CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva ola #MeToo comenzó el 21 de marzo y ya provocó la destitución del director de un medio, la cancelación de la presentación de un libro y una banda separó a su guitarrista del grupo. El movimiento también se vio sacudido por el suicidio de Armando Vega-Gil, bajista de la banda mexicana Botellita de Jerez, luego de ser acusado anónimamente en la cuenta de Twitter @metoomusicamx. Desde hace diez días, una marea de denuncias de mujeres que decidieron compartir sus casos de manera pública o anónima en redes sociales derivó en un movimiento para visibilizar una problemática en el país: el acoso y abuso sexual en el mundo de las letras, el periodismo, la publicidad, la academia, la música y la política. El uso del anonimato para la denuncia de presuntos agresores dividió opiniones sobre el movimiento. Los críticos alegan que se necesita llevar los casos ante la justicia que, con el anonimato, pierden credibilidad las acusaciones y se puede desprestigiar a personas inocentes; los defensores señalan la impunidad en los casos y el derecho de las víctimas a expresar su dolor de manera anónima, y que es una herramienta de protección ante posibles represalias. “Es el aspecto más problemático de este movimiento. Se entiende el anonimato cuando son casos de mujeres que pueden perder el trabajo, cuando están en contacto con el agresor. Pero si es una violación se tiene que ir al Ministerio Púbico, ahorita que está muy fuerte el movimiento se puede crear una red de acompañamiento, juntar las denuncias contra una persona e ir al Ministerio Público”, dijo la profesora de estudios de género, Lucía Melgar Palacios. Para la vocera de la red Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), creada este año para exhibir el fenómeno del acoso en los medios de comunicación, y que reaccionó al movimiento #MeToo publicando denuncias con la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos, no se debe poner en tela de juicio a las denunciantes que optan por el anonimato porque no tienen otra salida ante la falta de acceso a la justicia. Aseguró que en su página solo publican los casos en que las supuestas víctimas son las propias denunciantes. “Las denuncias tienen que ser de una víctima directa, no por terceros. Creemos en ese testimonio. Defendemos el anonimato por la situación tan delicada que implica vivir en un país con estos niveles de impunidad como México. Fuimos puliendo el filtro poco a poco, fuimos descartando casos. Venían muchas denuncias de relaciones tóxicas, entonces esas sí las descartábamos, les explicábamos que de lo que se trataba era de que fueran denuncias en un contexto laboral”, dijo la vocera de PUM. La muerte de Vega Gil encendió más el debate. En la carta en la que anuncia su suicidio, el músico asegura que no responsabiliza a nadie de su decisión de quitarse la vida, pero dice que fue orillado a ello porque su carrera se iría en picada por las acusaciones en su contra del presunto acoso de una menor. “No se culpe a nadie por mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre pensada”, escribió en Twitter. “La denuncia que se hace en #MeTooMusicosMexicanos es anónima y quien la lanza en redes está en su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió”, dice la carta de quien era uno de los fundadores de Botellita de Jerez. La cuenta desde donde fue señalado Vega Gil @metoomusicamx fue dada de baja el lunes 1 de abril por varias horas, junto con decena de acusaciones contra otros músicos. Aunque horas después volvió a estar disponible. “Hemos recibido múltiples ataques contra la cuenta y el día de hoy, tras un intento de hacking, finalmente han logrado vulnerar la seguridad. Debido a la sincronía de este evento con la lamentable muerte de uno de los acusados, Armando Vega Gil, creemos que se trata de un intento de censura”, señalaron los administradores de la cuenta en un comunicado. https://twitter.com/metoomusicamx/status/1112799336260354049 “El suicidio de Armando Vega Gil es responsabilidad de Armando Vega Gil”, remataron. Desde la cuenta oficial del Fondo de Cultura Económica (FCE) que dirige el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II se publicó un polémico tuit lamentando la muerte del músico y estigmatizando el movimiento #MeToo. “Lamentamos profundamente la muerte de Armando Vega Gil, fiel amigo y compañero de muchos que aquí trabajamos. Sea un útil recordatorio para que las justificadas denuncias de acoso, machismo y violencia en contra de las mujeres no se conviertan en una persecución irresponsable”, dice el tuit que sumaba decenas de comentarios en contra de que desde una institución del Estado se tomara partido en un caso tan delicado. https://twitter.com/FCEMexico/status/1112801995377840130 También con la etiqueta #MeTooMúsicosMexicanos