CHEROS y México Igualitario denuncian ante la CIDH al gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por no dar un impulso a la legislación del matrimonio igualitario.

Hay un desdén oficial para vigilar que las entidades federativas respeten los derechos establecidos en la Convención Americana, reclamaron el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) y México Igualitario.

De igual manera, lamentaron que el presidente López Obrador no haga valer esa garantía, pese a que en la Ciudad de México se modificó la legislación en 2009 para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los representantes de las organizaciones civiles refirieron que en 2011 promovieron amparos en Oaxaca contra la negativa del Registro Civil para casar a personas del mismo sexo. A partir de aquella fecha iniciaron una ardua lucha por lograr ese derecho, que se ha extendido a todo el país con diferentes estrategias.

En Chihuahua iniciaron la batalla con la promoción de juicios de amparo en 2013, cuando en cumplimiento de una sentencia contrajo nupcias la primera pareja de varones en la entidad.

Posteriormente tramitaron juicios para parejas del mismo sexo que desearan unirse por la vía civil, así como de personas solteras, homosexuales y lesbianas, que buscan el reconocimiento de su derecho a elegir. Hasta ahora han promovido más de 117 amparos.

Como resultado de esos recursos promovidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que hay discriminación en la legislación de Chihuahua, porque define al matrimonio sólo como la unión entre un hombre y una mujer.

En 2015 el máximo órgano judicial emitió la jurisprudencia 43/2015, que establece: “La Ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió una recomendación dirigida a los congresos estatales para que modifiquen su legislación, con el objetivo de que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la CIDH emitió la opinión consultiva 24/2017 sobre el tema.

Actualmente han reformado su legislación los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, así como la Ciudad de México, donde el matrimonio igualitario está permitido.

El Congreso de Chihuahua se ha negado a reformar la legislación, pese a la jurisprudencia y solicitudes realizadas.

A pesar de los litigios y las solicitudes realizadas al Congreso local, Chihuahua sigue manteniendo vigente una legislación que discrimina con base en la orientación sexual de las personas.

Debido a que todos estos esfuerzos no se han materializado en la reforma legislativa que esa entidad necesita para dejar de discriminar, México Igualitario y CHEROS presentaron una denuncia contra México ante la CIDH por el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la Convención de Derechos Humanos.

“Actualmente el matrimonio igualitario es un derecho que se reconoce dependiendo de la entidad federativa en que se habite. No permitirlo es violatorio de la Convención Americana porque permite un trato discriminatorio entre los y las mexicanas”, señalaron las organizaciones demandantes en un comunicado de prensa.

Y también demandaron al presidente de la República por el incumplimiento de la cláusula federal de la Convención Americana, que señala que como titular del Ejecutivo federal está obligado a activar los mecanismos necesarios para que los estados cumplan las obligaciones que ha asumido México con la firma del tratado internacional.

“Los trámites ante la Comisión Interamericana son extensos, pero confiamos firmemente en que es importante el llamado a la comunidad internacional para evidenciar la falta de compromiso de México con el respeto y la garantía de los derechos humanos hacia la población LBGTTT”, destacaron las organizaciones.

Los promotores de la denuncia advirtieron que no aceptarán la creación de una figura distinta al matrimonio igualitario, porque el derecho a contraer nupcias está reconocido en la Constitución federal y en la Convención Americana.

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