Cuando la justicia militar devora a los hijos del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, general Luis C. Sandoval, deberá tomar en los próximos días una decisión que podría marcar parte de su gestión. Se trata del reconocimiento de inocencia del general brigadier Ricardo Martínez Perea, quien vivió 15 años preso sin que la justicia militar demostrara su responsabilidad del delito de delincuencia organizada que le endilgaron el expresidente Vicente Fox y su procurador, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

Fue un caso más de consigna que ha definido a la justicia militar en México, en la que el Tribunal Supremo de la Justicia Militar (TSJM) obedece las órdenes de su superior, el jefe del Ejército, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si hay un ejemplo de falta de autonomía e independencia de los jueces es el de los tribunales castrenses.

En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció públicamente al último general táctico del Ejército mexicano, el general Martínez Perea. Lo acusó desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico.

El expresidente buscó un golpe de efecto que distinguiera a su gobierno, que se había iniciado con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La justicia militar cumplió al pie de la letra la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y condenó al general a 15 años de prisión, tal y como lo había anunciado el gobernante sin que mediara un proceso judicial.

Pese a las irregularidades procesales y de que su supuesto protegido, Gilberto García Meza, El June, obtuvo su libertad por violaciones al debido proceso, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit.

Pasó varios años de prisión junto a delincuentes que él mismo había detenido. El 5 de abril de 2016, salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías.

A sus 73 años, sigue con su batalla legal para que la Sedena le reconozca su inocencia, además de que interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Durante el proceso penal, el TSJM se negó a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y el procurador General de la República, el general retirado Macedo de la Concha.

La única prueba en su contra fue un anónimo que lo acusó de proteger al cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, que entonces estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esa acusación fue desechada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México y declaró “la prueba” y todo el proceso penal inconstitucional al revisar el caso de uno de los coacusados del general, el capitán Pedro Maya, quien ya está reintegrado en la Sedena.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia por parte del general Martínez Perea es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos. Sobre todo, la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido.

Quería cumplir medio siglo como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.

Su hoja de servicios al Ejército incluye 29 reconocimientos por escrito de la secretaría de la Defensa Nacional; paradójicamente, por sus aseguramientos de droga, dinero y bienes a narcotraficantes. La mayoría, en Tamaulipas.

De nada valieron cuando sobre el general cayó la consigna y fue acusado junto con dos de sus oficiales de “delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera con el narcotráfico”.

Pese a todas las evidencias, el TSJM ha evitado con argucias legales echarse para atrás en el caso del general. En los próximos días tendrá que pronunciarse en definitiva. Si acepta, tendría que pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que otorgue el reconocimiento. Sería tanto como reconocer que actuó por consigna. En caso contrario, el caso pasaría a tribunales civiles, pero habrá marcado la gestión del general Sandoval.

@jorgecarrascoa

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