ENSENADA, B.C. (apro).- Jaime Bonilla Valdez, candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, refutó el periodo de la próxima gubernatura en el estado porque, dijo, “se constriñen mis derechos político-electorales”. Además, abundó, el Poder Legislativo de Baja California dejó incompleto el proceso de reforma constitucional para emparejar las elecciones del estado y la federación en 2021. Por separado, Raúl Guzmán Gómez, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), turnó este jueves el expediente del juicio al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California para que decida si, en apoyo a la demanda del candidato morenista, se amplía el periodo de gobernador de dos a cinco años. El tema se ha debatido intensamente en las instancias legislativas y judiciales de Baja California desde septiembre de 2018, y apenas el 27 de marzo pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó, por unanimidad, anular una sentencia del Tribunal Electoral, emitido el 24 de febrero, para ampliar de manera ilegal --a cinco años-- el periodo de la gubernatura. Con esa resolución, la Sala General del TEPJF dejó el tiempo de gobierno en dos años (2019-2021), tal como lo establece una reforma constitucional que se aprobó en el Congreso y se publicó en el Periódico Oficial de estado el 17 de octubre de 2014. Bonilla Valdez, inconforme con el tiempo de gobierno tan reducido, alega hoy que el tribunal electoral debe incluir en el análisis jurídico del caso los amparos indirectos que solicitaron los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, en reclamo a presuntas irregularidades en la notificación de la reforma que les hizo el Congreso. “No se siguió el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 112 de la constitución local de notificar puntualmente a los cinco cabildos para su aprobación, ya que se requieren tres de los cinco gobiernos municipales para que (la reforma constitucional) proceda”, indicó Bonilla en su recurso. Al respecto, el exmagistrado Daniel Solorio Ramírez, catedrático de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de Baja California, comentó: “Los ayuntamientos de Baja California, si bien es cierto que en aquel 2014 sólo uno votó de manera explícita a favor de la reforma, los otros cuatro dieron su aprobación tácita, ya que, según la Constitución, si los ayuntamientos no contestan al Congreso del estado en un plazo de 30 días, se entiende, y así se determina legamente, que están de acuerdo con la reforma y por lo mismo la aprobaron de manera implícita”. Por eso, agregó, la reforma electoral que se sustentó en el Decreto 112 del Congreso local por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones constitucionales en materia política electoral, tiene, “al menos desde la perspectiva jurídica constitucional, todos los elementos para surtir sus efectos”. Jaime Bonilla también incluyó en su recurso legal el argumento de que el IEEBC no fundamentó ni razonó el cambio a la convocatoria que le ordenó el Tribunal Electoral estatal en su resolución del 24 de febrero, para reducir el periodo de la próxima gubernatura. “El acuerdo por el que se aprueba la candidatura (de la coalición) está indebidamente fundado en una convocatoria que, posterior a mi registro, fue reducida sin que las circunstancias o razones o consideración hayan sido explicadas por el OPLE (Organismo Público Local Electoral)”, puntualizó. Y destacó que cuando el Consejo General del Instituto Electoral aprobó su registro --el 30 de marzo--, el organismo no hizo ningún pronunciamiento específico sobre modificar de nueva cuenta la convocatoria aprobada en diciembre de 2018. De fracasar el quinto intento de Morena por ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años, el periodo de la gubernatura iniciará el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.