“De Presidencia”, la orden de no confrontar a la CNTE

El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores, pues retiraron a la policía del lugar. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante 10 días la Cámara de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon sus nueve accesos, impidiendo las sesiones ordinarias. El recinto de San Lázaro entró en crisis.

El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500 diputados entraran caminando por la escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados conforme a la ley, e incluso permitir la injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien desoyó la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dio marcha atrás al operativo policiaco que abriría a los legisladores el paso a sus curules en San Lázaro.

No obstante, un alto funcionario de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Sheinbaum que no desplegara el operativo solicitado, a fin de evitar la represión a los maestros de la CNTE.

La contraorden

El 20 de marzo, un contingente de la CNTE bloqueó la Cámara de Diputados para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero en comisiones y después en el pleno, pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía siendo punitiva. 

Los siguientes dos días, 21 y 22, San Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo el recinto fue objeto de negociaciones, bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y les permitieron sesionar para aprobar el dictamen. Pero éste no les gustó a los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.

En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema de los bloqueos a la justicia federal, con lo que consiguió un amparo para evitar la inacción del presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes movilizaciones de la CNTE.

Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.

De hecho, el primer día del bloqueo Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por el recinto y la seguridad de diputados y empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:

“Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00”, informó en las redes sociales el 20 de marzo.

Luego emitió otro mensaje: “Se ha mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos impulsando el análisis de dictamen de la reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro: abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.

Pero los bloqueos siguieron. Su día más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.

De acuerdo con el relato de uno de los coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que “era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación de los maestros se diera sin problemas, y por el otro se custodiara el acceso de los diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.

Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron. De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.

Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que el acuerdo fue establecer un camino por la puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y empleados. Pero esto no funcionó:

“Los maestros se acercaron y hubo un choque frontal con la policía –continúa el legislador–. En ese momento, del otro lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía para que se retirara.”

–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los coordinadores parlamentarios.

–No, el único escrito que firmó Porfirio fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.

Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos afines al gobierno) coincidieron en que la orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno de ellos– y pidió que retirara a la policía capitalina para evitar más choques; pidió que todo fuera con diálogo”.

Otro de los consultados revela que un alto funcionario de la Mesa Directiva les explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio, pero “la jefa de Gobierno se comunicó con el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza pública, que se privilegiaría el diálogo”.

Ante el retiro de la policía y los reclamos de la oposición, Delgado Carrillo intentó restablecer el paso y empezó a operar políticamente, “pero le hablaron desde la Secretaría de Gobernación y también le habló el jefe, y le dijo que no, que todo sería mediante el diálogo, nada de policías”, revela una diputada que participa en las reuniones de Jucopo.

A partir de ese momento, Muñoz Ledo fue más directo en sus mensajes de redes sociales. Llamó a los profesores a que dejaran de hacer bloqueos, pero señaló: “Con la actitud de no permitir que se apruebe la nueva reforma educativa, la CNTE estaría apoyando la reforma de Peña Nieto”.

Al día siguiente, 27 de marzo, los maestros dieron una tregua y permitieron la sesión donde se aprobó el dictamen de la nueva reforma a cambio de que se les mostrara. Y no les gustó, por lo que restablecieron el bloqueo.

Muñoz Ledo endureció su posición. Dijo que seguiría impulsando “las vías pacíficas y democráticas con el magisterio, pero también denunciaré ante las autoridades competentes cualquier delito que se cometa”.

Por la noche, la oposición le solicitó a Muñoz Ledo, mediante un comunicado, que cancelara la sesión del 28 de marzo y que sus legisladores no acudieran al día siguiente.

El bloqueó continuó ese día y el PAN se radicalizó, anunciando que demandaría la destitución de Muñoz Ledo.

El presidente de la Mesa Directiva les recordó a los panistas que la sesión se suspendió a petición de los partidos opositores, incluido el PAN. Entonces fue más contundente: “Optaré por el diálogo y la razón ante radicalismos de la CNTE y el golpismo de los panistas”.

“El gobierno no cumplió”

El PRI ve como responsable de la crisis en la Cámara de Diputados al gobierno. El PRD y MC acusan a la Mesa Directiva y a la Jucopo de no haber operado. A este último punto se sumó el PT. Para el PAN el único responsable es Muñoz Ledo.

