CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más, en el breve tiempo desde el inicio de sexenio, el Poder Judicial está en el ojo del huracán. Los motivos que lo han empujado allí deben preocuparnos, pues atacan de lleno uno de sus principios rectores. Son cada vez más frecuentes las decisiones, propuestas o declaraciones que ponen en riesgo la independencia judicial. La más reciente es el anuncio del senador morenista Ricardo Monreal el pasado 5 de abril de una iniciativa que buscará suprimir el Consejo de la Judicatura Federal. El día anterior presentó otra iniciativa de reforma constitucional que pretende crear, en la Suprema Corte, una nueva Sala Especializada en Anticorrupción y aumentar a 16 el número de ministros. Si cristaliza la reforma, el presidente de la República deberá mandar al Senado cinco ternas de candidatos para ocupar esas vacantes. ¿Y qué tiene eso de malo, dirán? Dada la experiencia muy reciente con respecto a los procesos de designación de dos ministros, es muy probable que estos cinco nuevos también acaben siendo leales al Ejecutivo, por lo que sumarían siete votos afines al gobierno –ocho, a partir de 2021, porque el ministro José Fernando Franco concluirá su encargo–, los suficientes para rechazar los recursos de inconstitucionalidad que se podrían promover en contra de normas impulsadas por la actual adminsitración. Esta estrategia, que ha sido utilizada en otras latitudes e incluso fue apodada como Court-Packing (empaquetado de la Corte), es un burdo intento de controlar al más alto tribunal y restarle independencia. Se suma a un conjunto de iniciativas de reformas a los poderes judiciales estatales y federal presentadas por diputados y senadores de diferentes grupos parlamentarios, la mayoría de ellas de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Si bien sus exposiciones de motivos mencionan la necesidad de fortalecer la independencia judicial, combatir la corrupción, erradicar el nepotismo o fomentar la paridad de género, casi todas estas iniciativas se han desarrollado sin consultar a integrantes del propio Poder Judicial y sin contar con un diagnóstico basado en evidencia de los problemas que pretenden resolver.   Algunas de ellas, de hecho, supondrían un franco retroceso en las garantías a la independencia judicial. Es el caso, por ejemplo, de otra iniciativa de Morena que plantea derogar las normas constitucionales que prevén que las remuneraciones de algunos altos funcionarios judiciales no puedan ser reducidas durante su encargo. Esta protección constitucional, similar a la que existe en otros países, parte de la premisa de que los poderes ejecutivo o legislativo no deben tener la posibilidad de reducir los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial, pues podrían usar esta facultad para presionarlos en algunos casos o decisiones. Es esta protección constitucional la que justificó la suspensión de la aplicación a los funcionarios del Poder Judicial de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había votado el Legislativo a instrucción del Ejecutivo a finales del año pasado, para que ningún funcionario público pudiera ganara más que el presidente. El foco debe estar sobre el Consejo de la Judicatura Aunque no sea el único, el presidente es el primero en impulsar esta pauta de amenazas a la independencia judicial. Si al principio de su mandato se quejaba de sus sueldos ofensivos, ultimamemte se ha centrado en señalar sus altos niveles de corrupción[1]. Así, el pasado 1 de abril sostuvó: “No aceptamos que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí, como se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción. Se acaba la impunidad”. Aparte de revelar una visión limitada sobre la presunción de inocencia –al equiparar la protección del respeto al debido proceso a un acto de corrupción–, esas declaraciones demuestran la voluntad de soslayar el principio de división de los poderes. En efecto, los juzgadores tienen autonomía completa para tomar sus decisiones y quien tiene la responsabilidad de vigilar a los jueces y magistrados, evaluar su desempeño y, en caso de identificar una actuación irregular o ilegal, sancionarlos, es el Consejo de la Judicatura Federal.   