Pacto secreto para someter al “mal portado” Assange

Con el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, la mañana del jueves 11, culminó una operación diplomática de alto nivel en la que participaron funcionarios ingleses, ecuatorianos y estadunidenses. Las triviales razones que se dieron en Londres, Quito y Washington para retirarle el asilo dejan claro que Assange, aun desde su encierro en la embajada de Ecuador en Inglaterra, seguía incomodando a muchos gobiernos.

LONDRES.- Diplomáticos de alto rango de Gran Bretaña, Ecuador y Estados Unidos negociaron un pacto secreto durante 10 meses para arrestar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un operativo policiaco en la embajada ecuatoriana en Londres.

Funcionarios de los tres países, asesorados por juristas expertos en tratados internacionales, mantuvieron una serie de conversaciones para poner fin al asilo de Assange, quien pasó 2 mil 487 días refugiado en la sede diplomática.

Con el arresto del australiano de 47 años culminó el proceso que el 4 de junio de 2018 inició el ministro del Foreign Office británico para América Latina, sir Alan Duncan. Este funcionario conservador, que antes fue ministro para Desarrollo Internacional, está muy conectado con los servicios secretos británicos. 

Duncan mantuvo varias conversaciones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y con el presidente Lenín Moreno. Varios de los encuentros se llevaron a cabo en la sede del Foreign Office, en el barrio gubernamental de Westminster. Desde ahí, funcionarios británicos y ecuatorianos realizaron teleconferencias secretas con la sede del Departamento de Estado en Washington para discutir el futuro de Assange.

La primera etapa de negociaciones la realizaron diplomáticos británicos y ecuatorianos, de junio a diciembre del año pasado. Posteriormente Londres pidió a Washington garantizar que en caso de que Assange fuera extraditado a Estados Unidos por delitos de espionaje, no enfrentara la pena de muerte. El gobierno de Donald Trump se negó a dar esas garantías, pero a comienzos de abril las cedió y el pacto fue sellado. 

Así lo admitió Duncan en entrevista con el periódico del establishment inglés, The Daily Telegraph, que la publicó el 12 de abril y tomó por sorpresa al gobierno británico. “Nosotros no extraditamos a ninguna persona a un país donde pueda enfrentar la pena de muerte sin antes recibir garantías de rutina. Esa ha sido siempre nuestra política oficial”, dijo. 

Duncan, que entre 2009 y 2010 fue ministro para las prisiones, indicó que Assange podría cumplir primero una pena de hasta un año en una cárcel británica por violar en 2012 la libertad condicional que le impuso una corte inglesa, antes de enfrentar su posible extradición, ya fuera a Suecia –que podría solicitarla por los cargos de violación a dos mujeres– o a Estados Unidos, por espionaje. 

El jurista Thomas Garner, uno de los principales expertos británicos en extradición, explicó al Telegraph que dicho proceso no comenzará antes de un año: “La corte aquí en el Reino Unido se tomará su tiempo para evaluar las razones del pedido de extradición. Ese proceso podría llevar meses y hasta un año. No habrá ‘extradición exprés’”.

En una presentación ante el Congreso de su país el mismo día del arresto de Assange, el canciller ecuatoriano José Valencia dijo que el asilo fue revocado por nueve razones, entre ellas la intervención del australiano en asuntos internos de otros Estados, su mal comportamiento y falta de respeto hacia Ecuador; amenazas del asilado contra el Estado ecuatoriano y su embajada en el Reino Unido, además de que su condición de salud “es motivo de preocupación”.

Valencia también dijo que la posición del Reino Unido, “que se ha mantenido inalterable desde el 2012”, es que el asilo diplomático “no es un instrumento para evadir la justicia”, el hecho de que hasta el momento del arresto no existiera pedido alguno de extradición; las garantías suficientes “por parte del Reino Unido de que no será extraditado a un país en el que se le aplique la pena de muerte o sufra tratos inhumanos o degradantes”, y finalmente “inconsistencias en su naturalización”.

Sobre el mal comportamiento, Valencia dijo que Assange usaba una patineta y jugaba futbol dentro de la embajada, maltrataba y amenazaba al personal diplomático e incluso llegó a pelear físicamente con agentes de seguridad.

Asimismo, señaló, “acusaba permanentemente al personal de la embajada de espiarlo o filmarlo” presionado por Estados Unidos, y en lugar de agradecer a Ecuador por casi siete años de asilo lanzó “una avalancha de críticas” contra su gobierno. Añadió que la permanencia de Assange en la embajada le costó a Ecuador al menos 5.8 millones de dólares en seguridad entre 2012 y 2018, así como cerca de 400 mil dólares en tratamientos médicos, alimentos, lavado de ropa y gastos adicionales.

