Según analistas, más que una cédula de identidad el Carnet de la Patria –establecido en Venezuela hace poco más de dos años– es el Big Brother imaginado por George Orwell en su novela 1984: la información contenida en el documento electrónico permite condicionar las ayudas sociales, califica a los ciudadanos como “confiables” o “disidentes” y vigila los hábitos de consumo y los comportamientos políticos. CARACAS (Proceso).- Cuando el profesor de la estatal Universidad Central de Venezuela (UCV) y consultor en asuntos de innovación Ignacio Ávalos comenzó a estudiar la plataforma tecnológica del Carnet de la Patria y la base de datos confidenciales que se estaba creando con este documento, implantado por el gobierno para administrar las ayudas sociales, pensó en el autor británico George Orwell. “Enseguida me vino a la mente 1984 (la novela de Orwell en la que un Big Brother o Gran Hermano vigila y regula la vida de la gente), y cada día me convenzo más de que vamos hacia ese modelo de control social, aunque en un entorno informático propio del siglo XXI”, dice Ávalos a Proceso. El profesor, sentado con discreción en una mesa esquinera en una cafetería de esta ciudad, afirma que el Carnet de la Patria “es el comienzo de un sistema de vigilancia que se está desarrollando en Venezuela con tecnología china”. Es algo “que todavía está en pañales, pero que el gobierno usa, en estos momentos de crisis, para administrar las políticas de ayuda social que tienen que ver con la alimentación, con la vivienda y con las medicinas”, agrega el expresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro instauró el Carnet de la Patria hace dos años y dos meses, en enero de 2017, con el propósito “de llevar la protección social directamente a todo el pueblo venezolano, sin intermediarios”. Se trata de un instrumento de identificación vinculado a una base de datos que manejan y administran el gobierno y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cada usuario del sistema tiene una credencial con su fotografía y sus datos básicos en la parte frontal y un código QR en el reverso, que se puede escanear desde cualquier celular inteligente. Alguien que no tenga el Carnet de la Patria no puede acceder a las ayudas del gobierno, que son decisivas para sobrevivir en un país donde el salario mínimo mensual equivale a 5.45 dólares. Según el último reporte del gobierno, en enero pasado cerca de 19 millones de venezolanos contaban ya con esa identificación, lo que equivale a 60% de la población del país. La plataforma tecnológica que concentra y procesa la información personal de los usuarios del sistema, fue desarrollada por el gigante chino de soluciones informáticas ZTE, que trabaja con el gobierno venezolano en la administración de la base de datos, o big data, como se conoce el análisis computarizado de datos a gran volumen para fines empresariales. Y también políticos. Una investigación del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la UCV encontró que la base de datos del Carnet de la Patria pide a quienes se inscriben en el sistema información sobre sus bienes inmuebles, empleo, filiación política, número de celular, uso de subsidios estatales, cuentas en redes sociales, enfermedades y participación en elecciones. “En los cuestionarios que la gente debía llenar para obtener el carnet preguntaban cosas que uno no entiende: si tenían mascota y, en caso afirmativo, cuál era el nombre de la mascota. Uno pensaría que eran preguntas distractoras, para conducir a otras”, señala el director del Cendes, Carlos Walter. Según el académico, Maduro convirtió el Carnet de la Patria en una identificación obligatoria para recibir las bolsas de víveres que entrega el gobierno una o dos veces al mes, los bonos familiares y hasta las viviendas de interés social. Walter señala que una característica inusual de ese sistema es que lo manejan los organismos de base del PSUV –el partido de gobierno–, como las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, los Consejos Comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que reparten la ayuda alimentaria y “controlan” por cuadra, manzana y edificio el aparato clientelar del chavismo. Para