A dos años del asesinato de la periodista Miroslava Breach, ni la fiscalía estatal ni la federal, que atrajo el caso, han conseguido más avances que la identificación de los tres presuntos asesinos, sólo uno de los cuales fue detenido. Para la familia de la víctima, las organizaciones civiles y los colegas de Miroslava que han seguido el caso, esto es apenas el principio de una trama en la que se advierte la mano de la narcopolítica en Chihuahua. Sin embargo, ni el gobernador Javier Corral ni la autoridad federal han indagado en esa línea, que puede involucrar a figuras del panismo local junto al crimen organizado.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La investigación del asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, ha estado a cargo tanto de la fiscalía local como de la fiscalía federal especializada en crímenes contra periodistas; sin embargo, en vez de que el caso presente avances en la identificación de los autores intelectuales y en la línea de la narcopolítica, parece estancado, y el ambiente alrededor, enrarecido. En abril de 2017 una persona inocente fue asesinada en un intento dehacerlo pasar como el homicida de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua: era el psicólogo Gabriel Ochoa, a quien le sembraron una fina pistola Colt .38 y una manta en la que se leía: “Este es el marrano que asesinó a Miroslava”.  En septiembre de ese año se registró una extraña incursión en la vivienda abandonada de Breach, en la que pareciera que quienes ingresaron buscaban documentos. “Era obvio que no entraron a robar como intentaron hacernos creer, entraron a buscar información: dejaron en el patio las televisiones como parapeto. No faltaba nada electrónico, nada con valor material, pero el piso estaba tapizado de documentos. Revolvieron todo donde tenía papeles, el colchón estaba jalado como si hubieran buscado abajo. Presentamos denuncia pero nunca se investigó”, dice Rosa María Breach, la hermana mayor de Miroslava. En estos dos años al menos cuatro testigos con identidad reservada, cuyos testimonios fueron leídos en las primeras audiencias orales y públicas, se sintieron en peligro y con la necesidad de mudarse de vivienda: dos dejaron el país: uno es familiar de la víctima; otra, la corresponsal de Proceso en Chihuahua, Patricia Mayorga, que también estaba amenazada por publicar con Miroslava una nota sobre narcocandidatos. Además, un testigo está escondido o desaparecido.  Con el caso abierto y aún no esclarecido, con uno de los criminales buscados prófugo, varios testigos han manifestado sentirse nerviosos. La próxima audiencia fue fijada hasta el 4 de noviembre de 2019, ocho meses más de lo que se estimaba. –¿Ha sido riesgoso pedir justicia? –se le pregunta a la hermana de la periodista.  –Estamos acogidos al Mecanismo de Protección porque sabemos que casos como éste son delicados.  A partir del pasado aniversario luctuoso, el gobernador Javier Corral está confrontado con los hermanos Breach Valdez, luego de que éstos revelaron que en una reunión privada el mandatario panista les dijo que ella “le pisó los callos al diablo”, como si justificara su asesinato. Antes libraron una batalla legal para hacer valer su derecho a ver el expediente del crimen, que la fiscalía local no les reconocía.  Desde enero el mandatario culpa a la familia y a periodistas que marcharon cada día 23 en memoria de Miroslava, siempre con la exigencia de que la autoridad no se conformara con la identificación de los tres involucrados que la fiscalía mencionaba como culpables, sino que se ahondara en la línea de investigación relacionada con la narcopolítica. Corral los acusa de haber apoyado la maniobra para que la PGR, hoy FGR, quitara la investigación a su fiscalía. “Creo que a quien le pisamos los callos fue a él”, responde la mayor de las Breach en la Ciudad de México al ser cuestionada sobre su relación con Corral. “Él provocó nuestras manifestaciones, esos gritos nuestros de delirio, de exigir en la plaza el derecho de ser escuchados: íbamos a la fiscalía y no nos recibían, así nos tenían. ¿Cómo dice eso a unas hermanas dolidas, cómo habla así cuando nos duele?”  Al preguntarle por los riesgos que ha pasado, en cambio, dice que sus abogadas responderán.  