Encinas reconoce escalada de violencia contra defensores de derechos humanos

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Foto: Eduardo Miranda El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesinato de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país es un asunto delicado, y quienes se dedican a esa actividad padecen una escalada de violencia, admitió hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El pasado 27 de marzo fue asesinada Eulolia Lila Díaz, dirigente del Concejo Indígena del Trueque en el Estado de México, y tres días después (el 30 del mismo mes) fue ejecutado Abiram Hernández. Con esas dos muertes suman más de 10 los activistas victimados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que justo este lunes cumple cuatro meses de haber iniciado.

Tras considerar que la situación es delicada, Encinas expuso que la mayor parte de las víctimas no estaban incorporadas al Mecanismo de Protección, ni habían alertado de incidencias de riesgo en las que pudieran encontrarse.

“Creo que lamentablemente se ha dado una escalada de violencia en la que necesitamos urgentemente no sólo que las personas que se dedican a la protección o defensa de derechos humanos estén más alertas ante situaciones, (sino que) establezcan comunicación directamente con nosotros y también trabajar con gobiernos de los estados donde, estoy convencido, hasta ahora no se ha hecho el esfuerzo para enfrentar esta situación”, soltó.

El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación reconoció que en la mayoría de los casos las personas asesinadas se oponían a algún megaproyecto de infraestructura o política pública, inclusive del orden federal.

Entrevistado en Palacio Nacional, poco antes de participar en una reunión del gabinete de seguridad, el exmandatario capitalino añadió:

“Aquí pueden cruzarse dos móviles: el de la gente que defiende o tiene expectativas en el desarrollo de los megaproyectos, o de autoridades que justamente estén enfrentando a quienes no apoyen el desarrollo de estas obras”.

Según el funcionario, el gobierno de López Obrador no tendrá tolerancia a casos de esta naturaleza, y se comprometió a llegar a fondo en las investigaciones que, tanto en el fuero común como en el federal, no tienen cerrado hasta ahora ningún caso.

Encinas consideró que es importante hacer una revisión y un rediseño tanto del mecanismo de protección como de la legislación vigente, como lo han solicitado organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Comité Cerezo México.

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