Denuncian amenaza del Cártel de Sinaloa contra líderes sociales colombianos

BOGOTÁ (apro).- Una organización campesina del sureño municipio colombiano de Piamonte denunció este miércoles que grupos armados, entre los cuales se menciona al Cártel de Sinaloa, amenazaron de muerte a varios dirigentes sociales de la zona que respaldan el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca.

Maydany Salcedo, presidenta de la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte, Cauca (Asimtracampic), dijo vía telefónica a Apro que la amenaza es “creíble” por el creciente número de asesinatos de dirigentes sociales que han ocurrido en Colombia desde 2016, gran parte de los cuales está relacionado con la lucha contra los cultivos ilícitos.

La amenaza, que ya fue denunciada ante la Fiscalía y la Policía Nacional, llegó el lunes 15 a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono celular del dirigente social Amado de Jesús Grajales, quien de inmediato lo reportó a las autoridades de la zona, donde hay grandes extensiones de cultivos de hoja de coca.

El texto, escrito con varios errores ortográficos y de sintaxis, señala: “Atencion.atencion las dicidencias delas farc ep,elgrupo nativo que ejerce control en la region y el cartel de sinaloa, tenemos el gusto de invitar a toda la ciudadania del municipio de piamonte cauca y en general a familiares amigos y relacionados al funeral de las siguientes personas (…).

Enseguida se mencionan a Clara Cantillo y a Eida Ruth Figueroa, quienes son responsables de Derechos Humanos y de Comunicaciones, respectivamente, de la Asintracampic.

El mensaje las señala como “directas responsables de que la coca se este (sic) acabando en la region (sic)”, lo que causa un “daño muy grave para nuestras oranizaciones (sic)”.

La presidenta de Asimtracampic, Maydany Salcedo, dice que “es sabido por toda la comunidad” que los grupos armados mencionados en el texto “están en nuestra zona y en muchas otras del país”.

Según reportes de inteligencia de la Policía Nacional, el Cártel de Sinaloa opera a través de emisarios en el sur y en el suroccidente de Colombia, en el Golfo de Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño, al noroccidente del territorio, donde se encarga de coordinar los embarques de cocaína.

Las disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico, tienen células con armamento de guerra en varios puntos de la geografía nacional.

Un informe de la Defensoría del Pueblo (institución estatal de derechos humanos) señala que desde 2016 han sido asesinados en Colombia 458 dirigentes sociales y que el fenómeno ha ido en ascenso desde 2018.

Los homicidios, que según la Defensoría tienen en muchos casos como víctimas a dirigentes que promueven la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, han llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a pedir al gobierno colombiano una acción más firme contra los autores y el reforzamiento de las medidas de protección a líderes sociales amenazados.

Proceso (número 2206) reportó en febrero pasado que, de acuerdo con informes de activistas humanitarios y autoridades colombianas, los cárteles mexicanos de la droga están detrás de los asesinatos de líderes sociales en Colombia por el financiamiento que otorgan a las bandas criminales que los abastecen de cocaína y que son señaladas de la autoría de varios de esos homicidios.

Además de amenazar a dos dirigentes de la Asimtracampic, el texto denunciado por esa organización campesina “invita” al funeral de Jairo Alexander Burbano Macias, Amado de Jesús Grajales y Giovani Bastidas, quienes son precandidatos a la alcaldía de Piamonte por los partidos MAIS, Liberal y Cambio Radical.

La presidenta de Asimtracampic, Maydany Salcedo, indica que la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo ya están investigando la amenaza, pero se queja de que “el gobierno no muestra ningún interés por poner fin al asesinato de líderes sociales”.

La Asimtracampic ha sufrido en el pasado el asesinato de un de sus líderes, así como persecución y amenazas a sus dirigentes.

La senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, ha dicho a Proceso que en Colombia está en marcha “un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo envió una “alerta temprana” al Ministerio del Interior para advertir que los habitantes del municipio noroccidental de Tierralta, Córdoba, vivían una “situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” que tenía como telón de fondo la presencia del Cártel de Sinaloa en esa zona.

De acuerdo con la alerta, la organización criminal mexicana está financiando a bandas de esa región, entre ellas el poderoso clan del Golfo.

La Defensoría pidió al gobierno proteger a los habitantes del municipio de Tierralta, pues grupos criminales que ostentan sus nexos con el Cártel de Sinaloa los exponen “a homicidios selectivos o de configuración múltiple; desplazamientos forzados; confinamientos; restricciones a la libertad de circulación; desapariciones forzadas; violencia sexual”, además del reclutamiento de menores.

En el caso de la denuncia en Piamonte, funcionarios de la Defensoría ya se desplazaron a la zona para conocer la situación y gestionar la protección de los líderes amenazados.

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