Activistas critican que derecho al agua no sea prioridad en la agenda de AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Activistas, científicos, académicos, investigadores y defensores del derecho humano al agua lamentaron que a 115 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dicha problemática no sea una de las 25 prioridades dentro de la agenda nacional de su gobierno.

Los miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y miembros de la Plataforma por el Derechos Humano al Agua en Chiapas le recordaron al gobierno federal que una de las recomendaciones del relator especial sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Leo Heller, quien visitó este país a principios del año pasado, fue, “promulgar sin dilación y en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución Mexicana”.

Esto, en un contexto cuando gran parte de la población no tiene acceso al agua y un reducido grupo la explota con fines comerciales o lucrativos, por ejemplo, las grandes industrias como la minería y las refresqueras.

En conferencia de prensa, Alma Rojas, Elena Burns, Fermín Ledesma y otros defensores del agua, dieron a conocer que el pasado 2 de abril sostuvieron una reunión activistas, investigadores y expertos en San Cristóbal de Las Casas, para intercambiar sus preocupaciones y conocimientos sobre la problemática del agua en ese municipio, de cara a las políticas actuales que representan una flagrante violación del derecho humano al agua.

Tras ese conversatorio, convocado por las organizaciones que conforman la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, manifestaron su preocupación por la incongruencia con la que el gobierno de López Obrador impulsa su política hídrica nacional.

Señalaron que el actual presidente de la república se comprometió a echar abajo los decretos de Reserva de Agua firmados el 5 de junio del 2018 por Enrique Peña Nieto, y que no habría fracking en este sexenio, que garantizaría el derecho humano al agua; sin embargo, los decretos siguen vigentes.

“La titular de Energía, Rocío Nahle, aseguró que el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking ‘requiere de un diálogo’, la Conagua prepara una ley de aguas en alianza con el Consejo Consultivo del Agua, integrado en gran parte por las grandes empresas con actividades extractivas y acaparadoras del líquido”, dijo Alma Rosa Rojas, integrante de la Plataforma y del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.

Denunciaron que el actual Consejo Consultivo del Agua y su Pacto Social por el Agua nacional, no los representa, que no es la voz de mujeres que tienen que acarrear agua a sus espaldas grandes distancias, que no es la voz de comunidades y pueblos originarios para quienes, señalaron, el agua es elemento sagrado.

“Desde Chiapas vemos un escenario complicado y desalentador en materia de agua, pues en Chiapas contamos con 142 concesiones mineras a cincuenta años que abarcan un millón 121 mil hectáreas del territorio chiapaneco; 78 grandes represas hidroeléctricas y 18 medianas, un total de 98”, dijo Rojas.

Señaló que en el actual gobierno se seguirá promoviendo el cultivo de la palma de aceite que destruye ecosistemas, ahora hay alrededor de 200 mil hectáreas y quieren llegar a las 800 mil.

Denunciaron también que en México, los órganos judiciales y protectores del agua tampoco han resultado una opción viable, ya que se han implementado acciones ante la PROFEPA, PGR, Juzgados de Distrito y Comisiones de Derechos Humanos que no han prosperado o han enfrentado una serie de dificultades que lejos de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al agua dilatan los procesos con engorrosos trámites y alegatos administrativos.

Ante este panorama recordaron al gobierno federal que una de las recomendaciones del Relator Especial sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Leo Heller fue, “promulgar sin dilación y en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución Mexicana”.

Demandaron al gobierno federal actualizar las normas de calidad del agua orientadas a la protección de la salud de la población, entre otras medidas.

Indicaron que es urgente que los gobiernos en sus tres niveles conozcan, atiendan e implementen las recomendaciones hechas por el relator pues desde su visita el pasado mayo de 2018 a la fecha no hay avances.

Exhortaron a Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se impulsen los cambios necesarios y urgentes en el modelo de gestión del agua y se adopten las medidas apropiadas que permitan avanzar en la realización de los derechos al agua y al saneamiento en México.

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