Piden reabrir caso de desaparición forzada que involucra a exministeriales de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., (apro).- Víctimas, expertos en psicología forense y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG); exigieron a la Fiscalía General del Estado reiniciar las investigaciones por desaparición de personas y feminicidio, en donde estuvieron involucrados seis expolicías ministeriales vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada.

Los ahora exmiembros de la corporación, entre ellos René Carillo Durán, quien ostentaba el cargo de director de la Policía Ministerial de Aguascalientes, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de la desaparición de José Francisco alias El 12, efectuada el 6 de diciembre del 2018. Cuatro están actualmente en prisión preventiva.

Uno de ellos, Omar Espinoza, se encuentra prófugo; Jaime Tejada Ponce, “Comandante Rojo”, presuntamente se suicidó al interior del penal del estado en enero de este año, tras salir de su audiencia de vinculación a proceso.

“Es muy importante que se revisen las investigaciones que se hayan llevado a cabo por elementos acusados de delitos. Se tienen incluso que reabrir los casos, quizá sea imposible reabrirlos todos, pero sí es importante que se revisen. Esto es muy normal en estándar internacional. Las personas tienen derecho al acceso a la justicia”, señaló Aurelio Coronado Mares, miembro del órgano autónomo Consejo Certificador en Psicología Forense.

Entre los exministeriales acusados se encuentra Pablo Alejandro Tenorio “Pantera”, exmiembro del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía estatal. Según intervenciones telefónicas realizadas por el Ministerio Público Federal que se presentaron como datos de prueba ante un juez, él habría avisado y pasado por alto elementos importantes en la investigación por la desaparición de José Francisco “N”, debido a que sus compañeros estaban involucrados en el caso.

Tenorio fue también el elemento encargado de la investigación en campo por la desaparición de Marco Antonio de la Torre Romo, de 47 años, ocurrida a las 5 de la tarde del 23 de abril del 2018, en la colonia Estrella. Los familiares de la víctima lo acusan de haber obstaculizado la obtención de pruebas importantes en esa investigación.

El día de su desaparición, Marco Antonio llevaba consigo 450 mil pesos provenientes de la colecta de ganancias en una conocida cadena de vinaterías, en donde laboraba como persona de confianza. En la madrugada del 24 de abril, sus familiares presentaron la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía estatal, y tras ser admitida por el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), se envió al Grupo Antisecuestros, adscrito a la policía ministerial, grupo en donde laboraba Pablo Tenorio.

Tras casi dos años del hecho, las hermanas de Marco Antonio señalan que no hay avance en la investigación, y que Pablo Tenorio, a propósito, obstaculizó el avance en el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, permitió que se borraran las imágenes de una cámara de vigilancia -perteneciente a una estética- que podrían haber servido como pista para la localización de su hermano.

Ellas, en compañía de su familia, lograron acceder a imágenes de las cámaras instaladas en diversos comercios ubicados en el trayecto que Marco Antonio hizo ese día. Sin embargo, las autoridades se han negado a mostrarles los videos de las cámaras de videovigilancia pertenecientes a las corporaciones de seguridad y que están instaladas en el mismo recorrido.

Las hermanas de Marco Antonio forman parte del grupo de familias que son acompañadas jurídica y psicológicamente por el OVSG.

“La exigencia va en torno al análisis y evaluación de cómo se integraron los procesos. Pero también a la revisión de quiénes participaron y en su momento obstaculizaron el acceso a la información, o facilitaron la pérdida de indicios importantes en la investigación de personas desaparecidas y feminicidios. El estado tiene que tomar cartas en el asunto y garantizar justicia y la no repetición”, señaló Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio.

El OVSG tiene conocimiento de al menos tres casos -dos desapariciones y un feminicidio- en donde las familias de las víctimas identifican que policías ministeriales amedrentaron a testigos y obstaculizaron las investigaciones. Las víctimas señalaron que, incluso, los ministerios públicos les externaron que no podían confiar en el equipo de la Policía Ministerial.

En coordinación con las familias, el OVSG exigirá al fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, tome cartas en el asunto. Hasta el momento el funcionario estatal no se ha posicionado al respecto, y tampoco respondió a la solicitud de una entrevista.

Por otra parte, se confirmó que Rodolfo Tiscareño,  quien ostentaba el cargo de director de Psicología Forense en la Fiscalía estatal desde hacía décadas, fue dado de baja. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos. (Con información de Mónica Cerbón).

 

 

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