CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, un punto en la agenda del día en el Senado era ratificar o no la decisión de la Comisión de Equidad de Género de otorgar el importante reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la feminista María Consuelo Mejía. Unas horas antes de que se iniciara la sesión, un grupo de activistas de distintas organizaciones ciudadanas entraron al Senado a colocar en los escaños vacíos un pañuelo verde con la frase: Aborto para todo México. Aborto legal ya. Como la ciudadanía tiene derecho a llevar hasta ese recinto sus propuestas y protestas, dos senadoras de Movimiento Ciudadano –Indira Kempis y Patricia Mercado– les abrieron la puerta. Luego de que se ratificó la designación de la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, varias oradoras tomaron la palabra para alabar a la premiada, pero Lilly Téllez, senadora de Morena por la alianza con Salinas Pliego, protestó enfurecida de que en su escaño hubieran puesto ese trapo verde que significaba “muerte”, pues ella no es una “asesina”. Mientras ocurría eso, en la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, senadora también por Morena, recibía en sesión solemne el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, con el pañuelo verde atado a su cuello. Este incidente pone en evidencia la imperativa necesidad de un debate público acerca de la despenalización del aborto. AMLO ha dicho que hay que hacer una consulta pública al respecto. Italia, país católico que alberga al Vaticano y donde la Iglesia tiene una fortísima influencia, despenalizó el aborto en 1978, luego de llevar a cabo un largo debate público en los medios de comunicación. La televisión y la radio estuvieron transmitiendo a lo largo de un año debates entre posturas confrontadas: médicos a favor y médicos en contra, abogados a favor y abogados en contra, feministas a favor y señoras de Pro-Vida en contra, etcétera, etcétera. Así la sociedad escuchó hasta la saciedad los argumentos a favor y en contra de un cambio en la ley, y el gobierno también pudo medir el sentir de la mayoría de la población. Cuando se votó la ley tuvo un gran respaldo social, al grado de que, dos años después, cuando el partido de la democracia cristiana, con el apoyo del Vaticano, logró que se realizara un referéndum para ver si echaban abajo la ley, la sociedad confirmó que apoyaba la ley y se mantuvo la despenalización. En México nunca hemos dado un debate público de ese rigor y magnitud. Una única vez nos acercamos a algo parecido. Cuando, a finales de diciembre de 1990, el Congreso de Chiapas, con mayoría priista, amplió tres causas para que el aborto dejara de ser punible –si lo solicitaba una pareja con fines de planificación familiar, si lo pedía una mujer soltera o simplemente si lo pedía una mujer por razones económicas–, se generó un gran revuelo y la reacción furibunda de la Iglesia católica congeló la ley. Como seguimiento periodístico del debate desatado por el caso de Chiapas, el 15 de febrero de 1991 se transmitió un debate en Televisa, en el programa de discusión Usted, ¿qué opina?, que conducía Nino Canún, desde las 11 de la noche hasta la madrugada. La emisión sobre el aborto resultó una de las de más larga duración (hasta las seis de la mañana). Participaron como oponentes a la despenalización los representantes de Pro-Vida y del PAN; como especialistas, un abogado de la Procuraduría del Distrito Federal y un médico del Seguro Social que ofrecieron cifras y razonamientos (y que se declararon a favor de un cambio en la ley), y argumentamos abiertamente como feministas Amalia García (entonces diputada por el PRD) y yo, además de un psicoanalista y un sexólogo. A lo largo del debate se recibían llamadas del público apoyando las dos posturas. La votación a favor de despenalizar ganó. Ese ha sido el único gran debate televisado. La escandalosa ausencia en la televisión de un tema tan crucial tiene que ver con que poderosos empresarios católicos amenazaran con retirar su publicidad si se debatía el tema de la despenalización del aborto. Ese chantaje de retirar sus anuncios de los programas televisivos se extendió a otros temas (como la homosexualidad, el uso del condón y otros) que van contra el dogma religioso. En la prensa escrita los obispos no lograron censurar en la misma medida, y es ahí donde se han ventilado las posiciones, pero sin la amplitud ni la frecuencia de un debate televisivo como ocurrió en Italia. Se dice que la fe religiosa de AMLO es la causa de que, cuando le han preguntado sobre cuál va a ser la política del gobierno en relación con el aborto, responda que lo va a poner a consulta. Los derechos humanos no se ponen a consulta. Más valdría que nuestro presidente distinga el problema moral en relación con el aborto de su estatuto legal. Eso hizo hace años quien fuera obispo auxiliar emérito de Madrid, monseñor Alberto Iniesta, durante el debate legislativo en España. Este lúcido obispo deslindó lo moral de lo jurídico al declarar: “Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”. Esa sabiduría la comparten precisamente las personas que discrepan del Vaticano, como la merecidamente premiada María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Este análisis se publicó el 17 de marzo de 2019 en la edición 2211 de la revista Proceso.