recibir la bolsa CLAP –que tiene víveres como aceite, harina de maíz, arroz, pasta, leche y azúcar y que alivia el hambre de millones de venezolanos—, los beneficiarios deben presentar su Carnet de la Patria. También los que aspiren a recibir los bonos Hogares de la Patria (3 dólares mensuales por cada familia de cuatro miembros), Chamba Juvenil (1.36 dólares al mes a jóvenes en busca de empleo) y los que son esporádicos, como los bonos de Carnaval, del Día de la Mujer o del Día de Reyes, que son de entre 3 y 6 dólares y cuyo número de beneficiarios varía en cada entrega. “La gente sabe”, dice Walter, “que no puede hacer reclamos o quejarse del gobierno porque, si lo hace, los comités del PSUV los sacan de la posibilidad de tener ese beneficio”. Este psiquiatra por la Universidad de París y experto en políticas públicas, plantea que luego de las investigaciones realizadas por el Cendes no tiene duda de que el Carnet de la Patria “es un mecanismo de control político y social” desarrollado por ZTE. Explica que cuando el gobierno lanzó el Carnet de la Patria abrió varios puntos de inscripción en todas las ciudades del país, tanto en plazas públicas como locales del PSUV y oficinas gubernamentales, porque “dio una importancia muy grande al registro de empleados públicos”. A los investigadores del Cendes, indica, les llamó la atención que a pesar de que “era supuestamente un sistema para mejorar la eficacia de los programas sociales, la mayoría de las preguntas no eran sobre ese tema sino sobre preferencias y gustos personales”. También el ingeniero electrónico y especialista en comunicación de datos Carlos Machado, quien ha estudiado la metodología de registro del Carnet de la Patria, considera que “está orientada a crear una base de datos que permita, con la tecnología big data, establecer patrones de conducta de los ciudadanos para tomar decisiones de carácter político”. Esto, asegura, “es mucho más que un sistema de administración de subsidios sociales y se parece más a un mecanismo de control poblacional en el que las ayudas se condicionan, de manera explícita o implícita, a que el big data te clasifique como políticamente confiable o potencialmente disidente, según la información que tú mismo entregaste o la que vayan recopilando sobre ti los comisarios políticos”. Para Ávalos, el sistema “es muy orwelliano, sin exageración, porque tienes un partido con información sobre tu comportamiento político y te vigila, como el Big Brother de 1984”. El uso electoral Andreína es una mujer que vive en el Barrio 23 de Enero, de Caracas, un sector tradicionalmente chavista en el que ha crecido la inconformidad con el gobierno de Maduro en los últimos años. Ella forma parte del amplio grupo de venezolanos que se consideran independientes y no están con el chavismo ni con la oposición. Pero desde mediados de 2017 tiene el Carnet de la Patria. “Aquí en el barrio todos lo sacamos. El PSUV organizó todo, puso mesas, computadoras y nos registró. Como somos pobres y era un nuevo requisito para las bolsas CLAP, sólo unos pocos pusieron reparos, pero eso fue al principio, después ya no”, relata. Por medio del Carnet ella recibe una ayuda mensual de 3.75 dólares para su familia, de cinco miembros; un par de bolsas CLAP, y en ocasiones alguno de los bonos extraordinarios que decreta Maduro. Su esposo, Juan, es profesor de danzas tradicionales venezolanas y recibe, también a través del Carnet de la Patria –que además funciona como monedero electrónico–, un subsidio de 5 dólares al mes como “cultor popular”. Juan critica en privado la situación económica y social del país y le cree “algo” a Maduro cuando el presidente culpa de la crisis a “la guerra económica” que le hacen al país Estados Unidos y “la derecha” venezolana, como se refiere con frecuencia a la oposición. Pero Andreína y Juan no estaban motivados para ir a votar en los comicios presidenciales de mayo de 2018, en los cuales Maduro obtuvo oficialmente la reelección. “No había entusiasmo, la gente decía que se iba a quedar en sus casas, pero entonces los (dirigentes) chavistas del barrio dijeron que si queríamos seguir recibiendo las bolsas CLAP y los bonos había que salir a votar”, cuenta