En un mensaje grabado el jueves 11, el presidente Lenín Moreno acusó a Assange de violar “las generosas condiciones de asilo ofrecidas por Ecuador” e “inmiscuirse” en asuntos internos de otros países. Lo acusó de instalar equipos electrónicos de escucha prohibidos en la embajada y de conocer sin permiso “documentos de seguridad de la embajada”. 

La gota que derramó el vaso, según Moreno, fue que Wikileaks “amenazó directamente al gobierno de Ecuador” el 9 de abril, día en que el equipo legal de Assange dio una conferencia de prensa en Madrid, en la cual acusó a las autoridades ecuatorianas de espiarlo. 

En 2017 Lenín Moreno ganó por escasa mayoría la elección presidencial de Ecuador. Su predecesor, el izquierdista Rafael Correa, había dado a Assange el asilo con todas las garantías constitucionales. Pero desde que Moreno se proclamó ganador fue muy crítico con Assange. Al enterarse del retiro del asilo al fundador de Wikileaks, Correa calificó en su cuenta de Twitter a Lenín Moreno como “el mayor traidor de la historia en Ecuador y América Latina”. 

El arresto

El viernes 5 el canciller británico Jeremy Hunt recibió una llamada telefónica en la sede del Foreign Office de su colega ecuatoriano José Valencia. Éste le informó que se revocaría el estatus de asilado de Julian Assange el 11 de abril y que a partir de entonces el gobierno de Ecuador autorizaba oficialmente a la Policía Metropolitana el ingreso a la embajada para arrestar al australiano.

Hunt se comunicó de inmediato con la alta comisionada para Scotland Yard, Cressida Dick, quien ordenó el envío de agentes a la embajada ecuatoriana. A partir del sábado 6, testigos y manifestantes confirmaron la llegada de más policías y al menos dos camionetas a las cercanías del edificio. Dick llamó a una reunión de emergencia en las oficinas de Scotland Yard, a pocos metros del Palacio de Westminster, en la cual se fraguó el plan exprés para arrestar y sacar de la embajada a Assange. 

A las 9.00 del jueves 11, minutos después que el fundador de Wikileaks perdiera su estatus de refugiado, siete agentes británicos vestidos de civil entraron por la puerta principal de la sede diplomática, cuatro camionetas policiacas se estacionaron enfrente y otros efectivos rodearon el edificio a fin de impedir que entrara o saliera gente. Dos francotiradores se apostaron en los edificios colindantes del exclusivo barrio de Knightsbridge. 

A las 9:15, los siete policías de civil se reunieron con el embajador ecuatoriano Carlos Abad Ortiz en su despacho y éste les entregó un documento oficial donde los invitaba a arrestar a Assange. A las 10:00 los agentes salieron del despacho y se toparon con Assange en el pasillo central de la embajada. El australiano trató de encerrarse en su habitación en la parte trasera de la embajada. La ministra del Interior ecuatoriana, María Paula Romo, difundió que Assange sabía que iba a ser detenido esa mañana y, como protesta, cubrió las paredes de su habitación con sus propios excrementos.

Luego del forcejeo inicial con los agentes, mientras protestaba a gritos, Assange fue sometido, esposado y formalmente arrestado a las 10:15. 

Las imágenes que se trasmitieron por televisión en todo el mundo muestran a los agentes de civil arrastrando a un Assange muy desmejorado, con barba blanca, el pelo recogido y un semblante muy pálido, que a su vez grita: “¡Esto es ilegal! ¡El Reino Unido no tiene civilidad! ¡El Reino Unido debe resistir!”.

En sus manos lleva un libro del escritor estadunidense Gore Vidal, férreo crítico de los gobiernos republicanos, sobre todo del de George W. Bush y especialmente por la guerra de Irak. El título es History of The National Security State (Historia del Estado de seguridad nacional) y es una serie de entrevistas a Vidal por Paul Jay, director de The Real News Network, en las que el escritor denuncia una y otra vez el “complejo militar, industrial y de seguridad” de su país. 

Tras empujar a Assange dentro de una camioneta policial, los agentes lo llevaron a la comisaría West Central y ahí lo encerraron en una celda de máxima seguridad. Pocas horas después fue trasladado a la Corte de Magistrados de Westminster, donde confirmó su nombre, edad y nacionalidad. El juez de instrucción Michael Snow le notificó que era culpable de evadir su libertad condicional para evitar ser extraditado a Suecia en 2012 y que deberá comparecer ante esa corte el próximo 2 de mayo mediante una videoconferencia desde su celda. Dicha comparecencia está vinculada con su posible extradición.