fue señalado el guitarrista de la banda División Minúscula, Efrén Barrón, por seis mujeres de distintos delitos como presunta violación, intento de homicidio y acoso. Como consecuencia fue expulsado del grupo. “No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscaré ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice”, escribió el músico en su cuenta de Twitter @efrenbaron. Este lunes continuó el apoyo de decenas de mujeres y hombres al movimiento, pues lo que había sido silenciado en las redacciones de los periódicos, en los estudios de grabación, en las aulas y las oficinas encontró salida en Twitter ante la falta de acceso a la justicia de las víctimas que denuncian y protocolos en las instituciones, para que las personas puedan desempeñar sus labores en espacios libres de violencia. “Las personas que han tratado de denunciar casos de acoso ante el ministerio público se enfrentan a un sistema judicial que no funciona, que no le cree a la mujer, donde piden testigos y no hay protección alguna para los testigos. La persona que está denunciando se queda sola y es su palabra contra la palabra del agresor”, dijo Melgar Palacios. El hostigamiento y el acoso sexual son figuras jurídicas previstas en los artículos 10 y 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley Federal del Trabajo se abordan en el artículo 30. Bis; y en el Código Penal federal en el artículo 259 Bis que establece una sanción de “hasta de ochocientos días de multa” a quien aproveche “su posición jerárquica de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación” para acosar sexualmente a otra persona. Mientras que el artículo 260 del Código Penal Federal señala que se impondrá una pena de seis a diez años de prisión, y hasta doscientos días multa, a quien cometa un delito de abuso sexual. A pesar de la vasta legislación, las estadísticas muestran que las personas víctimas de estos delitos no denuncian. De 2015 a la fecha se han denunciado 7 mil 251 casos de acoso sexual y 4 mil 216 por el delito de hostigamiento sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). “Es un sistema en el que hay muchas leyes, pero no se aplican, porque además las personas que aplican la ley no están capacitadas para atender casos de violencia de género”, dijo la también doctora en Letras por la Universidad de Chicago. Después de las denuncias en Twitter, el tema comenzó a ser abordado en los espacios de trabajo, en notas periodísticas, en los programas de análisis y en las columnas de opinión. La discusión llevó a medios de comunicación como Nexos a anunciar medidas como la creación de protocolos para prevenir estos casos, aunque otros guardaron silencio. Según un sondeo que levantó en línea el colectivo de Periodistas Unidas Mexicanas llamado AcosoData, en el que participaron 392 mujeres que trabajan o han trabajado en medios, un 73% dijo que ha vivido alguna situación de acoso sexual en su trabajo. “Es un primer momento, lo que se busca principalmente es la reflexión colectiva. El espacio laboral no garantiza seguridad a las mujeres”, dijo una de las integrantes de la PUM. https://twitter.com/PeriodistasPUM/status/1105267187873390593 La presentación del nuevo libro del escritor Herson Barona fue cancelada luego de ser identificado por varias mujeres como su presunto agresor. Herson Barona negó las acusaciones. Su caso desató la ola de acusaciones contra escritores conocida como #MeTooEscritoresMexicanos, con lo que comenzó el movimiento el pasado 21 de marzo. Las denuncias de tres periodistas; Eloísa Farrera, exeditora de la sección Internacional, Itxaro Arteta, exreportera de la sección Nacional, y otra que decidió permanecer anónima, mediante el hashtag #MeTooPeriodistasMexicanos, le costó el puesto a Leonardo Valero, director de operación editorial del periódico Reforma. Como efecto dominó unos 70 trabajadores de Grupo Reforma enviaron una carta al Comité de Ética de la empresa para pedir un proceso de investigación acorde con la gravedad de los señalamientos. Farrera había hecho público en Twitter que cuando trabajó en el diario acusó a Valero de acoso sin que la empresa tomara cartas sobre el asunto y que al poco tiempo después fue despedida. “Creemos también que el peso de las acusaciones amerita una respuesta por parte de la directiva del Grupo REFORMA que permita a las empleadas y los empleados saber cuál es la posición de la empresa respecto al caso de Leonardo Valero y qué protocolos serán desplegados de ahora en adelante para prevenir circunstancias similares”, dice la carta que antecedió el anuncio de su destitución. La red Periodistas de a Pie y los medios de comunicación Máspormás y Chilango anunciaron también la separación de sus trabajadores que resultaron acusados en el #MeToo, mientras transcurren las investigaciones pertinentes.