Municipio de Aguascalientes da contrato para privatizar reciclaje a empresa ligada a desastre ambiental

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- El gobierno municipal de Aguascalientes, a cargo de la panista Teresa Jiménez, otorgó un contrato para privatizar el servicio de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos urbanos a un empresario ligado a un desastre ambiental en Quintana Roo.

Según el acta del fallo de la licitación pública LP-PPS-01-19, se adjudicó el proyecto para la creación del Centro de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario San Nicolás, perteneciente a la capital de Aguascalientes, a la empresa Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos PIMSA, S.A. de C.V., que según su acta constitutiva pertenece al empresario Diego García Coudurier.

A su vez, García Coudurier aparece en notas periodísticas como presidente de la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA), señalada en 2017 por incumplir con los lineamientos ambientales para el tratamiento de un relleno sanitario en el ayuntamiento Benito Juárez,  perteneciente al estado de Quintana Roo, que terminó por causar una contingencia ambiental debido a irregularidades y omisiones en el manejo de los residuos.

En la inauguración, el proyecto fue presumido por el exgobernador Roberto Borge -acusado de peculado y lavado de dinero-, como un programa vanguardista en Latinoamérica, en donde se invirtieron más de 300 millones de pesos.

Según el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, García Coudurier es propietario de tres empresas registradas en Querétaro, Ciudad de México y Quintana Roo. A través de estas empresas, y de al menos otras tres no registradas, el empresario ha obtenido proyectos millonarios para el manejo de residuos sólidos urbanos en Mérida y Querétaro.

Para el regidor Miguel Romo Reynoso, presidente de la Comisión de Ecología en el Cabildo capital de Aguascalientes, el proyecto no solo contiene irregularidades legales en la privatización del servicio de recolección de residuos, sino en su conformación financiera.

“Esta empresa tiene experiencia pero al menos en Quintana Roo, desde que se puso en operación ese relleno sanitario, en fechas actuales tiene un problema tanto ambiental como de vida útil porque no se llevaron a cabo las prácticas y los procedimientos adecuados, y eso a nosotros nos preocupa se debe analizar el currículum de la empresa. No podemos permitir que se repitan situaciones negativas en nuestro municipio”.

El funcionario asegura que el proyecto carece de viabilidad jurídica, responsabilidad ambiental y contiene información poco clara o faltante, con cálculos erróneos que superan los 300 millones de pesos.

“Hay cuestiones de movimientos financieros que no están claros y que deben de ser investigados. Nosotros consideramos que el dictamen para la creación de ese proyecto es ilegal y financieramente inviable. Tiene muchas inconsistencias en el manejo de los recursos”, agregó.

La creación del Centro de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario San Nicolás, fue aprobada por el Cabildo Capital el 9 de mayo del 2018, con el voto en contra de Miguel Romo Reynoso (PRI) y Jennifer Parra (Morena).

Esta última, que ahora se desempeña como coordinadora regional urbana en Aguascalientes de los programas de Desarrollo Social del gobierno federal, explicó que en la conformación del proyecto, el municipio capital no obtendrá ningún beneficio financiero por los residuos sólidos de la capital de Aguascalientes.

“Finalmente no es más que una recicladora, porque se va a encargar de la separación y de la venta de la basura del municipio de Aguascalientes. La empresa se va a beneficiar de la venta de los residuos y no habrá ganancia para el municipio.

El ayuntamiento no solo le prestará el terreno y le entregará los residuos, sino que además le pagará una cantidad de 90 millones de pesos anuales, y aún así las ganancias que se reciban del Centro de Valorización de Residuos serán para la empresa y no para el municipio”.

Por su parte, Rodolfo Téllez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio capital, señaló que diversas áreas del ayuntamiento visitaron las plantas que opera PIMSA en Querétaro y Quintana Roo, sin percatarse de algún problema en el tratamiento de los residuos.

En la licitación, conformada por la Secretaría de Administración del municipio capital, participaron entre cinco y seis empresas, entre ellas la concesionaria de agua Veolia, duramente criticada por su ineficiente trabajo en la distribución de agua dentro del ayuntamiento.

Tentativamente, la operación del nuevo Centro de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario San Nicolás, podría arrancar con el proyecto el próximo 30 de mayo.

Impugnan licitación

Según un documento al que la reportera tuvo acceso, el pasado primero de abril la empresa Tecnosilicatos de México S.A. de C.V., impugnó el procedimiento de licitación pública que resolvió entregarle el proyecto a García Coudurier.

La impugnación fue presentada ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, demandando específicamente a Rodolfo Téllez Moreno, en su carácter de administrador del proyecto de licitación LP-PPS-01-19.

Datos del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, señalan que la empresa Tecnosilicatos de México S.A. de C.V. está registrada en Cuautitlán, Estado de México; y cuenta con cinco socios, entre ellos la empresa IECOSA CORPORATION, S.A. DE C.V.

Tecnosilicatos de México S.A. de C.V., ha realizado trabajos ambientales y de manejo de residuos sólidos urbanos en otras entidades del país como Hildalgo y Ciudad de México, en donde también ha sido acusada por irregularidades en la implementación de sus proyectos.

(Con información de Mónica Cerbón)

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