El miedo se percibe. La gente de Chínipas no responde llamadas de los ministerios públicos porque –mito o verdad– la gente que conoce la zona dice que los teléfonos de todo el pueblo están intervenidos por el grupo criminal Los Salazar, que controla esa franja limítrofe entre Sonora y Chihuahua, grupo que Miroslava Breach conocía bien porque ella era oriunda de esas tierras, y cuya violencia e intromisión en la política y en la vida del ayuntamiento denunciaba desde las páginas de El Norte de Ciudad Juárez y La Jornada. No sólo los testigos sienten que el riesgo se ha incrementado. Durante varios meses los vecinos escucharon ruidos nocturnos en la casa clausurada en Las Torres 1914, colonia Villas del Rey, que supuestamente debía estar custodiada por ser lugar donde la fiscalía obtuvo las pruebas clave de la identidad de los asesinos y donde el crimen se habría planeado.  El Diario de Juárez publicó el viernes 22 que el gobernador Javier Corral estuvo presente, de manera ilegal, al momento del cateo de la vivienda, lo que pondría en riesgo el debido proceso. Sin avances a la vista A dos años del asesinato de la periodista, y a pesar de la atracción de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no hay avances visibles sobre la investigación de la red narcopolítica que, se dijo, estaba detrás del crimen. Por el contrario, el móvil del homicidio pareciera que se atascó en la misma línea que planteó la fiscalía de Corral: que el crimen fue planeado y ejecutado por tres personas. El 25 de diciembre de 2017 la Policía Federal, en colaboración con la fiscalía de Chihuahua, atrapó al único detenido por este crimen: Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry,­ a quien acusa de trabajar para Los Salazar, operadores del Cártel de Sinaloa, y de haber orquestado el asesinato en venganza por las notas que revelaban el control territorial y político de sus jefes sobre Chínipas. Moreno Ochoa lleva 15 meses en la cárcel. Al principio estaba herido y sigue siendo un presunto culpable porque el juicio en su contra se fijó para el 4 de noviembre de 2019. Él habría contratado al sicario sonorense Ramón Andrés Zavala Corral, quien la mañana del 23 de marzo de 2017 disparó ocho balazos a la periodista y columnista, y que días antes de la captura de El Larry –casi nueve meses después del crimen– fue encontrado en una brecha de Sonora, asesinado a tiros.  Sigue prófugo Jaciel Vega Villa, el joven que habría transportado en su automóvil Malibú gris al tirador hasta dejarlo en la casa de Miroslava, quien estaba a punto de llevar a su hijo a la secundaria. La FGR no ha logrado siquiera la captura de este estudiante universitario que supuestamente está emparentado con Los Salazar y quien –según los ministerios públicos– se esconde en la sierra. No parece que hubiera prosperado la tesis de la narcopolítica que las propias autoridades habían señalado detrás del asesinato: con ella la fiscalía estatal inició las investigaciones y la PGR, al quitarle el caso al estado, prometió documentarla. Al principio “hubo un cambio en el discurso de Javier Corral respecto de los autores intelectuales, respecto de quiénes dieron la orden de matar a Miroslava, porque en la primera entrevista de prensa que dio, y fue al periodista Álvaro Delgado el 26 de marzo, a pregunta expresa dijo que ‘el crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica’”, recuerda la periodista chihuahuense Olga Aragón, amiga de Miroslava y quien investiga el asesinato. “Meses después el discurso cambió por completo –continúa– hasta que llegó el momento en que la palabra narcopolítica desapareció de los labios de Corral. Para el gobernador el caso ya está resuelto y superado, desde antes de marzo de 2018, con la aprehensión de El Larry, que pasó a ser autor intelectual y material. Esto en franca contradicción con otras de sus declaraciones anteriores”, dice la directora del portal 4Vientos, quien estaba propuesta para integrar la comisión de periodistas que Corral anunció el día del crimen, pero que nunca creó. El 7 de octubre de 2017 el gobernador de Chihuahua mencionó que los culpables del homicidio eran “líderes de bandas del crimen organizado que tienen a su disposición un amplio arsenal y se esconden en zonas de difícil acceso”. Agregó que, “por su capacidad de fuego”, para su captura se requería ayuda federal. Días después, El Heraldo de Chihuahua publicó que la Fiscalía General del Estado había descubierto que el Cártel de Sinaloa estaba detrás del asesinato y específicamente señalaba a tres involucrados, uno de ellos sobrino del capo José Crispín Salazar Zamorano, encargado de la plaza desde la detención de su hermano Adán Salazar Zamorano (Don Adán) y de su hijo y sucesor Alfredo Salazar Ramírez.  