con poco más de un décimo de la población con derecho a voto, las consultas podrían poner en riesgo asuntos críticos para la estabilidad de la nación como son los ingresos tributarios y el establecimiento de impuestos, cuya decisión no debe dejarse a la sabiduría popular o humor social, sino determinarse por el análisis de evidencia, la ponderación de datos y la evaluación por funcionarios de alto perfil técnico calificados para ello” alertó la Coparmex. En el caso de la revocación de mandado, explicó De Hoyos Walther, la propuesta no es pertinente puesto que ese ejercicio solo debe tener lugar si esta prescrita como un derecho de los ciudadanos, y no como una potestad del presidente. “Solo es oportuna, cuando se realiza sin estar asociada a una elección intermedia para no sesgar el resultado de la misma. Debería requerir la participación de al menos un tercio, si no es de la mitad de los electores posibles, para considerarse representativa”, precisó. Y finalmente, para el sector patronal, dicha consulta tendría que incluir un mecanismo de medición del desempeño del presidente, que revele la evolución de indicadores predeterminados del país, y que se hiciere del conocimiento de los ciudadanos con anticipación a su participación en el ejercicio.