CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un elefante reumático. Así describe AMLO al Estado. Pesado, aletargado, difícil de empujar, difícil de mover. Ese Estado con sus mañas y sus modos, sus costumbres y sus constantes. Ese Estado obeso al que el nuevo gobierno quiere adelgazar. Transformar al mamut en gacela, obligar al mamífero lento a moverse a pasos más veloces. Eso explica la velocidad con que el gobierno anuncia medidas y las implementa. La prisa por cambiar, la prisa por enmendar. El problema es que el objetivo loable está produciendo resultados que distan de serlo. Hay buenas intenciones y malos métodos. Hay política pública que no está basada en los datos o la evidencia, sino en la improvisación y la ocurrencia. Produciendo caos y desorden y desconcierto. La Cuarta Transformación está gobernando al aventón.  Cada mañana el presidente anuncia o desmiente o amenaza, suponiendo que su palabra podrá traducirse en acción. Y muchas veces habla desde el desconocimiento, no después de la deliberación. Habla desde la anécdota, no luego de la auscultación. Habla desde la convicción, no como resultado de la constatación. Como lo hizo apenas hace unos días sobre el tema de la gasolina y sus precios, las gasolineras y sus abusos. Ahí, en la conferencia mañanera argumentó que el combustible no baja de precio por los márgenes de ganancia de quienes la despachan. Acusó a las gasolineras de cochupo y colusión. Amenazó con exhibir públicamente una lista de los peores infractores. Anunció la creación de una red de gasolineras públicas que vendieran debajo del costo. Y así demostró cómo mal entiende el poder del presidente y cómo lo usa equivocadamente. Sin duda hay gasolineras que hacen trampa, que cobran más de lo que deberían o se quedan con lo que no deberían quedarse. Pero el precio de la gasolina no sólo depende de la voluntad del dueño o concesionario; opera también en función del tipo de cambio, los costos de transporte, los costos de distribución, el impuesto que el propio gobierno le coloca. Culpar a las gasolineras es no comprender la complejidad del problema. Y amenazar con exhibirlas es convertir la conferencia mañanera en un “Tribunal de la Virtud” al estilo de Robespierre donde se exhibe, se culpa, y se guillotina pero no se resuelve el problema.  AMLO no debería arrogarse una autoridad que no tiene ni interferir en el mandato de quien deberían ejercerla. Para los temas de colusión o prácticas anticompetitivas está la Comisión Federal de Competencia. Para eso existen los órganos reguladores autónomos y con esta intención fueron creados. Para señalar fallas del mercado, para investigar a quienes atentan contra la competencia, para sancionar a quienes lo manipulan. No le corresponde al presidente apuntar con dedo flamígero a las gasolineras que considera culpables; le corresponde a la Cofece demostrarlo y actuar en consecuencia. El mismo problema ocurre con la idea presidencial de crear una red de gasolineras gubernamentales. Ya existe y Pemex la concesiona. Crear una nueva no sólo sería carísimo, también sería ilegal. Si ahí se decidiera vender gasolina por debajo del costo, el gobierno tendría que subsidiarla y los contribuyentes acabaríamos financiando gasolina barata vía nuestros impuestos. Además constituiría un acto de competencia desleal, violatorio de las leyes de competencia, y seguramente produciría el éxodo inmediato de inversionistas nacionales y extranjeros que le han apostado al sector. La respuesta real no es una intervención presidencial con efectos intimidatorios o publicitarios. La solución radica en la promoción de la competencia vía las instituciones existentes, con la sanción correspondiente a quienes la obstaculicen. México no necesita más Estado y menos mercado, sino el fortalecimiento de ambos. El primero para regular, y el segundo para competir. El primero para impulsar la competencia, el segundo para traducir sus beneficios a los consumidores. Pero AMLO, en sus ansias por demostrar cuán diferente es, anuncia antes de entender, proclama antes de estudiar, condena antes de escuchar. Y parece demostrar una profunda aversión a la regulación. Sólo así se explica el nombramiento de incondicionales incompetentes a la Comisión Reguladora de Energía. Sólo así se entiende el perfil de quienes quisiera colocar en el Consejo de Administración de Pemex, con la intención de que Pemex se autorregule o Manuel Bartlett, Rocío Nahle u Octavio Ramírez Oropeza lo hagan. Sólo así se entiende que en la Convención Nacional Bancaria haya anunciado que habría menos regulación y la forma de promover la competencia sería entregándole un “premio” al banco que bajara más las comisiones.  En pocas palabras, el presidente piensa que en vez de regular el Estado debe exhortar. En vez de fortalecer las condiciones legal y normativas para la competencia, el Estado debe dejarla en manos del mercado. En vez de intervenir para asegurar un terreno nivelado de juego, el Estado debe ser reemplazado por la decisión discrecional del Ejecutivo.  Si el presidente sigue traduciendo sus ideas fijas en acciones que se anuncian desde el púlpito tempranero, el resultado no será bueno para el país. Si el presidente sigue gobernando en función de sus creencias y no en relación a las reglas que explican cómo funciona toda economía, el impacto no será el que anticipa. Porque gobernar con “otros datos” lo llevará a pelearse con ellos y perder. Gobernar sin entender qué es la competencia y qué tipo de regulación existe para fomentarla reinstalará lo que necesitamos superar. El capitalismo de Estado donde el gobierno controla y el capitalismo oligárquico donde los “campeones nacionales” exprimen; donde los ganadores son determinados por el presidente y los perdedores también. Colocará el futuro de la 4T en manos de un buen político y un mal gobernante. Alguien montado sobre el elefante que lo maneja al aventón. Este análisis se publicó el 14 de abril de 2019 en la edición 2215 de la revista Proceso