MORELIA, Mich. (apro).- Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) bloquearon este martes cinco puntos carreteros de la entidad para exigir un “alto a la represión y criminalización de las comunidades originarias que luchan por su autodeterminación”. Durante su protesta, que inició a las 9 de la mañana y concluyó poco después de las 16 horas, los manifestantes bloquearon la carretera federal Cherán-Zamora, a la altura de Zopoco, donde participaron las comunidades de Zopoco, Paracho, Ichán, Huáncito, Carapan, Nogales, Aranza y Urapicho. También la carretera federal Morelia-Zacapu, a la altura de Naranja, y ahí se congregaron las comunidades de Naranja, Comanja, San Andrés Tziróndaro, Santa Fe de la Laguna, Tirindaro, Zipiajo y Tarejero. El tercer punto bloqueado, con el consecuente caos vehicular, fue la carretera federal Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de Puente de Ajuno, donde intervinieron pobladores de Zirahuén, Turícuaro, Sevina, Santa Ana, Turián, Agua Verde, Santa Juana, Palmitas, Huecorio y comunidades de Pátzcuaro. En la carretera federal Uruapan-Los Reyes, a la altura de San Lorenzo, se manifestaron las comunidades de San Lorenzo, Corupo, Sicuicho, Pamatácuaro, La Tinaja, San Benito, San Antonio, Cocucho, La Majada, Capácuaro, Quinceo y San Felipe de los Herreros. Y, por último, en la autopista Morelia-Uruapan, a la altura de la desviación a Zirahuén, protestaron las comunidades de Cuanajo, San Bartolo, Caltzontzin, Rancho Seco, Jucutacato, Jicalán, Jicalán Viejo, Comachuén, San Ángel Zurumucapio, San Francisco Peribán, Condémbaro, Santa Catarina, Apo de Rosario y Mapeco. En su pliego petitorio entregado a las autoridades, el CSIM –integrado por 50 comunidades indígenas de las diversas etnias de Michoacán-- incluyó el cumplimiento de la sentencia TEEM-JCD-187/2018 y respeto al fallo TEEM-JDC-152/2018, donde se ordena al ayuntamiento de Nahuatzen “la entrega del presupuesto directo a las comunidades de Sevina y de Comachuén”. De igual manera, exigió la renuncia de Celerino Felipe Cruz, encargado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Michoacán, y solicitó una mesa tripartita integrada por los gobiernos federal y estatal, así como el CSIM, para solucionar las problemáticas de las comunidades originarias.