Consultas para megaobras profundizan el despojo y el desplazamiento forzado: Rema

Consulta Nacional sobre el NAIM. Foto: Octavio Gómez Consulta Nacional sobre el NAIM. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó las consultas para la realización de megaobras o la explotación de bienes no renovables, toda vez que no se apegan a los estándares internacionales de respeto a los derechos de los pueblos.

De acuerdo con la organización civil, tanto las consultas reglamentadas como aquellas “hechas a modo” tienen una fachada democrática, “cuando en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados con el modelo extractivo”.

En el contexto de consultas convocadas para la realización de mega obras que atraviesan territorios indígenas, Rema fijó su posición en un comunicado.

Destacó que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consultas a los pueblos originarios deben contar con información previa, libre, informada y culturalmente adecuada, elementos de los que –aseguró– carecen las consultas “buenas y malas”.

De igual manera, criticó que las consultas a los pueblos tienen carácter administrativo y no son vinculantes, además de que son “racistas, neocoloniales e intervencionistas”, ya que cuentan con el beneplácito del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la USAID o GIZ, agencias de desarrollo estadunidense y alemana, respectivamente.

Participar en las consultas o pedirlas “es un error de fondo”, sostuvo, al tiempo de destacar que los pueblos tienen “condiciones reales para decidir” en cuanto a sus territorios, y esas decisiones se ejecutan en “espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas”.

En las consultas, subrayó, “no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos, incluyendo el derecho de la naturaleza”.

Consideró que dichos instrumentos “no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos, y en cambio sí funcionan como un instrumento para la legitimización del Estado y sus poderes económicos. En consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo, que desde afuera siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales”.

El organismo sostuvo que, tanto en América Latina como en México, las consultas se han llevado a cabo con “una gran asimetría de poder, y en consecuencia persisten desigualdad y desequilibrio entre las partes”, es decir, las comunidades, el Estado y las empresas promoventes, ya que “estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones”.

Las consultas –abundó– se aplican “sin considerar que en esta visión comunitaria intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión”.

Para Rema, las consultas, reglamentadas o “hechas a modo”, son en realidad “instrumentos impuestos contra los pueblos”, porque plantean “la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de ‘progreso y desarrollo”, identificado con la globalización.

Tras recordar el asesinato de Samir Flores, por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Huexca, Morelos, la organización consideró que lejos de ser previamente informadas, las consultas son “pre elaboradas”, porque se realizan “sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas”.

Tampoco son libres, “sino forzadas”, toda vez que en su proceso “no hay posibilidad de diálogo”, sustentadas en la coacción como “promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva”, a lo cual se agregan “la creación de ambientes sociales de hostilidad, amenazas y de agresión física para quienes cuestionan”.

Finalmente resaltó que las consultas, lejos de ser informadas, son “manipuladas”, en las que los pueblos se enfrentan al poder del aparato gubernamental a favor de los proyectos y al cerco mediático que “genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto”, lo que provoca divisiones y violencia donde no las había.

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