Descifrando a AMLO, el justiciero

AMLO y las campañas negras en su contra. Foto: Germán Canseco AMLO y las campañas negras en su contra. Foto: Germán Canseco

A la memoria de Luis Donado Colosio, a 25 años de su asesinato

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la agenda axiológica del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un punto nodal: la justicia. Acompañada de un adjetivo, ocupa un lugar preeminente: la justicia social –distributiva, la llamó Aristóteles– es junto con el combate a la corrupción su principal compromiso. Pero eso no quiere decir que no le dé importancia a la justicia “universal”, es decir, a la que se debe otorgar en los juzgados. Y es que ahí también entra en juego el ingrediente clasista, porque al rico y al pobre no se les suele juzgar igual; a uno se le prodiga benevolencia y al otro dureza. Más aún, el entrecruzamiento de ambos tipos de justicia en el pensamiento de AMLO es asaz interesante, pues le asigna un papel central a las corruptelas en el amasamiento de fortunas. En una de sus conferencias mañaneras, en efecto, le enmendó la plana al marxismo al declarar que la acumulación del capital mexicano no viene de la explotación del burgués sobre el proletario, sino de la corrupción. Excesos retóricos aparte, no es aventurado sostener que, para AMLO, deshacerse de los corruptos es parte de la brega contra la desigualdad.

La duda se impone: ¿entonces por qué se empeña en dar amnistía a los políticos que nos saquearon? Las razones que esgrime son pragmáticas; dice que investigarlos le quitaría tiempo y que podrían desestabilizar el país. El argumento no resiste un análisis serio. Ese temor era fundado en la transición a la democracia de Argentina –la frase que AMLO usa a menudo, “el punto final”, remite a la ley que impulsó Alfonsín para amnistiar a quienes participaron en la guerra sucia– porque allá los militares sí tenían la fuerza para asestar otro golpe de Estado. En México ningún expresidente tiene ese poder, y menos frente a un mandatario con la legitimidad y popularidad de AMLO. Específicamente, a Enrique Peña Nieto, cuyos presuntos delitos no han prescrito, no lo defendería ni su partido. Si la mayoría de los votos de AMLO se explican por el rechazo a la corrupción, ¿por qué no quiere acatar ese mandato?

Mucho se ha conjeturado sobre un supuesto acuerdo para que EPN no metiera las manos en el proceso electoral (contra AMLO, porque contra Anaya sí las metió) a cambio de dejar impunes sus pillerías, pero me parece que el principal freno fue un atavismo ideológico. AMLO conserva, como muchos izquierdistas de viejo cuño, un chip marxista que le hace desconfiar de un aparato de justicia diseñado para proteger los intereses de la burguesía. Lo ha dicho con todas sus letras: no vale la pena desgastarse en largos pleitos legales cuando los corruptos tienen muy buenos abogados y pueden comprar a los jueces. Por eso es renuente al ejercicio de la acción penal. Y por eso es proclive al escarnio en la plaza pública o, para actualizar el término, a fustigar con el repudio de las benditas redes sociales a quienes se robaron dinero o elecciones. Ese castigo es expedito, y con él se ahorra la monserga de litigar en un terreno que no es el suyo (quizá debería explorar la figura de los Tribunals of Enquiry, para que en lugar del linchamiento tuitero la sanción fuera el escarmiento mediático precedido de un juicio formal). El problema es que su enfática y madrugadora reiteración del cochinero que encuentra cada vez que abre un cajón del sexenio anterior sólo aumenta la indignación de la gente y su exigencia de meter a los peñanietistas a la cárcel. La transparencia que pregona, pues, aumenta día a día la demanda popular de hacer lo que no quiere hacer.

Si estoy en lo cierto, varias preguntas son obligadas. Y la reparación del daño patrimonial, la devolución al erario de los recursos de los mexicanos que esos ladrones se llevaron en sus alforjas, ¿cómo se logra si no en un proceso judicial? Y el antídoto esencial contra la corrupción –la ruptura del pacto de impunidad al más alto nivel–, ¿cuándo se va a dar si no es ahora? Y si todo está putrefacto, y puesto que es posible (aunque erróneo) dar un portazo a la sociedad civil pero no lo es cerrar cuanta dependencia esté corrompida, y dado que el Ejército no puede ni debe hacer todo, ¿con qué medidas se va a depurar la burocracia? Entiendo, por otro lado, la animadversión de AMLO hacia los tecnócratas, pero los técnicos se cuecen aparte y la administración pública los necesita. También comprendo y comparto el rechazo al neoliberalismo, pero estoy consciente de que hay un entorno global que castiga a quienes se desvían de los cánones de la ortodoxia, y de que el fin del periodo neoliberal (habría que definir con precisión en qué consiste, por cierto) no se puede decretar sin una sofisticada estrategia internacional.

Vuelvo a la ideología. La sabiduría está hecha de matices, y el renacimiento de México es tan deseable como complejo. Si bien AMLO tiene razón al marchar con el estandarte justiciero por delante, su visión de la economía política es, a juicio mío, cuestionable. Para empezar, el debate de hoy ya no es entre Smith y Marx, sino entre Hayek y Keynes, y la desigualdad no se contrarresta reemplazando la lucha de clases con la confrontación entre la tecnocracia y la 4T. Afirmar que nuestra corrupción nace con los gobiernos neoliberales es, por lo demás, redimir al irredimible viejo PRI. A todos los corruptos, pasados, presentes y futuros, hay que enjuiciarlos. Y al injusto sistema económico hay que cambiarlo gradual y estratégicamente. De otro modo lo único que podrá renacer, y con mucha dificultad, será la esperanza.

@abasave

Este análisis se publicó el 24 de marzo de 2019 en la edición 2212 de la revista Proceso.

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