OAXACA, Oax. (apro).- En medio del hostigamiento, criminalización, amenazas, intimidaciones y agresiones contra los defensores comunitarios de Unión Hidalgo que se oponen al proyecto Central Eólica Gunaa Sicarú, la Secretaría de Energía (Sener) convocó a la comunidad de Rancho Gubiña a una asamblea comunitaria, este sábado 23, en el marco de la Fase de Acuerdos Previos del “procedimiento de consulta previa, libre e informada”. Así lo dio a conocer la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que acompaña jurídicamente a la comunidad de Unión Hidalgo contra la construcción y operación del parque eólico lanzado por la empresa EDF. Consideró que este primer proceso de consulta indígena impulsado por la nueva administración “representa una oportunidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poner en práctica lo que en forma discursiva ha dicho sobre garantizar los derechos de los pueblos indígenas y demostrar que hay una voluntad política de cambiar las condiciones de desigualdad a las que han sido sometidos”. ProDesc resaltó que, ante la reactivación del proceso de consulta indígena en Unión Hidalgo, por parte de la Dirección de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener, es necesario que se conozcan las agresiones, a manos de actores con intereses económicos en megaproyectos de energía eólica, en contra de defensores comunitarios de Unión Hidalgo, ya que eso vulnera el carácter libre de la consulta. Destacó que ante la posible instalación del parque eólico impulsado por la empresa EDF, y ante la sentencia de amparo dictada a favor de la comunidad de Unión Hidalgo en octubre de 2018, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial convocó a una asamblea comunitaria sobre la construcción y operación del proyecto Central Eólica Gunaa Sicarú. Según la sentencia de amparo, la Sener está obligada a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para la población que participe en el proceso de consulta. Es decir, la dependencia no sólo tiene la obligación de llevar a cabo una consulta, sino que tiene la responsabilidad de cumplir con los estándares ordenados en la propia sentencia. ProDesc destacó que ha sido un proceso donde se ha detectado de forma oportuna la falta de condiciones adecuadas para llevar a cabo la consulta indígena de acuerdo con los altos estándares internacionales, por lo que esperan la presencia de organismos internacionales y autónomos de derechos humanos. De igual manera, consideró que este proceso de consulta debe tener una participación efectiva de todos los sectores de la comunidad, en una forma culturalmente adecuada.