Andreína, quien habla con Proceso a condición de que no se mencionen sus apellidos ni se le tomen fotografías. El 20 de mayo de 2018, día de las elecciones, el PSUV instaló “puntos rojos” en las afueras de todos los centros de votación del país, algo que prohíbe la ley. Bajo unos toldos, militantes chavistas recibían a los usuarios del Carnet de la Patria que acudían a votar. Checaban sus listas, palomeaban sus nombres y escaneaban con sus celulares el código QR de los documentos de identidad. De esta manera comprobaban que habían acudido a votar. Andreína asegura que a ella no le dijeron por quién votar, pero agrega: “Preferí no arriesgarme a perder las ayudas y voté por Maduro”. Juan hizo lo mismo. Los dos creen que el gobierno sabe por quién votan los ciudadanos. En cambio, una joven que vive en el barrio Catia, que prefiere no dar su nombre y que tiene Carnet de la Patria, cuenta que el día de los comicios ella fue a un “punto rojo” en el cual los comandos chavistas le escanearon el documento, pero que no votó por Maduro. “Ni loca, y a mí me siguen llegando mis bonos (de un programa juvenil)”, asegura. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), una organización civil que con base en muestreos y fiscalización directa ha avalado la mayoría de los comicios realizados en el país en los últimos años, impugnó el proceso en el cual resultó reelecto Maduro. No sólo lo hizo porque los principales líderes opositores y sus partidos fueron inhabilitados y por el uso de recursos públicos en la campaña oficial, sino por el uso del Carnet de la Patria como “dispositivo de coacción”. En un informe, la OEV señala que aunque la presentación del Carnet de la Patria se hizo en forma voluntaria en la mayoría de “puntos rojos” chavistas, “en casi todos los casos estuvo asociada al pago de bonos”, y esto “fue utilizado para inducir a los electores a votar de determinada manera, atentando de esta forma contra la libertad del elector”. Ávalos, quien es director del OEV, sostiene que no hay manera de que el gobierno pueda saber por quién votan los electores, pero señala que el mismo presidente y funcionarios chavistas se encargan de “dejar en el terreno de la duda” si eso es posible o no, porque “nunca salen a desmentirlo, ni ellos ni la autoridad electoral que ellos controlan”. Indica que en los comicios en los que resultó reelegido Maduro, que fueron desconocidos por medio centenar de países, el hoy presidente venezolano obtuvo oficialmente 30% de los votos sobre el total de electores. “Muchos de esos votos”, afirma el académico, “estuvieron amarrados políticamente a la vivienda que da el Estado, a las bolsas de comida, al empleo público, a los bonos. Es decir, al Carnet de la Patria, que es la institucionalización de un mecanismo autoritario en el que el chavismo les dice a los venezolanos: ‘Yo con esto te controlo y te vigilo, así que, cuidadito con lo que haces’”. No duda de que lo que está usando Maduro para consolidar este sistema es “tecnología china, que es la más avanzada del mundo para el propósito de aplicar castigos y recompensas políticas a los ciudadanos”. “Orwell”, agrega Ávalos, “era un genio que anticipó el big data. Y aquí estamos frente a una versión criolla de la digitalización de la política, sin la cual no hubieran ganado el Brexit ni Trump ni Bolsonaro”. Para él, Maduro está en ese mismo camino porque tiene un país devastado social y económicamente, “y su único proyecto es seguir gobernando”. Maduro ha dicho, en cambio, que sus críticos han querido “demonizar” el Carnet de la Patria a pesar de que es un instrumento para llevar ayuda social a los más pobres. “¿Por qué pretenden criminalizar a la gente humilde que participa en las maquinarias de movilización?”, dijo el mandatario en medio de la campaña electoral del pasado mayo. Y los seguidores del gobernante destacan que ese sistema beneficia por igual a chavistas, independientes y opositores, ya que los casi 19 millones de venezolanos que están en la base de datos triplican con creces los 6.2 millones de votos que obtuvo Maduro en los comicios del año pasado. Este reportaje se publicó el 24 de marzo de 2019 en la edición 2212 de la revista Proceso.