El juez Snow calificó de cómicos los argumentos de Assange para justificar la violación de su libertad condicional y sugirió que el australiano “debería ser trasladado a Estados Unidos”, aunque también le aconsejó “seguir con su vida normal”.

Su futuro

El fundador de Wikileaks enfrenta pedidos de extradición por parte de Estados Unidos y Suecia. Las autoridades judiciales del primer país preparan el legajo de acusaciones por delitos cibernéticos y de espionaje a raíz de la filtración de más de 700 mil documentos secretos del gobierno, incluyendo militares, por la que Assange puede enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión. 

Antes el australiano deberá cumplir hasta un año de reclusión, probablemente en la prisión de alta seguridad de Wandsworth, en el sur de Londres, mientras Suecia evalúa si reabre la causa que abrió contra él en 2010.

Cuando transcurran seis meses de su condena en la prisión británica podrá comenzar formalmente el proceso de extradición, que puede prolongarse hasta dos años, de acuerdo con juristas británicos. 

En Washington, el Departamento de Justicia confirmó que pidió la extradición de Assange “en conexión con delitos federales por intromisión en sistemas de computación (hackeo) y violación de contraseñas de una computadora clasificada del gobierno de Estados Unidos”. Esos delitos, abundó la fuente, “están relacionados con el supuesto papel de Assange en uno de los mayores actos en la historia de Estados Unidos para poner en riesgo información clasificada”. 

La denuncia oficial indica que en marzo de 2010 “Assange conspiró con Chelsea Manning, una exanalista de Inteligencia del Ejército estadunidense, para ayudar a Manning a violar contraseñas almacenadas en computadoras del Departamento de Defensa conectadas a la Red Secreta de Protocolos de Internet (SIPRNet, por sus siglas en inglés), una red del gobierno de Estados Unidos utilizada para documentos y comunicación clasificados”. 

Agregó: “Manning, que tenía acceso a esas computadoras gracias a su labor como analista de inteligencia, utilizaba los ordenadores para descargar información clasificada y transmitírsela a Wikileaks. Violar esas contraseñas le permitió a Manning ingresar a las computadoras bajo un nombre que no era el de ella”. El Departamento de Justicia también confirmó que un juez distrital determinará la sentencia luego de revisar los lineamientos correspondientes “y otros factores judiciales”.

Entre enero y mayo de 2010 Manning descargó cuatro bases de datos que contienen 90 mil informes confidenciales sobre la guerra de Afganistán, 400 mil vinculados con la guerra de Irak, 800 reportes secretos sobre detenidos en la prisión de Guantánamo y unos 250 mil cables top-secret del Departamento de Estado. Wikileaks los publicó. 

Una corte marcial juzgó a Manning en julio de 2013 por violar la Ley de Espionaje y la sentenció a 35 años en prisión. Esa pena fue conmutada por el entonces presidente Barack Obama y Manning obtuvo su libertad en 2017, pero en marzo de este año fue encarcelada nuevamente por negarse a entregar evidencia sobre Wikileaks.

Si Assange es extraditado a Estados Unidos y condenado por espionaje, puede ingresar en la infame prisión federal Supermax ADX de Colorado, conocida por sus duras condiciones para los presos y las severas medidas de seguridad. Es probable que la defensa de Assange presente un recurso contra su extradición ante la Corte de Apelaciones del Reino Unido, la Corte Suprema británica y quizá la Corte Europea de Derechos Humanos, si para entonces Gran Bretaña aún permanece dentro de la Unión Europea (UE). 

En Estocolmo la fiscal general de Suecia, Ingrid Isgren, indicó en un comunicado que el arresto “es una buena noticia” para la fiscalía de su país. Una investigación preliminar en Suecia puede ser reabierta siempre que el delito no esté sujeto a un estatuto con fecha límite, agregó Isgren. El delito que se le imputa a Assange prescribe a mediados de agosto de 2020.

Aunque Lenín Moreno calificó el retiro del asilo a Assange como “una decisión soberana” porque el australiano “violó en repetidas oportunidades las convenciones internacionales y protocolos del día a día”, Wikileaks considera en su página web que el gobierno de Ecuador “actuó de forma ilegal” y “violó las leyes internacionales”. 

Según la defensa de Assange, el australiano “enfrenta ahora un intento sin precedentes de Estados Unidos para tratar de extraditar a un periodista extranjero, acusándolo por delitos criminales por haber publicado información fehaciente y muy comprometedora”.

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