En efecto, eso ya no le compete al presidente de la República ni a los ministros de la Suprema Corte, como era el caso antes de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 en materia de impartición de justicia[2]. Esta reforma, que creó el Consejo de la Judicatura Federal –el cual fue replicado bajo diversas modalidades en 28 estados, hasta el momento[3]–, reflejó una tendencia regional que estableció consejos de la judicatura (y asimilados) en varios países de América Latina, con el fin de evitar la tradicional manipulación política de la justicia. Estas instituciones nacieron de la necesidad de contar con un organismo autónomo de los demás poderes (independencia externa) que pudiera asegurar que los juzgadores tomaran sus decisiones de manera independiente (independencia interna). Es decir, la independencia interna es el fin y garantizar la independencia externa es el medio que se ha encontrado para alcanzarlo[4]. Ahora bien, para proteger la independencia de cada juzgador, los consejos de la judicatura no solamente tienen que fungir como un escudo que protege a los jueces y magistrados de intervenciones externas. También deben vigilar que éstos no se dejen presionar de manera indebida. Encontrar un equilibrio entre esas dos funciones no es tarea fácil. En su papel de vigilancia y disciplina, los consejos no deben ceder a la tentación de someter a los jueces. Desafortunadamente, se pueden observar indicios de que esto está ocurriendo, lo cual es todavía más alarmante que los ataques externos. Así, el 15 de marzo se filtró un audio en el que una magistrada informaba a funcionarios judiciales de su circuito que un Consejero de la Judicatura Federal pedía a los jueces y magistrados dejar de realizar comentarios en contra del presidente o denunciar los ataques a la independencia judicial. De lo contrario, se les iniciarían procedimientos de responsabilidad. Aunque esto fue desmentido por el propio Consejo de la Judicatura, no deja de ser preocupante, por dos razones: Primero, porque parece que algunas voces, desde el mismo Consejo de la Judicatura Federal, pretenden restringir la libertad de expresión de sus integrantes, al amenazarlos si no siguen la línea que se les dicta. Segundo, porque estas voces parecen dispuestas a desvirtuar los procecedimientos disciplinarios. Recordemos que criticar al presidente o denunciar ataques a la independencia judicial no son causales para iniciar tales procedimientos. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala, más bien, que son causas de responsabilidad el realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial y el no poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial. Sin duda, el presidente López Obrador tiene razón cuando dice que algunos jueces son corruptos. Pero si de verdad busca limpiar al Poder Judicial Federal de corrupción, no necesita enjuiciar mediáticamente a los juzgadores, sino fortalecer las instancias encargadas de designarlos y vigilarlos. La iniciativa que anunció el senador Ricardo Monreal el 5 de abril en conferencia de prensa, consistente en eliminar al Consejo de la Judicatura Federal, va en el sentido opuesto. La medida más efectiva para combatir la corrupción consiste en fomentar la selección y designación de funcionarios judiciales independientes, imparciales, honestos y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, y esto pasa por el fortalecimiento de la carrera judicial. Esta medida, y el compromiso de combatir a la corrupción, fueron precisamente las banderas de Arturo Zaldívar cuando llegó a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura en enero. Si, como lo ha mencionado, el presidente de México respeta realmente la autonomía del Poder Judicial, que deje al presidente del mismo hacer su trabajo.   *Laurence Pantin es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y Gustavo Marín es investigador del mismo. Los autores agradecen la revisión de Pablo García.   [1] Dos días después de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Movimiento Cuidadano, Enrique Alfaro, también declaró: “Vamos a ponerle nombre y apellido a quienes están dejando en libertad a los delincuentes y que están lastimando a la sociedad”. [2] Carpizo, J. (1978). El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, (decimoctava ed., 2004); Serrano Migallón, F. (2006). “Facultades metaconstitucionales del Poder Ejecutivo en México”, Colección Lecturas Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos núm. 33, Facultad de Derecho de la UNAM. [3] En un momento fueron 30, pero ahora son 28, porque el año pasado Morelos y Oaxaca suprimieron su Consejo para crear Juntas de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. Zacatecas y Colima nunca han contado con uno. [4] Binder, A.M. (2018). "Gobierno Judicial. Independencia y fortalecimiento de los jueces”, en Binder, A.M. y González, L. (dirs.), Gobierno Judicial. Independencia y fortalecimiento del Poder Judicial en América Latina, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, pp. 11-32.