BOGOTÁ (apro).- El Grupo Internacional de Contacto (GIC), integrado por la Unión Europea y algunas naciones latinoamericanas, afirmó este jueves en una declaración que la única forma de resolver la crisis venezolana es realizando nuevas elecciones presidenciales en condiciones de transparencia y equidad y “tan pronto como sea posible”. Tras una reunión en Quito que presidieron los cancilleres de la Unión Europea, Federica Mogherini, y de Ecuador, José Valencia, el GIC condenó además la inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso la Contraloría de Venezuela al autoproclamado presidente interino de ese país, Juan Guaidó. Esa fue una “decisión política” que “no considera el debido proceso” y demuestra “la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales” en Venezuela, donde es “urgente” restaurar la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, agregó la declaración. Mogherini condenó en una rueda de prensa la inhabitación a Guaidó --decretada por el contralor oficialista Elvis Amoroso por supuestamente recibir dinero de “instancias internacionales” para viajes al exterior-- y dijo que ese tipo de acciones afectan los esfuerzos para buscar una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. La cita del GIC, a la que además asistieron representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Bolivia, Costa Rica, Chile, Uruguay y el Caricom, evaluó los resultados de los grupos de trabajo creados por ese bloque en su primera reunión, el mes pasado: el de asistencia humanitaria y el de elecciones. En la declaración, que fue firmada por las delegaciones europeas y por sólo tres países de América Latina (Ecuador, Costa Rica y Uruguay), el grupo señaló que las nuevas elecciones presidenciales deberían ser producto de un acuerdo entre todos los actores políticos venezolanos, según una hoja de ruta que incluya la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Unión Europea y medio centenar de países consideran “ilegítimas” las elecciones presidenciales de mayo de 2018 en las que el mandatario Nicolás Maduro logró su reelección ya que, según han denunciado, organismos del Estado controlados por el gobernante inhabilitaron a las principales figuras y partidos de la oposición y utilizaron los programas sociales para coaccionar el voto. De acuerdo con el GIC, un nuevo proceso electoral tendría que realizarse en línea con estándares democráticos internacionales y todos los posibles candidatos y partidos políticos deberían poder participar. Además, se requiere “una actualización completa del registro electoral” y permitir el despliegue de misiones internacionales que observen el proceso, agregó la declaración. El Grupo Internacional de Contacto, creado el mes pasado en Montevideo y del cual México declinó formar al considerar que el diálogo en Venezuela no se debe condicionar a la realización de elecciones, dijo estar preparado para ayudar a ese país con medidas de fomento de la confianza entre las partes, observadores y auditorías electorales. Lo primero, señaló, es “implementar un acuerdo que dé lugar a elecciones creíbles, libres y transparentes”, e instó al gobierno de Maduro a dar pasos en esa dirección. De acuerdo con el bloque europeo y latinoamericano la crisis “múltiple” que afecta a Venezuela “solo puede tener una solución política, pacífica, democrática y entre venezolanos, excluyendo el uso de la fuerza, a través de la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible”. Además, expresó su preocupación por el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos, en particular mujeres, niños, ancianos y pueblos indígenas, debido a la falta de alimentos, sanidad y servicios básicos. También expuso su compromiso a movilizar asistencia humanitaria a Venezuela, de acuerdo con los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, en plena conformidad con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema. El GIC instó “a todas las partes” a respetar la imparcialidad, neutralidad e independencia de la ayuda humanitaria y de las organizaciones humanitarias”. También se dijo preocupado “por la magnitud y gravedad del impacto de la actual crisis en los derechos humanos” El bloque condenó el arresto del jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, ocurrido la semana pasada, y aseguró que ese hecho “exacerba una situación ya de por sí tensa”. Además, pidió la “inmediata e incondicional” liberación de todos los presos políticos del régimen de Maduro. El GIC señaló que mantiene un diálogo permanente con todas las partes en conflicto en Venezuela y con países de la región interesados en buscar una salida pacífica y democrática a la grave crisis que vive esa nación.