MONTERREY, N.L. (apro).- Más de 500 reos fueron trasladados a penales federales en un macrooperativo en el que incluso debieron ser detonadas granadas de humo, para someter a los internos que se resistían a la reinstalación. En conferencia de prensa para explicar la acción emprendida por el gobierno de Nuevo León, en coordinación con autoridades federales, Manuel González Flores, secretario general de Gobierno explicó que en total fueron 501 internos de fuero común y federal los excarcelados durante la media noche y la madrugada de hoy, y enviados a penitenciarías federales. De ese total, 461 son varones que fueron enviados al Centro de Readaptación Social Federal 18, en Ramos Arizpe, Coahuila, y 40 mujeres, al 16 de Morelia. Explicó que en un anterior traslado fueron removidos 657 reos. El propósito es enviar a instalaciones de otros estados un total de mil 500 reclusos, cifra que será completada en operativos próximos. Entre estos dos movimientos, hubo reinstalación de mil 90 reclusos entre los penales estatales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta. Los traslados generaron molestia en familiares de los internos, que se quejaron de los movimientos, pues algunos del fuero común también fueron llevados a la penitenciaría del vecino estado. Por la mañana se escucharon algunas detonaciones en el interior del Topo Chico, que provocaron alarma en el exterior, aunque se mencionó que los estruendos eran provocados por el estallido de bombas de humo y de gas lacrimógeno para someter a los que se negaban a ser trasladados. Afuera de este reclusorio, algunos familiares inconformes hicieron sonar la reja de entrada, como una forma de protesta por los traslados imprevistos. Sin embargo, el secretario general de gobierno dijo que no hubo incidentes en el traslado, para el que se emplearon 19 autobuses, un avión y mil 565 elementos de la Policía Militar, Policía Federal, Fuerza Civil y de seguridad penitenciaria. Por su parte, el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó su preocupación debido a la posible vulneración de los derechos de los internos trasladados esta madrugada, pues no se cumplieron los requisitos de procedimiento para moverlos a otros estados. La asociación civil recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal considera indispensable para los traslados la autorización de un juez y los familiares no han recibido información clara sobre el destino de los internos reubicados, lo que puede haber sido un atropello al marco jurídico. En marcha, ampliación de penales González explicó que desde el inicio de la presente administración han sido enviados reos a otros penales del país con la intención de despresurizar los que hay en la entidad. Actualmente, con la construcción en marcha de 350 nuevas celdas en el penal de Apodaca, que serán entregadas a mediados del presente año, y una cantidad igual que serán edificadas en el de Cadereyta, ya se consiguió aliviar la sobrepoblación de las instalaciones en Nuevo León que ahora registran un 12% menos de ocupación en cada uno, dijo el funcionario. La inversión planeada es de mil 800 millones de pesos, y albergará a unos 2 mil reclusos más. González reconoció que los penales tienen áreas suficientes para expandirse, por lo que nunca fue necesario construir otro penal, como el que se planeó en la pasada administración de Rodrigo Medina de la Cruz, que comenzó a ser construido en Mina y luego fue abandonado, tras una inversión de más de 4 mil millones. De igual manera, ya se programó para mediados del 2021 el cierre del Penal del Topo Chico, que será cerrado de manera definitiva luego de 80 años de funcionamiento. Actualmente hay un total de 7 mil 70 internos en los tres penales de varones, el femenil y el de adolescentes, informó.