Intentan espiar con Pegasus a la esposa de Javier Valdez, 10 días después de que éste fue asesinado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de mensajes que imitaban noticias de Proceso y Animal Político, el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de infectar el celular de Griselda Triana, esposa del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas –asesinado el 15 de mayo de 2017– con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO group.

El 25 de mayo de 2017, apenas 10 días después del asesinato de Valdez –en plena luz del día y frente a la sede de la revista Ríodoce, de la que fue integrante–, Triana recibió un mensaje que decía: “PROCESO: PGR ASEGURA QUE EL MOVIL DEL ASESINATO DE JAVIER VALDEZ FUE PARA ROBARLE SU AUTOMOVIL… DETALLES (vínculo infectado)”.

De haberle pinchado al enlace, la mujer hubiera instalado Pegasus en su celular sin saberlo. El día siguiente, recibió otro mensaje maligno que contenía un enlace apócrifo de Animal Político; ambos enlaces redirigían a un servidor cargado con el malware, como lo comprobó Citizen Lab.

“He sido espiada por el hecho de ser esposa de Javier”, sostuvo hoy la mujer, quien es periodista y responsable de comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Indignada, Triana recordó que abrió su casa a los agentes federales y les permitió acceder a todos sus aparatos electrónicos, como celulares y computadoras, para avanzar en la investigación; a pesar de ello, el crimen sigue impune.

“¿Qué razones había por espiarme? Tal vez querían desvirtuar las investigaciones sobre el asesinato de Javier”, sostuvo, y añadió: “de ninguna razón se justifica su bajeza para espiarme (…) yo no tengo nada que esconder, Javier siempre fue muy cuidadoso de que ni mis hijos ni yo supiéramos quienes eran sus fuentes de información”.

“Esto ocurrió ocho días después que Enrique Peña Nieto se comprometió a garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, recordó Leopoldo Maldonado, abogado en Artículo 19, durante una conferencia de prensa.

“Aun y cuando tuviera relación con la investigación del asesinato de Javier, no hay justificación para espiarla”, añadió.

Con esta nueva revelación, Triana se sumó a la amplia lista de periodistas y activistas a los que el gobierno de Peña Nieto trató de espiar con Pegasus.

Entre ellos destacan Carmen Aristegui y su equipo de investigación –hasta su hijo– quienes revelaron el escándalo de la Casa Blanca del expresidente, pero también dos periodistas de Ríodoce, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o activistas del Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez (Centro ProDH).

Las víctimas del escándalo conocido como #GobiernoEspía interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en junio de 2017. Más de un año y medio después, se puede afirmar que la investigación resultó una simulación.

Luís Fernando García, director de la Red para la Defensa de Derechos Digitales (R3D) –que sigue la carpeta de investigación–, subrayó que funcionarios y exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) mintieron en varias ocasiones ante los agentes de la FEADLE, e incluso existe el riesgo de que hayan destruido evidencias.

El abogado explicó que agentes de la PGR mencionaron en un primer momento que no tenían una base de datos donde aparecían las víctimas de Pegasus –una afirmación “no solo inverosímil, sino falsa”, como constataron los agentes de la FEADLE– y en otro momento afirmaron que la PGR nunca habia usado Pegasus –lo que también era una mentira–.

Recordó también que, a pesar de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adquirió Pegasus en 2015 por 870 millones de pesos y pagó por dos renovaciones de licencia en 2016 y 2017, la FEADLE no citó a comparecer a ninguno de sus agentes.

De hecho, si bien la mayoría de los casos de espionaje ilegal documentados se llevaron a cabo mientras Tomás Zerón de Lucio dirigía la AIC, la tentativa de infección del celular de Griselda Triana fue operada durante la gestión de su sucesor, Omar García Harfuch.

Este último era encargado de seguridad en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su número de teléfono se encontraba en la libreta de Sidronio Covarrubias, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Hasta el momento, este personaje sigue al frente de la AIC.

El director de R3D también reiteró que, según la AIC, el programa Pegasus fue desinstalado de sus computadoras, lo cual representaría una posible destrucción de evidencias.

Los activistas confiaron en las promesas de la nueva administración –encabezada por Andrés Manuel López Obrador– de acabar con el espionaje ilegal, pero insistieron en que la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) “tiene que rendir cuentas”.

“Necesitamos que el nuevo gobierno envie un mensaje muy claro, (…) instamos a la FGR a que se comprometa a dar un vuelco a la investigación”, puntualizó García, quien advirtió:  “Seguiremos actuando dentro de la carpeta de investigación”.

Sofia de Robina, abogada en el Centro ProDH, señaló que “desde el momento en que pusimos la denuncia manifestamos nuestra preocupación de que el gobierno se investigara a sí mismo (…) a casi dos años podemos confirmar esta preocupación”.

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