CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Información pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador abrogar la Ley General de Comunicación Social y emitir una nueva, como un primer paso para “impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno”. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que la publicación de la política de comunicación social en el Diario Oficial significa “algunos avances importantes en la materia, pero no son suficientes”. De igual manera, reiteraron la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y “discutir y legislar una nueva de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios sobre regulación y libertad de expresión”. Artículo 19 y Fundar emplazaron al gobierno de López Obrador que discuta y revise la iniciativa de ley general que elaboró el Colectivo #MediosLibres, a través del modelo de parlamento abierto. Tras señalar que uno de los problemas más graves que han identificado es “el aumento injustificado” en el rubro de comunicación social, cuestionaron que la política en la materia, así como los “Lineamientos generales para el registro de programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019”, publicado en enero de este año, no han “establecido topes presupuestarios” para la actual administración. En un comunicado, las organizaciones resaltaron que “ambos ordenamientos dan mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de esos recursos, como un instrumento para influir en la línea editorial de los medios de comunicación”. Al señalar que los ordenamientos son “insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición, recordaron que durante la gestión de Enrique Peña Nieto el gasto de comunicación social fue de 61 mil 659 millones, lo que significó un incremento de 89% más de lo aprobado, y la nueva política –puntualizaron-- no prohíbe el rebase de topes presupuestales, aunque “obliga a las dependencias a anunciarlos”. Para las organizaciones, obligar a las dependencias federales a avisar de un incremento presupuestal en materia de publicidad oficial “resulta positivo en términos de transparencia, (pero) sigue validando las malas prácticas de las administraciones anteriores”. Asimismo, destacaron que en la actualidad alrededor del 50% del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación, y que, si bien la nueva política proscribe la concentración del 25% del gasto en un solo medio, “esta medida de avanzada está acompañada de excepciones”. En el análisis del planteamiento federal, consideraron que a los criterios de asignación de la publicidad oficial les “falta claridad y precisión en su redacción, lo que da un margen importante y de discrecionalidad”. De la misma manera, subrayaron, se “hace caso omiso de las concesiones de uso social, comunitarias e indígenas”, que con el marco legal actual “tienen acceso limitado a la publicidad oficial y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios”. Artículo 19 y Fundar insistieron en que la nueva política de comunicación social representa un avance, pero del análisis se advierte que “no acaba con los grandes males de la publicidad oficial”, toda vez que su aplicación se limita al ámbito federal. “No podemos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de gobierno”, es decir, si no se genera una nueva legislación, concluyeron.