CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó al gobierno de Morelos el pago de la prima de antigüedad para 12 mil 777 maestros jubilados y pensionados, cuyo monto total asciende a más de 300 millones de pesos. En conferencia de prensa, Gabriela Bañón Estrada, secretaria seccional del SNTE en la entidad, informó que desde el año pasado la organización gremial interpuso una demanda formal ante el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para exigir el pago de la nómina de 2018 y 2019. Explicó que durante el proceso de integración de la demanda “se recibieron 9 mil expedientes de prima de antigüedad por parte de los jubilados y pensionados, y se inició la etapa procesal de 500 compañeros jubilados”. Tras detallar que los expedientes ya fueron entregados a la Junta de Conciliación y Arbitraje, subrayó: “Hemos agotado las instancias y avanzado en la etapa de admisión y fecha de audiencia en la que se ratificará el contenido de las demandas con pruebas anexas para dar pie a la respuesta de los demandados”. Además, aseguró que, una vez transcurrida esta etapa del proceso y luego de que el tribunal a cargo resuelva los laudos, “vamos a exigir al Ejecutivo y a las autoridades correspondientes que se cubra de inmediato el pago a nuestros maestros que se encuentran en esta lamentable situación”, es decir, los jubilados y pensionados que no han podido cobrar la prima de antigüedad. Bañón Estrada mencionó que la Ley de Servicio Civil del estado otorga la prestación de la prima de antigüedad a los 12 mil 777 profesores jubilados y pensionados, y por ello la exigencia desde la propia dirigencia seccional del SNTE. Según la lideresa, este año sólo se etiquetaron cinco millones de pesos para el pago de la prima de antigüedad, cuando en realidad se requieren más de 300 millones de pesos. “Es grave que no se quiera atender de manera seria lo que sucede con nuestros maestros jubilados. No se trata de un asunto de asignación directa, o de dar paliativos al tema y caer en un desvío de recursos. Esto es un asunto que lo debe de resolver la Junta de Conciliación y Arbitraje, es decir, a través de un proceso legal”, concluyó.