ENSENADA, B.C. (apro). - Con la nueva relación ciudad-puerto que el Senado de la República aprobó para el país el 4 de abril, las Administraciones Integrales Portuarias (APIs) entregarán el 30% de sus utilidades anuales a las metrópolis donde operan. También, pagarán los impuestos y derechos municipales y estatales que correspondan, y rehabilitarán los espacios abandonados o infrautilizados que colindan con los recintos portuarios. Ello con el fin de lograr un beneficio directo a la población, pero cuidando el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente. En el caso del puerto de Ensenada que opera la API local, gerencia que en 2018 manejó dos millones 741 mil toneladas de mercancías, la reforma entregaría a la ciudad casi un millón de pesos al año. Esto porque en el 2017 –último dato contable disponible-, la Administración Portuaria local reportó una utilidad neta de 3 millones 203 mil 124 pesos, cantidad muy diferente a los 94.2 millones de su ganancia bruta. El Sistema Portuario Nacional informó que al terminar 2018, en México hay 117 puertos y terminales habilitadas, de los cuales 74 están concesionados a la APIs que son a su vez el modelo de privatización del sector que impulsó y puso en marcha el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Dieciséis administradoras portuarias están sectorizadas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre ellas la de Ensenada –que a su vez integra a los puertos de El Sauzal y Costa Azul-, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Las tres dieron en concesión la operación de la carga comercial internacional de sus recintos, al consorcio transnacional CK Hutchison Holdings, con registro en Islas Caimán y oficina matriz en Hong Kong. Además, Ensenada concesionó el puerto Costa Azul a la transnacional energética Sempra Energy a través de su subsidiaria IEnova que dirige Carlos Ruiz Sacristán, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, a que movilizó el año pasado 185 mil toneladas de fluidos (gas natural) de Indonesia. En consorcio, el grupo API que integran Ensenada, El Sauzal y Costa Azul manejó hasta 2.66 millones de toneladas de productos como pesca, carga de contenedores, granel mineral y agrícola, carga en general y astilleros y gas natural. También hay seis APIs de gobiernos estatales, dos del FONATUR, una privada y una municipal, modelo éste último que plantearon para Ensenada, ante la SCT y sin éxito, dos gobiernos locales en los años 1995 y 2011. En la reforma que aprobó el Senado se estableció que de los 117 puertos y terminales habilitadas, destacan cuatro: dos en el litoral del Golfo (Veracruz y Altamira), y dos en el litoral del Pacífico (Lázaro Cárdenas y Manzanillo). Por ello, las comisiones unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, que hicieron posible los cambios en el Pleno del Senado, destacaron que hay ciudades portuarias de primera y ciudades que limitan con los puertos que no gozan de esa distinción. “No cuentan con los recursos económicos suficientes que les permita crecer a la par de los puertos que colindan con ellas (…) Por lo que debemos reconocer la relación de la ciudad con el puerto para establecer lineamientos de coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental, cuyo objetivo sea vincular estrechamente el desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad”, determina el documento. También diagnostica que la actuación operativa y económica de las Administraciones Portuarias Integrales -cuyo objetivo es administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes y servicios y actividades dentro del recinto portuario- no coincide con el incremento de las ciudades y los estados donde se ubica cada puerto. En ese sentido, el senador panista Mauricio Kuri González destacó que mientras los puertos del país son administrados por el gobierno federal, las ciudades-puerto no reciben las ganancias que generan debido a que son administradas por una entidad de la federación. Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, aseguró que las ganancias generadas por las exportaciones e importaciones en las ciudades-puerto, no se quedan en las mismas. Y Gricelda Valencia de la Mora, de Morena, y Antonio García Conejo, del PRD, coincidieron en resaltar la importancia inmediata de los puertos como puntos de desarrollo de la economía nacional, por lo que “se tiene que empoderar a las ciudades-puerto para subsanar el desarrollo urbano y metropolitano, a partir de la conservación de las partes sustantivas de la recaudación generada por el mercado portuario.” La reforma del Senado pasó ayer a la Cámara de Diputados para su revisión y no se esperan modificaciones o retrasos en su aprobación ya que existe consenso unánime a su favor en los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.