La reciente polémica por el memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende dejar sin efecto la reforma educativa del sexenio anterior levantó fuertes protestas de constitucionalistas y partidos de oposición, que en hechos como éste –ya numerosos– advierten una tendencia autoritaria. En menos de cinco meses de gobierno, el mandatario suma varias confrontaciones con legisladores y magistrados, y también con organismos autónomos. Y aunque muchos de esos conflictos empezaron en el ámbito de las declaraciones, le han granjeado al Ejecutivo no sólo reproches, sino recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, bloqueo legislativo a sus iniciativas de ley y denuncias por la invasión del ámbito de otros poderes.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la reforma educativa aprobada en 2013 abrió la polémica sobre el impacto al orden constitucional, ante los señalamientos de diferentes actores políticos, porque instruye a desobedecer normas vigentes sin sustentar ni motivar con qué facultades lo hizo, además de invadir competencias de los otros poderes de la Unión. En un video publicado en sus redes sociales la mañana del 16 de abril, el mandatario expuso que acababa de dictar el “memorándum” y lo firmó para detonar el más reciente escándalo sobre las facultades que posee y las que ejerce o intenta ejercer, cuya competencia reside en los otros poderes, en los estados o en organismos autónomos. A menos de cinco meses de iniciar su administración, López Obrador acumula varios episodios en los que se le imputa intromisión en facultades ajenas, por diferendos que inicia y resuelve rápidamente en sus declaraciones; y por acciones que, aun siendo legales, se imponen mediante fórmulas inusuales. En el caso de la reforma educativa no ha tenido una solución pronta. Desde el 8 de abril el mandatario expuso que la alternativa ante el estancamiento de las negociaciones era regresar a las disposiciones vigentes hasta antes de 2013. Aquel día no especificó el procedimiento; dijo que les estaba hablando a “los maestros” y no a sus dirigentes sindicales. Insistió en que derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto era su compromiso. “Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario; si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y voy a dejar las cosas como estaban… es decir, como funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habría protestas. Creo que no” (sic). (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2216, ya en circulación)