CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal de California asestó un revés a la polémica medida antimigrantes conocida como “Quédate en México”, con la que la administración de Donald Trump devuelve solicitantes de asilo a México hasta que un juez defina si les otorga protección internacional o no. El juez Richard Seeborg, de la Corte del Distrito Norte de California, determinó que existen elementos para suponer que la medida no cumplió con la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que estará suspendida a partir del próximo viernes en la tarde. El gobierno de Trump todavía puede apelar la sentencia. “Se impone y prohíbe a (las autoridades)  seguir implementando o expandiendo los ‘Protocolos de Protección de Migrantes’ (PPM) como lo anunció el Departamento de Seguridad Interna (DHS) en su memorando del 25 de enero de 2018”, planteó la sentencia del juez. “El tema de este caso no consiste en determinar si el Congreso puede autorizar el DHS a devolver extranjeros a México hasta que se determine su admisibilidad”, sentenció el juez. Después de la entrada en vigor de los PPM –bajo el nombre técnico de “Quédate en México”-- en enero pasado, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y de solicitantes de asilo interpuso una demanda en la que cuestionó la legalidad de dicha medida. La queja estuvo dirigida contra Kirstjen Nielsen, quien dirigió el DHS y fue obligada a anunciar su renuncia por el presidente estadunidense Donald Trump. Al frente de esta dependencia, Nielsen implementó la política de “tolerancia cero” contra los migrantes, la cual incluyó medidas polémicas que la propia justicia estadunidense canceló por ser ilegales, como la separación de familias, a través de la cual miles de niños fueron alejados de sus padres. Hoy, la Unión Americana para las Libertades Cívicas (ACLU) –que formó parte del colectivo opositor al plan “Quédate en México” y a la separación de familias--, definió el mandato de Nielsen al frente del DHS como una “catástrofe humanitaria”. Nielsen anunció el lanzamiento de los PPM, el 20 diciembre de 2018 y declaró que representaban una “acción histórica para enfrentar la inmigración ilegal”. El gobierno mexicano no protestó –solo recordó que se trata de una “decisión unilateral”--, y anunció que implementaría una serie de medidas para atender las necesidades humanitarias de los solicitantes de asilo. Desde su puesta en marcha, el 25 de enero, las autoridades estadunidenses ya devolvieron a alrededor de mil 200 solicitantes de asilo a Tijuana y Mexicali, y el pasado 1 de abril, Nielsen informó en un memorando que “expandirá inmediatamente” este programa a otros puntos fronterizos. Advirtió que ya no devolverán a 20 solicitantes de refugio diario, como es el caso actualmente, sino a “cientos de migrantes adicionales por día”. El gobierno mexicano no reaccionó.