CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- A más de 100 días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador permanecen los “factores del silencio” que acallan a la prensa: la violencia sigue --cuatro periodistas ya fueron asesinados y no existen medidas concretas que garanticen su protección--, no se dieron a conocer las reglas con las que el gobierno federal otorgará la publicidad oficial, y el mandatario descalifica a la que llama “prensa fifí” y no trata de tranquilizar una sociedad polarizada, señaló la organización Artículo 19. “El sexenio de Enrique Peña Nieto provocó que el miedo mutara en resistencia y el voto en contra de los partidos que antes habían gobernado fue, para muchos, un acto transformador y hasta revolucionario. Pero los cambios esperados no pueden contarse hasta que suceden, y en México hay una larga lista de pendientes que deben atenderse para poder hablar de transformaciones”, subrayó la organización. En su informe anual “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, Artículo 19 exhibe los mecanismos a través de los cuales el gobierno quiso imponer el silencio en la prensa, ya sea por el miedo a las represalias y la criminalización, pero también con factores más perniciosos, como la manipulación de los discursos, la compra de los grupos mediáticos a través de la publicidad oficial, el uso de “bots” para influir en las redes sociales, o la brecha digital, que impide al 37% de la población acceder a la información en línea. De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, desde el lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, los periodistas desempeñaron su labor bajo el miedo: en los últimos 12 años se reportaron 3 mil 594 agresiones periodistas, que derivaron en los asesinatos de 95 de ellos –47 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto-- y en las desapariciones de 19 más. Tan solo en 2018, se reportaron 544 agresiones contra periodistas, que derivaron en los asesinatos de 9 integrantes del gremio y de otros 2 voceadores; 230 de estas agresiones fueron perpetradas por agentes del Estado –federales, en un 20% de los casos--. “El país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente”, señaló el informe, al añadir que “diversas localidades se han convertido en zonas silenciadas debido a la penetración de las organizaciones criminales”, como Tamaulipas y Veracruz. Ante ese escenario, “las redes de comunicadores lograron que en los últimos años del sexenio, los más violentos contra la prensa, el periodismo fungiera como una forma de resistencia”. “Es el problema de las sociedades militarizadas, con todos los riesgos que representa sacar a los militares de los cuarteles”, señaló José Ramón Cossío Díaz, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al presentar el informe. “Hay una constante: la falta de capacidades técnicas de los órganos del Estado por proteger la libertad de expresión”, deploró el exministro, según el cual en materia de crímenes perpetrados contra periodistas, “tenemos exactamente los mismos problemas que en la procuración de justicia: gente que no sabe hacer lo que debería de hacer”. “No debemos bajar la guardia”, urgió, por su parte, Griselda Triana, la esposa del periodista sinaloense Javier Valdéz, asesinado a plena luz del día frente a las oficinas de la revista Ríodoce, que él dirigía. “Son tiempos convulsos y violentos, de una decadencia galopante y una descomposición espantosa”, añadió la mujer, a la que el gobierno de Peña Nieto trató de espiar con el malware Pegasus, apenas diez días después de perder a su esposo. La organización también pidió al nuevo presidente que abrogue la Ley General de Comunicación Social –mejor conocida como “Ley Chayote”, que perpetuó la práctica de antaño de otorgar publicidad oficial de manera discrecional a ciertos grupos mediáticos y boicotear a otros. Ruelas recordó que un reducido grupo de 10 consorcios mediáticos –Televisa, TV Azteca, Estudios Churubusco, El Universal y Grupo Fórmula-- acaparó la mitad de los 60 mil 237 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto repartió a medios de comunicación durante su sexenio, mientras que otros 850 medios se repartieron el resto. El exministro Cossío aseveró que, en su opinión, la Ley Chayote “sí tiene problemas muy serios” en materia constitucional y debería de ser abrogada. En esta parte del informe, la organización recuerda cómo, en 1982, el presidente José López Portillo justificó el boicot publicitario contra la Revista Proceso con su retórica “No te pago para que me pegues”, pues según el exmandatario el gobierno otorga publicidad “para que sus propósitos, para que sus principios, obtengan reconocimiento, justificación, o le den prestigio”. Según Artículo 19, esta declaración de López Portillo refleja “una convicción política de la que México, hasta la fecha, no se ha podido escapar”. La organización resaltó el papel cada vez más importante que juegan las redes sociales y los medios independientes en línea en la construcción de la opinión pública mediante “contranarrativas” a las del gobierno y sus medios afines, pero subrayó que el gobierno de Peña Nieto trató de “trasladar las prácticas del control de la opinión pública a estos espacios”. Recordó, por ejemplo, el uso de “bots” y “trolls” para generar “cortinas de humo”, pues “nuestra clase política paga cualquier precio por controlar la opinión pública pues, independientemente del partido, es lo que posibilita mantener el poder”.