Lo óptimo hubiera sido un civil o militar retirado para dirigir la Guardia Nacional: CNDH

jueves, 11 de abril de 2019 · 20:06
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó que el representante del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, nombrara a un militar como comandante de la Guardia Nacional. Si bien “no fue lo ideal”, en el texto final de la reforma constitucional por lo menos “se acotó a una temporalidad de cinco años y a una adscripción civil; lo óptimo es que se le hubiera puesto la cereza de un perfil civil”, puntualizó en entrevista al término de la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Sin embargo, “hoy conocemos que va a ser un perfil militar, pero no hay que hablar de si está en proceso de retiro, tendría que estar ya en retiro o con licencia”, destacó el ombudsman nacional al referirse a la condición en que se encuentra el general Luis Rodríguez Bucio, nombrado como comandante de la Guardia Nacional. Adelantó que el organismo que preside estará “atento a que en las leyes secundarias no se desvirtúe lo que está establecido en la Constitución (…), los candados que se lograron poner desde la sociedad civil, con la academia, la opinión de la CNDH y de organismos internacionales”. Ya que no se colocó al frente de la Guardia Nacional a un civil, añadió, “el paso que se tiene que dar es que no haya ese anclaje de jerarquía hacia la instancia militar, y no es hablar mal de la instancia militar, es poner las cosas en los cajones adecuados”. La CNDH, insistió, estará atenta para documentar “cualquier exceso que se pueda cometer por parte de los integrantes” de la nueva fuerza de seguridad, además de que seguirá brindando capacitación a los elementos que la Guardia Nacional. Finalmente advirtió que la capacitación por sí misma no va a resolver” el tema de garantizar seguridad en el país. “Yo he hablado de una política integral, no se refiere al modelo policial, se requiere de 33 fiscalías autónomas, una por cada entidad federativa y la General de la República; se requiere no crecer en la prisión preventiva oficiosa, sino de capacitar y profesionalizar a los operadores del sistema”, concluyó.

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