ENSENADA, BC (apro).- Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) del municipio de Tijuana entregó equivocadamente el cadáver de una persona que fue víctima de la violencia homicida que vive la ciudad fronteriza. Ello motivó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitiera una recomendación al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado, para que reparen los daños ocasionados por la pifia y sancionen a dos técnicos en necropsia, a una auxiliar administrativa y a quien era coordinador del Semefo en Tijuana al momento del incidente: el médico legista Jesús Ramón Escajadillo Díaz. Los hechos ocurrieron en los meses de abril a noviembre del año pasado. Por el error, uno de los cuerpos terminó enterrado en el panteón “Oakdale Mortuary” en la ciudad de Glendora, California, Estados Unidos. El segundo cadáver estuvo a punto de ser sepultado en una fosa común de Tijuana. Tanto el Tribunal de Justicia como el Consejo de la Judicatura conocieron el caso mucho antes de recibir la recomendación de la CEDHBC porque se les notificó de la negligencia a través de la Subjefatura del Semefo de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Su respuesta fue hacer ajustes de personal en el Semefo: 1.- Nombrar al doctor César Raúl González Vaca como Jefe del Semefo a nivel estatal; 2.- eliminar el puesto de coordinador en Tijuana: 3.- designar a la doctora Mercedes Quiroz Prado como subjefa del Semefo en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Eso lo hicieron el 4 de junio del 2018. Ni el Tribunal ni el Consejo aplicaron otros correctivos a los involucrados en la injusticia. Mucho menos dictaron medidas de compensación y apoyo a los familiares de las víctimas de la desidia. De hecho, el doctor Escajadillo Díaz pasó a ser médico legista y no se volvió a hablar del asunto hasta que hoy la Comisión derechohumanista que preside Melba Adriana Olvera Rodríguez, emitió la recomendación 2/2019 dirigida a las dos instancias del poder judicial de Baja California. El documento señala como directamente responsables de violar los derechos al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, a funcionarios del Servicio Médico Forense dependiente del Poder Judicial del Estado, por haber entregado un cuerpo que no correspondía al identificado por sus familiares. De acuerdo con el resolutivo de la CEDHBC, los hechos se dieron así: El 17 de abril de 2018, un hombre de 57 años fue muerto en Tijuana con arma de fuego; seis días después llegó al Semefo el cadáver de otro hombre, de 43 años, también asesinado a balazos. Los dos cadáveres quedaron bajo resguardo del forense en calidad de “desconocidos”. Esto por disposición de la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que abrió la indagatoria de los asesinatos. Los hechos El 4 de mayo, dos personas identificaron a la víctima de los hechos ocurridos el 23 de abril; pidieron el cuerpo, contrataron un servicio fúnebre y enterraron en “Oakdale Mortuary” a quien creían era su familiar. El 27 de mayo, la PGJE autorizó al Semefo que enviara algunos cuerpos a la fosa común, entre ellos el relacionado con la Carpeta de Investigación del caso que sucedió el 17 de abril. Cuando buscaron ese cadáver se dieron cuenta de que fue entregado de manera equivocada a los residentes de California. Al conocer los hechos, los familiares engañados presentaron una queja a la Comisión de los Derechos Humanos que en su investigación encontró que tanto la Subjefatura del Semefo para Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, como el jefe del Forense en Tijuana se percataron de la confusión de los cuerpos el 21 de mayo de 2018. “Pero (los restos) se entregaron adecuadamente hasta el 11 de noviembre de esa misma anualidad, quedando evidenciada la falta de la supervisión y el cuidado, así como el profesionalismo” de todos los funcionarios involucrados en los hechos. Para Melba Adriana Olvera, en el caso se aplica el artículo 41 del Reglamento del Servicio Médico Forense para el Estado de Baja California, norma que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Semefo. En él se establece el derecho al trato digno a favor de las personas que han perdido la vida y se encuentran a disposición del Semefo, al establecer que los cadáveres deberán ser tratados con el debido respeto al efectuar su manejo físico. De igual manera, la Ley General de Salud en su artículo 346 y la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California en su numeral 115, ordena que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. En la Recomendación, derechos Humanos resalta que los técnicos en necropsia que trataron a los dos cadáveres, tenían la obligación de cuidar su conservación y seguridad, misma que incumplieron al descuidar el cuerpo de una de las víctimas, permitiendo con ello que fuera enviado a Estados Unidos. La Comisión pide por último al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura que emitan instrucciones a efecto de que se repare el daño de manera integral, “debiendo incluir la atención psicológica, psiquiátrica y tanatología, oportuna y gratuita que lleguen a necesitar las víctimas” de la pifia.