CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó sobre la situación de riesgo que corren defensores de la tierra y el medio ambiente en México, de manera particular mujeres defensoras, con 38 homicidios registrados en los últimos ocho años. Al exigir que en los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador --Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en Veracruz-- se realicen consultas entre los pueblos indígenas, apegadas a los estándares internacionales, González Pérez consideró “alarmante” que de 96 medidas cautelares emitidas por la CNDH el año pasado, 45 estuvieron dirigidas a proteger a defensoras de derechos humanos. Durante su participación en el Seminario Internacional sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Tierra y del Medio Ambiente, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ombudsman destacó que en Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, “la multiplicación de proyectos de desarrollo y el acaparamiento de tierras han generado conflictos con las comunidades indígenas, quienes tienen el derecho a preservar y defender su entorno, creencias y cultura”. De igual manera, hizo un llamado para proteger la labor de personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el medio ambiente, y ante todo acabar con la impunidad que impera en la mayoría de los casos. Al considerar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, no es suficiente para proteger a esos gremios, manifestó que “el mejor antídoto que podemos tener como país es abatir la impunidad (…) eso es lo que realmente resolvería de tajo la problemática”. Agregó: “Los mecanismos ayudan, pero no resuelven; previenen, sí, pero no son suficientes mientras no se vea la voluntad política de que hay responsables siendo procesados y sentenciados”. Sobre los proyectos de infraestructura del actual gobierno, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, pidió que “se implementen consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe, y diferenciarlas de lo que son las consultas de consideraciones políticas”. González Pérez puntualizó que en ambos casos el gobierno federal está obligado a dar a conocer ampliamente los proyectos, para que las consultas cumplan con los estándares internacionales y se apeguen al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México. El ombudsman consideró que en la protección de los defensores de derechos humanos y territorio las empresas también tienen obligaciones internacionales considerados “en principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU”.