Para el caso Tlahuelilpan, Pemex no hizo valer una póliza de seguro

Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado –asociación civil que representa a las víctimas de actos gubernamentales para el reclamo de resarcimientos–, se dice sorprendido de que Pemex no haya reclamado una póliza de 250 millones de dólares a la aseguradora Mapfre, con la que suscribió un convenio en julio de 2017 para indemnizar a las víctimas de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan. También asegura que ese documento ya no aparece en ningún portal gubernamental.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuatro meses después de la explosión de una toma clandestina en un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo –que provocó 134 muertes, numerosos heridos y 28 desaparecidos–, Amairany Díaz empezó a tomar conciencia de su viudez, pues en ese fatídico 18 de enero falleció su esposo Misael Contreras Pérez.

Misael era tablajero y el sostén de su familia, compuesta por su esposa y dos pequeños. Sus ingresos eran ingresos modestos y como carecía de seguridad social, semanas después el gobierno federal le otorgó a Amairany 15 mil pesos y la inscribió en los programas de Bienestar.

Las autoridades federales hicieron lo mismo con otras 162 viudas. Cada una recibió también ayuda del gobierno estatal para gastos funerarios, sin saber que desde 2017 había una póliza de seguro contratada por Pemex a la empresa española Mapfre que pudo haberles entregado unos 5 millones de pesos –una suma 333 veces superior–, según un análisis del contrato de seguro realizado por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), asociación civil que representa a víctimas de actos gubernamentales para reclamar resarcimientos.

La cláusula 2.12.2 del contrato de la ONRE ya preveía la cobertura de siniestros como el de Tlahuelilpan a los que se refiere como “actos malintencionados”.

En su “Sección de responsabilidad civil por actos de terrorismo, daños por huelguistas, conmoción civil, actos mal intencionados, alborotos populares, vandalismo y sabotaje” sostiene: “Se entiende (por tales) a la acción realizada por una o varias personas ajenas al asegurado que obrando ilícitamente perforan (o dañan) tuberías, ductos o válvulas, mangueras y accesorios por robo o intento de robo”.

Dentro de ese supuesto se consideran diferentes criterios de cobertura, que debieron solventarse sin que el gobierno tuviera que destinar recursos para gastos de emergencia, costos judiciales, atención médica por lesiones físicas o daños psicológicos, así como la pérdida neta definitiva.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2216, ya en circulación)

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