En el noveno día de bloqueos, cinco partidos –PRI, PES, MC, PRD y PVEM– exigieron una explicación: “El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, debe dar una explicación de las gestiones realizadas ante los gobiernos federal y de la Ciudad de México, y la negativa de éstos a garantizar el orden público”.

La explicación se daría el 2 de abril, en la Conferencia para los Trabajos Parlamentarios, donde confluyen la Mesa Directiva y la Jucopo. De acuerdo con los asistentes, consultados por separado, Muñoz Ledo dijo que no se violó el recinto porque nunca entraron los maestros, y algunos opositores argumentaron que sí, porque estaban bloqueando el recinto.

El coordinador de la bancada del PRI, René Juárez, presentó su “respeto y consideración” a Muñoz Ledo y enseguida soltó: “Aquí sí está clara una cosa: la mesa cumplió y el gobierno no. Debemos deslindar estas responsabilidades. Aplicar la ley no es represión”.

El priista añadió que ante el conflicto ningún partido estuvo a la altura: “Hay un hecho, hoy somos rehenes de la CNTE y hay que ver cómo solucionarlo. Los métodos de la CNTE son inaceptables; tenemos que hacer una ruta para cubrir lo que le corresponde a cada nivel de gobierno”.

Un día antes, en la reunión de la Jucopo, el PAN pidió la destitución de Muñoz Ledo por considerar que no impidió la parálisis legislativa. Ningún partido lo secundó, y en cambio respaldaron al presidente de la Mesa Directiva. El representante del PVEM argumentó: “Son nuevos tiempos donde nada será por la fuerza, sino por la razón, (pero) hay una fuerza, la CNTE, que no entiende la razón, y tenemos que construir las formas para esta nueva época”.

El mismo día René Juárez ofreció una fórmula para salir del atolladero. Aceptó que el gobierno de López Obrador ha hecho “cosas muy buenas”, pero “también se ha equivocado”; luego propuso pedir a la CNTE un documento con sus demandas, después presentarlo a cada fracción y regresarlo a la coordinadora con los puntos en los que hay consenso.

Se trata, añadió, de mantener la negociación: “En lugar de la indefinición de si votaremos o no la reforma en este periodo, démosle la garantía a la CNTE de que será en un extraordinario; así se regulariza la Cámara y se da un mes más de negociación con la CNTE. 

“Como priista propongo este método, porque ojalá que le vaya bien a este gobierno y ojalá que todos evitemos las descalificaciones, por eso no podemos apoyar la posición del PAN de destituir a Muñoz Ledo.”

Luego Juárez sorprendió a varios: “Muchos priistas que votamos por esta cosa, hoy sabemos que fue un error… Yo voté por la reforma educativa y me equivoqué, porque no podemos estar poniendo una espada punitiva sobre la cabeza de los maestros”.

El PT, a través de su coordinador Reginaldo Sandoval, dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad y lo que correspondía a su partido es “ahuyentar el peligro de la represión, y eso no tiene nada que ver con pedir la cabeza de Muñoz Ledo”.

El también petista Gerardo Fernández Noroña calificó al PAN de “temerario” por su pretensión de destituir al presidente de la Mesa Directiva:

“Ha hecho las cosas políticamente correctas y ha actuado en función de su responsabilidad. No siempre estamos de acuerdo, pero imagínense que hubiésemos atendido, que los 500 diputados entráramos por las escalinatas; eso iba a ser un desastre, se lo dije; pero siempre ha velado por la integridad y el recinto.”

A su vez la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, aclaró en los encuentros privados del 1 y 2 de abril: “No se puede decir que quienes pedimos la normalización de las actividades estamos llamando a la represión. Son cosas distintas. Busquen las formas, porque en campaña sabían que al ser gobierno tendrían que ejercer sus facultades constitucionales”.

El coordinador morenista Mario Delgado concluyó: “No habrá ningún acto de represión sobre movimientos sociales y la reforma educativa no se va a subir hasta que no se termine la negociación con la CNTE”.

Este reportaje se publicó el 7 de abril de 2019 en la edición 2214 de la revista Proceso.

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