Sentencia inaudita contra el documentalista Clemente Bernad

Clemente Bernad. Foto: EFE / Jesús Diges Clemente Bernad. Foto: EFE / Jesús Diges

La sanción penal contra un informador por intentar grabar una misa secreta de los integrantes de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz en el Monumento a los Caídos de Pamplona es una prueba de que en España aún persiste un “franquismo sociológico”, comenta a Proceso el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Y se pregunta: ¿Ha terminado ya la represión franquista?

MADRID (Proceso).- La semana pasada el documentalista Clemente Bernad Asiain fue sentenciado a un año de prisión y al pago de alrededor de 6 mil euros por intentar videograbar, sin éxito, una misa de connotaciones fascistas que celebra cada mes la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz.

La sentencia de la magistrada Aurora Ruiz Fierro, del Juzgado Penal 3 de Pamplona –que responsabiliza a Bernad de un delito de “revelación de secretos” pero exonera a su compañera Carolina Martínez Gila, a quien se incluía en la acusación– no pone ningún reparo sobre la celebración de las misas en memoria a los militares sublevados que perpetraron el golpe de Estado de 1936 y a los requetés, las milicias civiles de Navarra que se sumaron a los golpistas en su “Cruzada por Dios y por España”, según los principios de dicha hermandad.

En momentos en que una corriente en España está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco –que el gobierno prevé realizar el próximo 11 de junio–, la justicia española avaló la acusación de esta hermandad canónica dependiente del Arzobispado de Pamplona, “que viola la ley de la Memoria Histórica” al realizar “ritos de apología y exaltación del fascismo”, comenta al corresponsal Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La condena de Bernad, dice, demuestra que en España persiste un “franquismo sociológico” que se “beneficia y protege” de una “cultura política y religiosa sostenida sobre el pasado de la dictadura. Hay grupos y organizaciones que, por afirmación u omisión, ha mantenido sus vínculos con el franquismo”.

La sentencia que condena a Bernad y lo obliga a indemnizar a la Hermandad de los Caballeros de la Cruz –además del pago de una multa y las costas del juicio– “no sería posible en tribunales de unos cuantos países europeos, porque han regulado en sus códigos legislativos la cultura antifascista y porque su relación con la Iglesia católica no incapacita al Estado para ejercer y ordenar el cumplimiento estricto de las leyes en espacios de culto”, añade Silva.

Entrevistado por Proceso poco después conocerse el fallo, Bernad se dice “entristecido” y “desbordado” porque en 2019 aún continúa la humillación a las víctimas con la celebración de estos ritos en un mausoleo levantado en honor a los golpistas y, en contrapartida, se le sentencie a él, cuyo objetivo era el de divulgación.

La decisión judicial provocó el rechazo, entre otras, de las asociaciones de reporteros gráficos de Navarra y de Asturias, quienes emitieron sus respectivos comunicados en los que condenan la sentencia por grabar en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, donde se celebran las misas franquistas.

Este fallo supone un “retroceso en los derechos a la libertad de expresión e información” y pretende “neutralizar la elaboración de un documental con un contenido de actualidad destinado a una sociedad plural y democrática”, señala la asociación de reporteros gráficos de Navarra (Aregna), opinión que secundan los fotógrafos asturianos.

También instaron a que la legislación en España “se ajuste a los estándares internacionales sobre libertad de expresión e información y apoya, en este sentido, el llamamiento de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión para que los límites a estos derechos se apliquen ‘de la manera más restrictiva posible y siempre de forma proporcionada’ y sólo justificados en aquellos casos de clara incitación al odio, la hostilidad o la discriminación”.

El exclusivismo

Bernad explica que el Monumento a los Caídos de Pamplona, al que sólo tienen acceso la hermandad y el arzobispado, se erigió en 1940, inmediatamente después del término de la Guerra Civil, y en los cincuenta lo inauguró el mismo Franco. 

“Durante toda la dictadura el monumento estuvo muy presente en la vida de una ciudad tan pequeña”, comenta Bernad.

La hermandad la fundaron excombatientes requetés bajo el amparo del obispo Marcelino Olaechea. Y desde su fundación celebran una misa el día 19 de cada mes y una misa especial anual el 19 de julio, ya que la sublevación en Navarra inició un día después que en el resto del país –18 de julio del 36– en memoria de sus muertos.

En la cripta fueron sepultadas después dos figuras clave de la sublevación a nivel nacional muy ligados a Navarra: el general Emilio Mola, el llamado “director” del golpe, y José Sanjurjo, quien presuntamente asumiría como Jefe de Estado tras el golpe. El gobierno tuvo que exhumar los restos de los dos militares debido a la presión social.

Para celebrar este rito, los miembros de la hermandad acuden ataviados con un traje de corte militar, con boina roja similar a la que se usó en las guerras carlistas y “capas pardas” y una cruz sobre un círculo.

El documentalista aclara que “a pesar que en Navarra no hubo un frente de guerra durante la sublevación, la represión del general Mola, sus militares y las milicias requetés asesinaron a 3 mil 500 personas en esta provincia” por considerar que eran “enemigos de España, comunistas… rojos”.

El presidente de la ARMH critica que la referida hermandad se mantenga amparada por la Iglesia católica, pese a no encajar en una sociedad democrática y plural como la que consagra y defiende la Constitución.

