Académicos critican a AMLO por memorándum sobre reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red de Educación Derechos integrada por especialistas en la materia lamentaron el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerarlo un llamado a ignorar los preceptos constitucionales, legales y educativos vigentes.

Los investigadores y especialistas urgieron a las autoridades federales y estatales a construir un sistema educativo que refleje los puntos vista presentados durante la consulta nacional y el parlamento abierto, y que no privilegie solo las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“México requiere contar con un sistema educativo que garantice el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Las demandas laborales y políticas de un sector de los maestros, no pueden estar por encima del derecho a la educación de todos los mexicanos”, manifestaron en una carta dirigida al presidente López Obrador.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador emitió un memorándum en el que ordena a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, suspender la reforma educativa del 2013 impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Firmada por especialistas reconocidos como Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, Roberto Rodríguez, Pedro Flores-Crespo y Alejandro Canales de la UNAM, así como Marco Fernández de México Evalúa y Arcelia Martínez del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, señalan que dicho memorándum incita a ignorar el orden constitucional y obstruye el derecho a la educación de más de 30 millones de estudiantes.

“No podemos quedarnos callados, ni permitirlo. El memorándum contiene un conjunto de “lineamientos” y “directivas” que, entre otros aspectos, interrumpen los procesos de evaluación y contratación de los docentes, establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las normas reglamentarias correspondientes”, sostienen los especialistas.

Consideraron que la instrucción presidencial, además de sobrepasar sus facultades legales, atenta contra los derechos laborales del magisterio y su desarrollo profesional, ataca al federalismo educativo y la soberanía de los estados en materia educativa y vulnera el marco jurídico e institucional vigente.

“Nos preocupa —en particular— que el ejecutivo federal se disponga a gobernar por encima de la ley, haciendo caso omiso de la división de poderes que es el núcleo de nuestra identidad republicana y que ordene a los funcionarios públicos convocados al desacato de la las normas y disposiciones legales”, sostienen.

Los académicos también de la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras instituciones académicas, así como especialistas independientes que integran la red, hacen un llamado a los gobiernos estatales, al magisterio nacional, a las organizaciones sociales y a los padres de familia, a contribuir en la construcción de un sistema educativo que garantice el derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la inclusión educativa y la infraestructura adecuada, y al mismo tiempo frene la deserción escolar y respete la autonomía constitucional de las universidades.

Señalan que el dictamen aprobado por mayoría en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es un parteaguas para la democracia mexicana, pues se construyó a partir de un proceso de consulta abierta en todo el país cuyos resultados están contenidos en la propuesta del Ejecutivo Federal.

Precisan que esta propuesta fue enriquecida con una iniciativa emanada del poder Legislativo, a través de los partidos políticos y los especialistas e incluyó todas las voces que se expresaron en el Parlamento Abierto, incluidas las de docentes, directores, supervisores y representantes de la CNTE, para garantizar un sistema educativo para todas y todos los mexicanos.

De ahí que rechazan ahora que todo este esfuerzo colectivo en el que participaron el magisterio, los partidos políticos, los académicos, los padres de familia, las organizaciones civiles, las instituciones educativas, las universidades, así como estudiantes y legisladores, se reemplace por un memorándum del ejecutivo federal porque un grupo de maestros, que no representan al magisterio nacional ni los intereses de todos los mexicanos, no está de acuerdo con su contenido.

“Estamos frente a un Estado de excepción educativa por la presión de un grupo sindical, estamos frente a la ruptura de la posibilidad de una reforma educativa por consenso.

Estamos frente a la parálisis institucional y lo más grave, es que el memorándum firmado por el presidente incita a su gabinete a violar la ley”, advierten los integrantes de esta red.

Piden al ejecutivo federal reconsiderar su postura y retomar los cauces institucionales y solicitan tanto a la Secretaría de la Función Pública, como al titular de la Fiscalía General y a la Auditoría Superior de la Federación, que en el marco de sus atribuciones emprendan las acciones administrativas y legales a que den lugar en caso de que algún funcionario incumpla con la ley vigente.

“Garantizar el Estado de derecho debe ser un componente elemental para construir un régimen democrático consolidado, que promueva un sistema educativo equitativo e inclusivo, que permita que todos los estudiantes aprendan en nuestro país”, sostienen los especialistas y académicos.

Acerca del autor

José Gil Olmos, reportero desde 1998. Colaboró en el periódico El Nacional y en el diario La Jornada. Desde el 2001 es reportero de la revista Proceso. Es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán.

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