CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Diversos movimientos que han usado la red de redes para presentar acusaciones al margen del debido proceso representan sólo uno de los problemas, quizá el menor, que hay en internet. Día con día en diferentes plataformas se insertan datos presentados como veraces sin serlo, o que en algunos casos lo son, como el cuerpo desnudo de una persona contra su voluntad que va a parar a empresas de pornografía. Las víctimas en casos como éste pueden ser niños, niñas, mujeres y hombres. No es una cuestión de género; es un tema de afectación del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, en los términos y alcances previstos en la Constitución. No propongo en modo alguno que se limite el ejercicio de la libertad de expresión hasta el punto que la ley permite. Hay casos, empero, que rebasan esos límites, y cualquier persona con dos dedos de frente estaría de acuerdo en ello. Algunos ejemplos: Imágenes de personas (hombres y mujeres) “acusadas” de formar parte de liderazgos del crimen organizado y que son sujetas a extorsiones de tracto sucesivo; es decir, que no terminan y generan un peligro grave de afectación a su integridad personal y a la de sus familias, así como a su salud mental y sus relaciones en sociedad; fotos o grabaciones de niñas y niños realizadas en los baños de escuelas públicas y privadas en contubernio con trabajadores y que van a parar a sitios de internet gratuitos o pagados; imágenes y grabaciones de personas de la tercera edad acusadas de cometer delitos y/o dar muerte a animales sin prueba legal alguna, y quienes en la vida real son acosadas en sus hogares, en algunos casos con finales trágicos… Y así se podría enumerar un sinfín de casos, en los que el género es lo de menos. Aquí lo más importante es que internet no sea una tierra de nadie en la que domine la ley del más fuerte, como en el estado de naturaleza de Hobbes, en donde todo mundo podía hacer lo que quería y el resultado era la anarquía. Por eso se creó el Estado en sus diversas formas y con progresos significativos, desde el autoritarismo a los Estados democráticos de derecho. La idea de legislar al respecto no es inédita; se ha desarrollado en varios países europeos, así como en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en otros más. Se trata, en efecto, de un tema de la mayor importancia. Actualmente se han logrado avances al reconocerse en una ejecutoria del Poder Judicial de la Federación que la justicia mexicana tiene competencia para conocer sobre presumibles violaciones a los derechos de la personalidad en los más distintos instrumentos de internet, tengan o no domicilio oficial en México; basta con que se adviertan en México para que los juzgadores federales puedan impartir justicia en esos casos. El avance en cuestión se le debe al jurista mexicano Ulrich Richter, quien ha sentado un importantísimo precedente. No obstante, la lentitud de los plazos legales –se prolongan de dos a cuatro años al menos– derivan en injusticias hacia quienes menos tienen. Por lo anterior, sería un gran salto a la ponderación de derechos la elaboración y aprobación de una ley que resuelva de manera sumaria y con plazos mínimos esos casos que lastiman a la sociedad mexicana; que se dé vida a la figura de una fiscalía de ciberdelitos y que se provea de herramientas a los juzgadores federales para que sus resoluciones se cumplan, entre éstas la congelación de las cuentas en México de empresas digitales (desde Google, Twitter y Facebook, entre otras) que hacen negocios con el gobierno o con el sector privado, y en su caso ordenar a sus clientes terminar de forma anticipada sus contratos con esas empresas que, en nombre de la libertad de expresión, promueven muchos delitos sin que pase nada, considerando a esos clientes, llegado el caso, como cómplices. Medidas como éstas serían verdaderos disuasivos para acabar con la parte más oscura de las violaciones del derecho a la propia imagen, al honor y a la vida privada. Repito: esto no tiene nada que ver con los juicios de valor negativos que forman parte de la libre deliberación pública y son muy distintos a los casos que he señalado. Sé que hay resistencias a que se genere una normativa de esa naturaleza, pese al innegable interés público que la anima. De no proceder en esa dirección, los abogados que llevan esos casos (me incluyo) y que tienen acuerdos con despachos internacionales seguirán siendo los únicos beneficiarios del vacío normativo existente, pero sólo en favor de un pequeñísimo sector: el que tiene los recursos suficientes para sufragar los gastos a fin de resolver su problema específico en un breve lapso. La inmensa mayoría de los ciudadanos quedará subordinada a vivir bajo estigmas y escarnios públicos que laceran la calidad de su vida diaria. El sentido común debe prevalecer por el bien de la sociedad. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com