En el sitio de nuevatribuna.es, miembros de la agrupación denominada Ateneo Basilio Lacort publicaron en octubre pasado que en 1945 el Diario de Navarra informó que el nacimiento de la hermandad, finalizada la Guerra Civil, buscaba preservar “el espíritu de cruzada” que corría peligro, y su objetivo era formar hombres que fuesen una “mezcla de guerrero y de monje”.

En 1959, agregan, se publicó un folleto con las “reglas y ceremonial” de la hermandad, cuyo primer precepto era “mantener íntegramente, y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España, haciendo que no se desvirtúen estos ideales”.

Llamaba a “corregir con energía a todo caballero que se desvíe del espíritu de la Cruzada y denunciarle”, esto en plena dictadura, lo que significaba la muerte para los señalados.

Y entre los deberes de los miembros estaba el de “luchar con agresividad castrense contra la irreligión o las malas costumbres, contra todo lo que tienda a desvirtuar el espíritu de la cruzada, a traicionar la sangre de los Mártires y de los Héroes, recordando siempre que los muertos nos han de gobernar”.

Bernad relata que en 1998 se produjo un movimiento importante, que fue la donación del Monumento a los Caídos al ayuntamiento de Pamplona, pero el Arzobispado se reservó la propiedad de la cripta, en el subterráneo, para los ceremoniales de la hermandad, “y a partir de 2001 realizan ahí las misas que antes celebraban en la Basílica principal”.

Esos oficios religiosos “son muy criticados por la sociedad de Navarra, incluso han provocado movilizaciones”. En el 2012 el ayuntamiento se pronunció contra esas misas. Tres años después la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra instó al gobierno regional a impedir “cualquier tipo de celebración, religiosa o de otra índole, que guarde relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta” del Monumento a los Caídos, así como el traslado de los restos de (los generales) Mola y Sanjurjo y la eliminación por parte del Arzobispado de la simbología franquista existente en aquella.

El caso también se planteó en el Parlamento Europeo, donde se cuestionó por qué se siguen organizando esos ritos pese a existir la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe toda celebración de exaltación de la dictadura.

“Por sus muertos”

Bernad cuenta que en 2015 “un colectivo de gente al que pertenecemos –él y Carolina– empezamos a abordar el tema del monumento y el tipo de actos que tenían lugar ahí. Y para enero de 2017 organizamos unas jornadas que llamamos ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? Carolina y yo decidimos proyectar el documental Por sus muertos en las jornadas para generar un debate”.

Como parte de la preparación del documental, relata, el 18 de marzo de 2016 la pareja grabó en el monumento con el permiso del ayuntamiento, por ser de propiedad municipal. “Estuvimos filmando con unos drones la cúpula porque tiene unas pinturas que resaltan el espíritu militar del golpe de Estado del 36”, dice Bernad.

Y añade: “Ese día me di cuenta que había una rejilla de ventilación que comunicaba con la cripta, entonces decidí colocar ahí una cámara y una grabadora, porque al día siguiente celebrarían la misa con connotaciones políticas.

“Ellos celebrarían el día 19 y yo pensé regresar (dos días después) a recoger la cámara y la grabadora. El propósito era tener constancia de la existencia de la misa y que quedara registrada en el documental. Pero ese día (el 21 de marzo) no encontré el equipo. Luego nos enteramos que a petición de la hermandad la policía había intervenido el 19 de marzo antes de la misa, porque dijeron que habían descubierto la cámara”.

El documental se estrenó obviamente sin imágenes de la misa. En junio del año siguiente “nos llamó la policía para anunciarnos que teníamos que declarar en comisaría; ahí se inició el proceso judicial que aún sigue”.

La fiscalía pedía dos años de prisión para los dos documentalistas y el pago de multas por 12 mil euros. Sin embargo, la sentencia redujo la pena.

El dictamen, cuya copia obtuvo el corresponsal, señala que Bernad, “con ánimo de atentar contra la intimidad de los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz y con ánimo de comprobar el tipo de actos de culto que por parte de los mismos se realizan en la cripta y poder asimismo obtener evidencia videográfica de lo que en la cripta se hace y practica”, colocó una microcámara, un grabador de video, un micrófono y una grabadora digital en el interior de la rejilla de ventilación.

El fallo señala que la intención del sentenciado era velar por el derecho de la sociedad “a saber los actos de apología y de exaltación del golpismo y de humillación a las víctimas que se llevan a cabo en ese lugar”. La sentencia da por probada que “esa era claramente la intención y voluntad, además de la de grabar una misa”.

El documentalista y responsable de la editorial Alkibla dice que su alegato siempre fue “el interés general”. 

–¿Qué opina sobre el argumento de la hermandad de que ustedes les causaron un trauma psicológico por su intención de videograbar? –se le pregunta a Bernad.

–Pues es una absoluta ridiculez, si partimos de que el verdadero efecto negativo es que los excombatientes requetés que fundaron la hermandad estuvieron implicados en la muerte de miles de víctimas del franquismo; creemos que es una sobreactuación. Insisto: en Navarra no hubo guerra, no hubo un frente de guerra, sino que los sublevados tomaron la zona y desde el primer momento se dedicaron a asesinar gente en los pueblos de Navarra, hasta 3 mil 500. Y en 1939 fundan la hermandad. 

Este reportaje se publicó el 14 de abril de 2019 en la edición 2215 de la revista Proceso

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