Afectados interponen amparo indirecto contra la suspensión de apoyos a estancias infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las personas afectadas por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender los apoyos a establecimientos que eran beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, vigente hasta diciembre de 2018, interpusieron un amparo indirecto contra la medida, al considerar que se vulneraron derechos de infantes, madres trabajadoras y responsables de esos espacios de cuidado infantil.

Las 37 estancias infantiles y 34 madres trabajadoras reciben asesoría de la Fundación de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, las organizaciones sociales Save the Children, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), además de Lía Limón, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En un comunicado de prensa detallaron que las causales de violación consideradas por los afectados tienen que ver la desprotección a los derechos de los menores y trasgresión a convenciones internacionales.

Los solicitantes de la protección del Poder Judicial de la Federación consideraron que con la suspensión de la entrega de recursos del Programa, el Estado mexicano incumple sus obligaciones “en materia de derechos humanos, como las de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de niños, niñas y padre de familia, así como el principio del interés superior del menor”, y viola “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con los niños con discapacidad”, como sobre todo los de aquellos infantes cuyos padres carecen de seguridad social.

Entre los conceptos de violación, los impulsores del amparo sostienen que la decisión presidencial vulnera los derechos “a la salud, educación, trabajo, así como sus garantías de no regresión, igualdad entre hombres y mujeres y protección al interés superior del menor”.

Al señalar que se violaron las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, “por falta de fundamento y motivación”, los quejosos consideraron que se omitió “realizar un test de proporcionalidad sobre la idoneidad de la medida propuesta por el gobierno de entregar los recursos directamente a los padres”.

Los promoventes confiaron en que “el asunto se resolverá conforme a las leyes aplicables para proteger los derechos humanos de niños, niñas, madres trabajadoras, así como de las personas encargadas de operar las estancias infantiles”.

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