Para diciembre de ese año, en la audiencia de vinculación a proceso de El Larry,­ que estaba recién capturado, no fue mencionado ningún miembro del clan de Los Salazar, ya fuera como autores intelectuales o como participantes en el crimen. Jamás se volvió a mencionar al cártel. El 9 de febrero pasado la fiscalía estatal informó que nunca se vinculó el crimen de la corresponsal con Crispín Salazar y repitió que los únicos responsables fueron El Larry,­ el sicario Zavala y el universitario Vega. Sin embargo, en una entrevista con Televisa Juárez, un mes antes, Corral dijo algo que se salió del guión –frase detectada por Olga Aragón– y reveló que habría otros orquestadores del crimen:  “Quiero comentarte que el 5 de enero de 2019, cuando me entrevisté en Palacio Nacional con López Obrador en privado, le platiqué lo que estaba detrás (del crimen), le platiqué al presidente de la República la respuesta que nos dio la PGR cuando nosotros señalamos a quienes podían estar detrás del asesinato de Miroslava, además de El Larry, como autor material e intelectual, y le di muchos detalles.” En esa entrevista Corral repitió su queja contra la FGR porque no ha detenido a nadie ni ha “movido un dedo”, a pesar de que le quitó a la fiscalía de Chihuahua la investigación del asesinato que él había prometido esclarecer porque Miroslava era su amiga. Acusó a la FGR de haber querido sacar “raja política electoral”.  Políticos exonerados A punto de cumplirse un año de que la FGR atrajo el caso, tampoco ha mostrado avances en lo que anunció que ahondaría: la vinculación de políticos con el crimen. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien desde abril de 2018 se encarga del caso como titular de la FEADLE de la FGR (antes PGR), admitió en entrevista con Proceso que tampoco ha encontrado vínculos con políticos. En entrevista realizada por Patricia Mayorga, publicada el 26 de diciembre en el portal Proceso.com, el fiscal admitió que no se ha podido establecer la política como línea de investigación, aunque continuaba abierta. Esto en referencia a los panistas involucrados en la trama del asesinato; los que en junio de 2016 habrían grabado a escondidas una llamada donde el vocero del PAN, Alfredo Piñera, bajo las órdenes de José Luévano, pregunta a “Miros” quiénes son sus informantes de la nota que había publicado sobre la narcopolítica de Chínipas. La conversación después sería entregada a gente de Los Salazar por el alcalde panista Hugo Schultz.  En su columna Don Mirone del 25 de noviembre de 2016, Breach señaló como “emisario del narco” y como amenazador de periodistas a Schultz –quien de alcalde pasó a funcionario del gobierno de Corral. Desde el 5 de marzo, repetidas veces Proceso solicitó una nueva entrevista con el fiscal para conocer sus avances para este reportaje, pero no la concedió.  La periodista Patricia Mayorga, desde su exilio, cuestionó que en México se diga que el caso ha sido esclarecido y planteó las dudas que aún quedan, como éstas: ¿quién puso a los narcocandidatos que ella y Miroslava habían denunciado, cuya publicación les valió una amenaza y el interrogatorio y grabación de los panistas? ¿Por qué no se han investigado las estructuras de la narcopolítica en la sierra? ¿Por qué quienes las grabaron (Luévano, luego secretario de Corral, el alcalde Schultz, el vocero Piñera) no alcanzaron siquiera una sanción administrativa? ¿Quién ordenó el crimen?  En conferencia de prensa el viernes 22, la representante de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores, dijo que aunque el titular de la FEADLE les ha comentado a ella y a la organización Propuesta Cívica, encargadas del acompañamiento y defensa de la familia Breach, que sí tienen avances en la investigación, no están contentas con los resultados obtenidos.  “No podemos abundar en detalles por resguardo de la investigación. Sabemos que sí hay avances, que sí hay mecanismos que se están implementando por parte de la fiscalía federal, que sí hay actividad constante en el proceso. No podemos decir que estamos contentas hasta que no tengamos resultados. Falta mucho para tener resultados”, dijo. El único avance visible es que el paso de la investigación al fuero federal frenó que el caso cerrara con la teoría de los tres asesinos (uno muerto, otro prófugo y el otro todavía tiene que ser juzgado). Sara Mendiola, la directora de Propuesta Cívica, anunció que si el crimen no se resuelve en tribunales mexicanos, llevarán el caso a instancias internacionales. Este reportaje se publicó el 24 de marzo de 2019 en la edición 2212 de la revista Proceso.